Nicolás Massot, diputado por Encuentro Republicano Federal, habló con La Voz En Vivo y justificó su voto negativo para el Presupuesto 2026.
“El gobierno cometió un exabrupto”, indicó Massot, al señalar que la media sanción no se dio como el gobierno de Javier Milei esperaba al incluir los artículos para derogar la ley de financiamiento a universidades y la de discapacidad.
Nicolás Massot en La Voz En Vivo
“A último momento y por la ventana intentó meter una ley que las derogue y eso fue lo que pasó”, indicó.
“Sobredimensionó su capacidad en el Congreso o subestimó a sus aliados”, añadió Massot. Junto con Miguel Pichetto votaron en contra del proyecto presupuestario.
“A mí no me gusta este proyecto, pero es superavitario”, dijo también. Sobre la reforma laboral indicó: “Cuidado con plantear reformas en momentos recesivos”. “Hace meses que se está destruyendo el empleo”.
“A los que están en la lona no se les da ningún beneficio”, sostuvo también. Massot también impulsa una iniciativa para ponerle freno a las plataformas Shein y Temu en Argentina porque considera que destruyen empleos genuinos en el país.
“El Gobierno va a contramano de todo”, sostuvo Massot.
Por qué votó en contra
El diputado nacional, referente de Encuentro Federal, aclaró que votó en contra del Presupuesto Nacional, aunque dio cuórum para habilitar la sesión en la Cámara de Diputados. Según explicó, su objetivo fue forzar el cumplimiento de la ley de administración financiera y evitar que el Ejecutivo vuelva a prorrogar sin debate el presupuesto, como ya sucedió en los dos años anteriores.
Massot sostuvo que impulsa desde hace dos años y medio la discusión de un presupuesto en el Congreso y que trabajó durante dos meses con su equipo en un dictamen propio, en el que propuso 26 modificaciones y plasmó más de 40 carillas de observaciones técnicas. Afirmó que no veía motivos para bloquear el tratamiento, pero sí para rechazar el texto final por su orientación y por el impacto del ajuste sobre distintos sectores sociales.
El legislador también cuestionó un intento del oficialismo de introducir a último momento un artículo que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de financiamiento del sistema de discapacidad. Señaló que la maniobra generó la reacción de aliados del Gobierno en el Congreso, lo que derivó en la modificación del proyecto y en la caída del denominado capítulo 11, clave en la arquitectura fiscal oficial.
Cuórum, rechazo y advertencia sobre el veto
Massot indicó que su decisión de presentarse a la sesión respondió a un criterio de “coherencia” con el reclamo previo de debatir un presupuesto, algo que el Poder Ejecutivo venía postergando mediante prórrogas sucesivas. Desde su punto de vista, bloquear el cuórum le habría otorgado al Gobierno una nueva justificación para seguir administrando con discrecionalidad los recursos sin la intervención del Congreso.
En la entrevista, el diputado diferenció el apoyo político de gobernadores aliados al oficialismo respecto de la conducta de sus legisladores. Señaló que “una asistencia financiera puntual” de la Nación a las provincias no implica que se “compre la voluntad” de diputados y senadores, y consideró que el Gobierno “sobredimensionó su capacidad en el Congreso o subestimó a sus aliados”.
Sobre la posibilidad de que el presidente Milei vete parcial o totalmente el presupuesto aprobado sin el capítulo 11, Massot calificó esa hipótesis como “una exageración” y sostuvo que es “falso” que la caída de ese capítulo vuelva deficitario al plan de cuentas. Subrayó que se trata de un presupuesto superavitario, aunque cuestionó la distribución de ganadores y perdedores.
El diputado interpretó las amenazas de veto como una “cuota de extorsión psicológica” hacia el Senado y como una búsqueda de “discrecionalidad absoluta” para seguir manejando las partidas mediante prórrogas del presupuesto anterior. A su juicio, un veto en esas condiciones sería una “señal política y económica negativa” para los actores locales e internacionales.
Impacto del ajuste: jubilados, universidades y rutas
Consultado sobre quiénes ganan y quiénes pierden con el presupuesto, Massot afirmó que resultan perjudicados los jubilados, las personas con discapacidad, la comunidad universitaria y el sistema de salud nacional. También advirtió por la desfinanciación de la obra vial y el desmantelamiento de Vialidad Nacional, lo que, según dijo, ya se traduce en rutas deterioradas, mayores costos logísticos y más siniestros viales.
En Córdoba, la seguridad y el control del tránsito en rutas provinciales está a cargo de la Dirección General de Policía Caminera, que tiene entre sus misiones la prevención de siniestros y el control del transporte en las rutas que atraviesan el territorio provincial. La fuerza realiza controles vehiculares fijos y móviles, patrullajes y fiscalización del cumplimiento de la normativa de tránsito y seguridad vial.
Massot cuestionó que el plan económico general, más allá del texto del presupuesto, beneficie a patrimonios altos mediante la reducción del impuesto sobre los Bienes Personales y favorezca a empresas medianas y grandes con rebajas en el Impuesto a las Ganancias corporativas. A la vez, remarcó que no se eliminaron tributos de amplio alcance como el impuesto al cheque, por lo que, a su criterio, la carga tributaria se aliviana sobre sectores con buenos resultados y no sobre los más afectados por la recesión.
Según el diputado, los jubilados de 13 provincias con cajas previsionales no transferidas a la Nación se ven particularmente afectados, ya que las jurisdicciones deben incrementar impuestos locales para sostener esos regímenes en ausencia de transferencias nacionales. Desde 2023, las provincias con cajas no transferidas reclaman la falta de envío de fondos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lo que mantiene un frente de conflicto abierto con el Gobierno central.
Reforma tributaria y laboral en un contexto recesivo
Massot retomó una experiencia de 2017, cuando integraba el oficialismo de Juntos por el Cambio, para advertir sobre los riesgos de aplicar rebajas impositivas y reformas estructurales en períodos de recesión. Recordó que en aquel momento se redujo la alícuota del Impuesto a las Ganancias corporativas de 35% a 25%, bajo el supuesto de que esa mejora de caja se volcaría a la inversión y al empleo.
Sin embargo, según su balance, la medida derivó en un récord de distribución de dividendos y en una fuerte formación de activos externos, mientras que la inversión productiva mostró escasos avances. A partir de ese antecedente, el diputado sostuvo que cambios tributarios procíclicos pueden acelerar la salida de capitales y no necesariamente impulsar la creación de puestos de trabajo en el corto plazo.
Respecto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, Massot advirtió que en Argentina se registran más de 20 meses consecutivos de destrucción de empleo formal y que los pocos sectores que generan puestos de trabajo no alcanzan a compensar las pérdidas en ramas intensivas en mano de obra. En ese contexto, alertó que una reforma que “desbalance” la relación entre empresas y trabajadores y subsidie indirectamente los costos de despido podría “acelerar el ciclo recesivo” y no revertirlo.
El diputado señaló que no espera una creación inmediata de empleo tras la eventual aprobación de la reforma planteada por el oficialismo y anticipó que, en cambio, podría producirse una destrucción más rápida de puestos laborales en el corto plazo. Por eso, reclamó que cualquier modificación al régimen laboral se discuta con mayor gradualidad y en paralelo con medidas de recuperación económica.
Fondos previsionales y conflicto con las provincias
Al analizar la situación de Córdoba y Santa Fe, Massot afirmó que los aumentos de aportes a las cajas previsionales provinciales dispuestos en los últimos meses son consecuencia directa de la falta de cumplimiento del Estado nacional con los acuerdos de financiamiento. Sostuvo que los gobernadores reclaman “fondos multimillonarios” que, según su visión, están siendo retenidos de manera contraria a la legislación vigente.
El gobierno de Córdoba mantiene un reclamo formal ante la Corte Suprema de Justicia por las acreencias de la Caja de Jubilaciones, que, de acuerdo con datos oficiales provinciales, superan el billón de pesos. En abril de 2025, el gobernador Martín Llaryora presentó un planteo para que el máximo tribunal ordene el pago de los fondos correspondientes a la cobertura del déficit previsional, luego de que la Nación dejara de girar partidas presupuestarias.
Massot consideró que cualquier incremento de impuestos que deban aplicar las provincias para sostener sus cajas previsionales está vinculado al incumplimiento nacional y señaló a los legisladores de Córdoba y Santa Fe que respaldan al oficialismo como “más responsables” de esas subas tributarias que los propios gobernadores. Planteó que el debate previsional debe darse en el marco de la ley de presupuesto y de los acuerdos federales vigentes.
El conflicto por las cajas no transferidas se mantiene como uno de los puntos centrales de la negociación entre la Casa Rosada y las provincias, junto con la discusión por la coparticipación y por los fondos destinados a educación, obras públicas y transporte. Hasta el momento, las reuniones con el Ministerio del Interior no registran avances sustantivos sobre este punto, según fuentes oficiales y provinciales.
Proyecto para gravar a Shein, Temu y otras plataformas
En la parte final de la entrevista, Massot se refirió al proyecto que impulsa junto con el diputado Miguel Ángel Pichetto para regular el impacto en el mercado interno de las plataformas chinas de comercio electrónico, principalmente Shein y Temu. La iniciativa propone aplicar un arancel del 30% a los productos que ingresen al país a través de estas aplicaciones y de otras plataformas extranjeras sin radicación local, con el argumento de equiparar las condiciones tributarias y laborales con las empresas nacionales.
Pichetto, presidente del bloque de Encuentro Federal, ya había anticipado públicamente que estas plataformas “destruyen la producción nacional” y que se “saltan” al industrial y al comerciante argentino al vender directamente al consumidor final. El legislador remarcó que el proyecto de ley busca regular la comercialización de todos los productos importados ofrecidos en el territorio argentino por plataformas extranjeras que realizan ventas directas al consumidor o por medio de terceros.
Massot defendió la propuesta y cuestionó que, mientras a comercios, talleres textiles y pequeñas fábricas se les exigen cargas tributarias completas, habilitaciones, controles de seguridad laboral y certificaciones sanitarias, los productos que llegan por envíos internacionales podrían no estar sujetos a los mismos estándares. Señaló que no hay supervisión equivalente sobre las condiciones de trabajo, el cumplimiento de normas ambientales ni el uso de sustancias potencialmente riesgosas en indumentaria y otros bienes.
El diputado agregó que las compras en plataformas extranjeras implican el uso de dólares que el Estado obtiene a través de endeudamiento o de exenciones tributarias a otros sectores, por lo que consideró una “contradicción” que se subsidie indirectamente esas importaciones mientras se mantienen fuertes exigencias impositivas sobre la producción local. En paralelo, el debate público sobre Shein y Temu se intensificó en las últimas semanas, con posiciones enfrentadas entre referentes políticos y el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, quien se manifestó en contra de subir impuestos a estas plataformas.
Para Massot, el eje de la discusión es la protección del empleo y la equidad regulatoria entre empresas radicadas en el país y actores globales del comercio electrónico, en línea con medidas adoptadas en otras economías que buscan limitar la competencia desleal en sectores sensibles como el textil.
En su conjunto, las definiciones del diputado anticipan un escenario de tensión política en el tratamiento del presupuesto en el Senado, en el avance de la reforma laboral y en el debate sobre el comercio electrónico internacional, con el frente previsional de las provincias como uno de los principales factores de presión sobre el Ejecutivo nacional.
