El Gobierno está decidido a ajustar lo que haya que ajustar para cumplirle la meta de déficit fiscal de 2,5% del PIB al Fondo Monetario Internacional (FMI) y empezar a estabilizar la macroeconomía, con la idea de llegar al electoral 2023 con cierta tranquilidad cambiaria y una desaceleración notable en la inflación.
Ese es el objetivo del ministro de Economía, Sergio Massa, y al que está abocado –ahora oficialmente– el secretario de programación económica, Gabriel Rubinstein, quien fue confirmado el fin de semana.
Rubinstein está a cargo de la “sintonía fina” de lo que será el plan del Gobierno. Massa lo eligió y lo nombró a pesar de la resistencia del kirchnerismo por las durísimas críticas que el macroeconomista había expresado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El nuevo funcionario es conocido por el mercado y entiende de política monetaria. Trabajará en sintonía con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, un funcionario que, para el mundo bursátil, no seguirá mucho tiempo más en su cargo.
Rubinstein no anda con vueltas. “Lo urgente e importante en Argentina es terminar con el desequilibrio fiscal, mejorar la credibilidad interna y externa (importante desde lo político) para fortalecer reservas y mantener un endeudamiento responsable”, dijo el 1 de agosto. Según el flamante funcionario, bajo estas condiciones, la inflación podría comenzar a estabilizarse en niveles razonables. De lo contrario, “el riesgo hiperinflacionario seguirá tocando la puerta, y cada vez más fuerte”.
Bajo esas premisas fue que en pleno sábado, Massa firmó la Decisión Administrativa N° 826/2022, con la que dispuso una “compensación de créditos presupuestarios”, rebajándolos en varias jurisdicciones e incrementándolos en el Tesoro por 210.000 millones de pesos.
La decisión consiste en un recorte presupuestario a seis ministerios. En paralelo se definió un incremento del gasto de 82.000 millones para Asistencia Social y Asistencia por Servicios Económicos. Por ello, la reducción fiscal neta es de 128.000 millones de pesos.
Los recortes fueron de 70.000 millones para el ministerio de Desarrollo Productivo; 50.000 millones para el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; 50.000 millones para Educación, con impacto en el Programa Conectar Igualdad, el Fortalecimientos de Jardines Infantiles e Infraestructura y Equipamiento.
El Ministerio de Salud registró un recorte de 10.000 millones de pesos en el Programa “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”. Y Transporte tuvo un ajuste de 10.000 millones de pesos. Mientras que Obras Públicas sufrió una quita de 20.000 millones.
La tendencia comenzó en julio
El Gobierno nacional informó el lunes que el gasto público cayó en términos reales en julio por primera vez desde mayo de 2021, es decir, un lapso de catorce meses. Esto ocurrió en un mes en el que estuvo a cargo de la cartera la economista Silvina Batakis, quien terminó siendo una transición entre Martín Guzmán y Massa.
El gasto primario del Sector Público Nacional alcanzó los 1.386.870,8 millones y presentó una suba de 62%, muy por detrás de la inflación del período (71%). El alza del gasto asciende a 68,5% anual si se excluye el gasto por el Covid-19 en 2021 y 2022, por lo que de cualquier manera hubo una caída real.
El gasto público venía de crecer 64% en junio, exactamente lo mismo que la inflación. Pero no había registrado caída real desde mayor de 2021.
El rojo de julio
El Sector Público Nacional registró un déficit primario de 75.947,3 millones de pesos en julio, contemplando el límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el Gobierno en un comunicado.
Y aseguró que esto ocurrió en línea con lo establecido por el ministro de Economía en el sentido de ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente, recientemente modificado por el DNU 331/2022. “Julio mostró una serie de correcciones que permiten retomar un sendero fiscal compatible con un déficit anual del Sector Público Nacional de 2,5% de PIB”, dijo la cartera que conduce Massa.
Así, en los primeros siete meses del año se acumuló un déficit de $876.628,7 millones, lo cual equivale al 1,1% del PIB. “Sin descontar el excedente consistente con la meta de déficit primario de 2,5% del PIB, el déficit primario para julio resultó en $1.945,3 millones”, agregó el Gobierno.
El rojo fiscal de junio había sido de 321.644 millones de pesos. El registro de julio vino a ser el menor desde enero, cuando se el agujero había sido de 16.698 millones de pesos.
Por otra parte, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intrasector público, fue de 129.717,5 millones de pesos, resultando en un déficit financiero de 131.662,8 millones de pesos.
