En las últimas horas se sumaron nuevas voces de legisladores opositores con rechazos a la actualización del Inmobiliario provincial. En la sesión de este miércoles en la Legislatura de Córdoba, la UCR pedirá se trate sobre tablas un proyecto que retrotrae los valores a diciembre de 2024 por considerar que hay contribuyentes que recibieron subas de entre 600% y 2000%.
Desde el juecisimo ya adelantaron que acompañarán la postura que lleve adelante el interbloque de Juntos por el Cambio, además de presentar un proyecto de reforma del sistema tributario. Aunque en las últimas horas, este sector de la oposición buscará que el rechazo sea también realizado por legisladores que están fuera del espacio de Juntos por el Cambio.
El justicialista disidente Federico Alesandri, del bloque unipersonal Creo en Córdoba, ya adelantó su postura al calificar la actualización del Inmobiliario Urbano como un “impuestazo”.
“El impuestazo de Córdoba no es una moda ni algo que debamos naturalizar con la excusa de que vuelve en obras. Este es un afano al bolsillo de los cordobeses: afecta a quienes producen, comercializan, trabajan y arriesgan. No aporta soluciones al sistema productivo ni mejora la situación de las familias más vulnerables”, expresó el legislador justicialista alineado a nivel nacional con la expresidenta Cristina Fernández.
“Este abuso impositivo deja a nuestra Provincia en una situación crítica, cuyas consecuencias pueden tardar décadas en corregirse”, agregó.
El legislador de Encuentro Vecinal Rodrigo Agrelo también realizó cuestionamientos a los cobros que llegaron en los contribuyentes en lo que hace al Inmobiliario Urbano. Y puso como ejemplo dos casos.
“Dos situaciones de vecinos comunes. Ellos deberán pagar aumentos del 850% y del 408%. Sin embargo, hay casos peores con aumentos de hasta un 1000%. Nosotros lo habíamos advertido cuando votaron el Presupuesto 2025. En ese proyecto el Gobierno ya reconocía que la recaudación del impuesto inmobiliario casi se iba a duplicar. La incidencia del inmobiliario en el Presupuesto pasaba del 3,9% al 6,4%. Esto representa un crecimiento de más del 80%”, aseguró.
Agrelo advirtió que insistirá con su pedido de citación a la Legislatura del ministro de Economía, Guillermo Acosta, junto con los responsables de la Dirección General de Rentas.
“Queremos que vengan a la Legislatura a informar cómo justifican este verdadero impuestazo que le quieren aplicar a todos los cordobeses”, dijo.
En el proyecto presentado, Agrelo solicitó que el ministro explique “los motivos por los cuáles un número significativo de inmuebles ha sufrido un aumento que en algunos casos llega al 1000% anual respecto del Inmobiliario Urbano. Y que acompañe la disposición legal dictada por la Dirección General de Rentas en virtud de la cual se excluye de limitación en el incremento del tributo a inmuebles de conformidad a lo dispuesto... para aquellos inmuebles que constituyan rémora o vivienda vacía, ociosa y o desocupada”.
También el legislador libertario Agustín Spaccesi, quien en 2024 acompañó buena parte de los proyectos oficialistas, habló de un “impuestazo”.
“El gobernador de Córdoba habla de superávit fiscal y de responsabilidad fiscal en un contexto en el que los ciudadanos están haciendo un gran esfuerzo para sacar al país adelante. Ese superávit es producto del impuestazo al que nos sometió a los cordobeses. Gobernador es momento de sacarle el pie a los cordobeses de la cabeza, es tiempo de bajar los impuestos”, señaló.
“Usted citó al exgobernador José Manuel de La Sota como ejemplo. Le recuerdo que De La Sota, en tiempos difíciles, les bajó los impuestos en un 30% a los cordobeses en 1999. El esfuerzo es entre todos, por eso volvemos a decir: No al impuestazo cordobés”, insistió Spaccesi.
En el recinto
La Legislatura de Córdoba reactivará este miércoles el debate en el recinto, en una sesión en la que el arco opositor buscará el tratamiento sobre tablas de proyectos para pedir cambios en el régimen tributario provincial. El oficialismo no dará lugar y defenderá la postura del Panal, que apenas el 1% de las cuentas tuvo incrementos superiores al 172,5%, es decir unas 18.000 cuentas del Inmobiliario.
El proyecto de la UCR, con apoyo del juecismo y del liberal Gregorio Hernández Maqueda, se refiere a la resolución de diciembre pasado de la Secretaría de Ingresos Públicos a los fines que “se deje sin efecto el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) correspondiente a la anualidad 2025″. Y para esto, se tome como aplicables para el cobro de Inmobiliario Urbano provincial los valores de 2024.
El radicalismo insistirá, además, que “se reintegre a los contribuyentes que hubieren abonado el impuesto inmobiliario, sobre la base del cálculo, con el Coeficiente de Equidad Inmobiliario 2025, la diferencia resultante entre lo abonado y la nueva determinación del tributo, en un plazo de 60 días corridos”.
