Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista “expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que llegan con aumentos sin justificación real”.
Así lo aseguró la cámara mayorista Cadam, entidad para la cual el fin del cepo “no implica una devaluación”. “De hecho, muchas empresas ya venían operando con el dólar MEP o el Contado con Liquidación, cuyos valores incluso han bajado tras la liberación del dólar oficial. Esto refuerza la idea de que no hay fundamentos económicos para remarcar precios”, sostuvo la entidad, un argumento que la industria rechaza.
Además, Cadam consideró que el nuevo tipo de cambio oficial está orientado exclusivamente a personas físicas, “por lo que no afecta directamente la operatoria de las empresas”.
“Hacemos un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio”, expresó.
Impuestos y costos ocultos
Para Cadam, “en lugar de enfocarnos en el dólar, deberíamos atender los verdaderos factores que encarecen los precios: los impuestos distorsivos (como Ingresos Brutos y tasas municipales) y los múltiples costos ocultos que se trasladan desde la industria hasta el consumidor”.
Cuando un consumidor compra, por ejemplo, una botella de vino o un corte de carne en un almacén o supermercado de barrio, “está pagando no solo el producto, sino también una cadena de cargas impositivas, aportes y contribuciones obligatorias que se han acumulado durante décadas”.
Entre estos “costos ocultos” se destacan por cada empleado de comercio:
- Contribución adicional solidaria a la obra social por COVID-19, que aún hoy sigue vigente, se utilice o no dicha obra social.
- Aporte obligatorio al Inacap (Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio), exigido desde 2008 aunque el empleado no se capacite nunca.
- Seguro obligatorio de retiro (desde 1991), que representa el 2,5% del salario del trabajador. Solo el 50% se deposita en su cuenta individual; el resto va a un fondo colectivo.
- Aporte al sindicato, que se descuenta incluso a empleados no afiliados (0,5% del salario).
En tanto, para la industria, se realiza un aporte obligatorio al IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna), creado por Ley 25.507 en 2001. Y un aporte a la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), establecido por Ley 25.849 en 2004. Su incumplimiento puede derivar en sanciones como el bloqueo de permisos de traslado, despacho o exportación, según el artículo 13 de la ley.
