El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quedó seriamente comprometido por haberle provisto al Poder Legislativo un BMW con una patente duplicada, a sabiendas de que ese auto era apócrifo. La Justicia convalidó, entonces, la irregularidad. Y Oscar González, que conducía ese auto, también lo sabía.
Por la misma causa, un ciudadano común va detenido. Tanto la asignación de los vehículos como la posibilidad de usar un auto trucho serán revisadas por el TSJ.
El Ministerio de Gobierno de la Provincia, cuando estaba a cargo de Facundo Torres, supo en los últimos dos años que la comuna de Las Tapias emitía licencias de conducir sin verificar si el interesado poseía infracciones viales, como era el caso de González. Es más, hasta se promocionaba en redes diciendo que la licencia se daba en el acto, que se podía pagar con tarjeta y con cualquier domicilio.
Su sucesor, Julián López, tampoco tomó cartas en el asunto.
Los entendidos dicen que la Provincia debería presentar una denuncia penal. Puertas adentro se trabaja en un mecanismo que impida el actual “viva la Pepa” sin violar la autonomía municipal.
El Poder Legislativo recibió del TSJ al menos nueve autos secuestrados en causas penales. La Legislatura es depositaria de ese bien, que debe ser usado para actividades inherentes a la institución y que debe circular con una leyenda que indique que son cedidos bajo la ley 8.550.
Una ONG que hace lo mismo debe devolver el auto de inmediato. Ahora, la Legislatura los va a devolver y dice que no los aceptará más. Así lo anunciaron los oficialistas Leonardo Limia y Nadia Fernández.
De los nueve autos, cuatro se los quedó González.
Esos vehículos no pagan impuestos. Al no ser parte del patrimonio del usuario, no deben ser declarados en Bienes Personales. El seguro corre por cuenta de la Provincia y, como si nada de esto fuese suficiente, el episodio González viene a destapar que la nafta que usa ese auto también es pagada por la Legislatura.
Y no sólo a González, sino a todos los legisladores de la Unicameral que presenten comprobantes que justifiquen gastos de combustible, de taxis, de alojamiento y de viandas, porque hay un presupuesto específico para eso.
Hay legisladores que juran que no hacen uso del beneficio, como es el caso de quienes integran Encuentro Vecinal, y otros dicen que se sirven de ahí porque así lo demandan sus funciones legislativas o porque hay algunos representantes que viven en el interior y deben viajar.
Pagar de su bolsillo
1) El primer punto es que la enorme mayoría de quienes trabajan paga de su bolsillo el trayecto al trabajo, cuando el salario promedio está en 130 mil pesos, mientras que un legislador cobra en bruto $ 571.587, que en mano son unos $ 400 mil.
Legislador que, cuando cobre noviembre, recibirá un aumento del 11%.
2) El segundo punto es que la rendición de gastos, tal como está diseñada, es una trampa. En el portal transparencia.cba.gov.ar se puede acceder, día por día, a los comprobantes, aunque las imágenes de estos estos son de baja fidelidad.
Por ejemplo, el 28 de octubre, el secretario del bloque de Hacemos por Córdoba, Matías Vottero, cargó un gasto de $ 288.742. De ese monto, $ 44.002,78 fueron por gasoil; $ 244.339,18 fueron por nafta, y el resto se atribuye a “movilidad”.
Entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre, hay 40 rendiciones que suman $ 3.107.168, de las cuales el 62% las hizo Vottero.
Además, la Legislatura pasó gastos –con su Cuit propio–por $ 423.084 para combustible, para carteles, para golosinas, para útiles y para masas, pese a que hay un rubro de “alimentos para personas” en el que abunda el café y en el que se gastaron ya $ 11,4 millones.
Hay un parche de neumático por mil pesos, un cable para celular y un cargador Lenovo y cable por $ 8.050.
Eso es usado por alguien, con nombre y apellido, que no figura. Es que ahí está el primer problema de la “transparencia”: hay un delegado por bloque que carga los comprobantes en nombre de un grupo en el que nadie da la cara.
Además, no se indica tampoco en qué estación se cargó el combustible, a qué auto o qué día y a qué hora.
3) Y tercero, no es posible filtrar por legislador. Por caso, Rosa Marcone y Gerardo Grosso enviaron un comunicado a este diario en el que indican que pagaron de su bolsillo los siete mil kilómetros recorridos en el interior y en Capital, piden “desmentir” la información y aseguran que “no todos son lo mismo”.
Es probable, pero es imposible chequear eso.
Un portal “transparente” debiera ser una demanda de esos legisladores, y no sólo del periodismo.
Hay voces del oficialismo que subrayan que los gastos están autorizados y que $ 38 millones para movilidad no hacen la diferencia. Todavía nadie dijo que esos gastos son intolerables.
Quizá en esa concepción radique el quid del problema: la dirigencia política se siente parte de una elite intocable.
Puede circular con patente apócrifa; puede sacar un carné de conducir pese a estar inhabilitado por acumulación de faltas viales; puede burlar una ley de tránsito promovida por el gobierno del que se es parte; puede tener un auto gratis, y, pese a cobrar $ 400 mil, puede tener el tanque lleno las veces que les haga falta.
Una economía detonada, con inflación al 100% y salarios que no alcanzan llevaron el hartazgo social a un punto peligrosamente extremo. Es ahí cuando los privilegios se vuelven indigeribles.
