El “megadecreto” anunciado este miércoles por el presidente Javier Milei tendrá ahora un largo derrotero que cumplir.
En primera instancia, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar el DNU al Congreso de la Nación para que se expida sobre su validez o invalidez.
El Parlamento no puede pronunciarse sobre el contenido ni introducir cambios; sólo está facultado para determinar si el texto se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional.
Según la ley 26.122, el DNU debe tratarse primero en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en un plazo de 10 días hábiles desde su envío.
Esa comisión, que está habilitada para funcionar durante el receso, está conformada por ocho diputados y por ocho senadores. Su integración se está definiendo en estos días, en medio de una intensa puja política en la que tanto el peronismo como la oposición no logran perfilarse después de las elecciones.
“Mega-DNU”: recintos
Después de que la bicameral emita dictamen, el debate pasa a los recintos. Para derogar el DNU, ambas cámaras deben rechazarlo con mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes).
En cambio, para ratificarlo, es suficiente con la aprobación de sólo una de las cámaras, con la misma mayoría.
Si el Congreso no lo rechaza, el DNU se mantiene vigente.
Este miércoles por la noche, ya se conocieron algunas repercusiones.
“El decreto de desregulación de Milei es inconstitucional. El presidente de la Nación no tiene facultades para derogar esa batería de leyes. Todo nulo”, publicó en la red social X el exdiputado peronista Alejandro “Topo” Rodríguez.
“El decreto no resiste un primer análisis básico de constitucionalidad”, agregó el dirigente peronista que respaldó la candidatura presidencial del exgobernador Juan Schiaretti y que ahora se distanció del cordobés.
DNU de Javier Milei: punto por punto, los principales cambios
Este análisis del DNU 70/23 fue realizado por la consultora Sicchar con el liderazgo técnico de Juan Pablo Paillet y licenciado para su uso por La Voz del Interior.
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