Miguel Piedecasas intentará sentarse nuevamente en el Consejo de la Magistratura como vocal elegido por los abogados del interior, posicionándose crítico del kirchnerismo. La elección será en octubre, pero él ya está en campaña.
No menciona a los actuales representantes de la abogacía, pero desliza críticas: “El poder es el poder. El problema es que el consejero tenga claro cuál es su rol en el Consejo de la Magistratura y que los compromisos institucionales sean superiores a los personales o sectoriales. Entonces, quiero ver qué perfil de consejero prefiere la abogacía”.
Dice que su principal preocupación es la penetración de las organizaciones criminales en las estructuras de poder, en particular el Poder Judicial: “Excede a Rosario –aclara del poder narco–, estamos ante un problema muy grave porque si tenemos una Justicia Federal incompleta, es decir con muchas vacantes, y sin recursos para tecnología y expertos y con una infraestructura edilicia precaria, estamos jugando el partido con cuatro o cinco jugadores menos. Podemos llegar a un Estado impotente frente al crimen organizado”, dice el expresidente del Consejo de la Magistratura.
Piedecasas suma flancos en su análisis: además de tener vacantes casi el 30 por ciento de los cargos y con recursos que dependen del Poder Ejecutivo, “no se ha producido la revolución tecnológica, que sigue en nivel prepandemia; y hay graves falencias en infraestructura”. Lo define así: “Es un Poder Judicial de un Estado quebrado y de una socidad en crisis”.
–Además de las reformas estructurales como la ampliación de juzgados en Comodoro Py, ¿se puede despolitizar a la Justicia Federal?
–Tiene que haber un consenso básico en la política y en el diseño institucional: hay lugares, como el Consejo de la Magistratura, que debemos cubrirlo con gente comprometida y con valores fuertes, con ganas de trabajar y con cultura del trabajo. Otro punto central: los magistrados sospechados deben ser sometidos a los procesos correspondientes, porque si no se aplican los castigos que la Constitución prevee, difícilmente podamos rencauzar esto. Y un tercer elemento: si se quiere que la Justicia investigue al poder, incluyendo en esta definición a las grandes organizaciones criminales, se tiene respetar la independencia de la Corte. Esa es la regla básica: yo me someto a la resolución judicial y si estoy en desacuerdo la recurro. El no respetar esta última regla es el gran problema de la república.
–En paralelo a esta situación de desprestigio, ¿el no pago de Ganancias no terminando siendo un estigma de los privilegios que tiene la magistratura?
–Hay una ley y a la ley no se la puede eludir vía reglamentariamente. La ley estableció el pago de Ganancias, y la ley es la ley. Hay que evitar que el bandidaje ocupe las instituciones en este marco de fatiga democrática.
–¿Se llenó de bandidos el Consejo de la Magistratura?
–No lo digo en particular por el Consejo, lo digo en la generalidad de las instituciones. La institucionalidad no puede quedar en manos de personas que no tienen un altísimo compromiso con la Constitución.
–¿Los privilegios que tienen los consejeros, como los altos salarios, no atentan contra ese ideal?
–Propusimos (en un proyecto de ley ya elevado al Congreso) bajar los salarios a un tercio: hoy un consejero tiene un sueldo equivalente al de camarista de casación federal, y creemos que debería estar equipardo con el de juez de primera instancia. Ojalá que el legislador fije ese “gesto” hacia la sociedad. Después no hay grandes privilegios en el Consejo Magistratura. La estructura de la administación del Poder Judicial de la Nación es la heredada de la Corte Suprema, entonces no hay forma de eliminarla, los problemas no pasan por el tamaño de la estructura.
–¿Cuánto le preocupa el proyecto de ampliación de la Corte?
–Se trata de un proyecto de coyuntura política que no logrará los consensos. Lo que hay que hacer con la Corte es respetarla. El poder es el poder, pero hay reglas básicas para que el poder juegue en democracia. Y la regla número uno es respetar la Corte. Y hay que pedirle que funcione de manera eficiente, que integre a la ministra mujer que falta y que le dé soluciones a los problemas de la gente.
–Pero las dilaciones en causas contra el poder son las que causan el divorcio de la Justicia y la sociedad.
–Hay que atender a las “dos justicias”, la del poder y la de la gente. Si no, vamos a cometer el error de creer que el desprestigio y la falta de credibilidad es por los grandes casos mediáticos. Claro que incide, pero a la par puedo decir que las personas vulnerables, el 40 por ciento de la población, está pasando problemas tremendos y necesita respuestas. Eso incluye cuestiones muy sencillas de solucionar, como el ejercicio de la abogacía por personas con discapacidad visual; eso también es acceso a la Justicia.
–¿Tiene que el presidente de la Corte ser quien presida el Consejo de la Magistratura?
–¿Cómo no va a presidir un órgano de administración del Poder Judicial quien es la cabeza del mismo? Si lo que elige son magistrados judiciales, si lo que va a administrar son fondos del Poder Judicial, si lo que va a juzgar son magistrados. Pero además, y esto no se advierte, el voto del presidente de la Corte vale un voto, igual que el resto. Hoy, yo no observo que en un análisis hipotético el presidente de la Corte tenga cuórum propio ni mucho menos mayorías calificadas. Entonces hay un ejercicio de consenso que es la lógica del diseño del Consejo de la Magistratura.
–El Consejo de la Magistratura nació cuando había un sistema bipartidista. ¿No hay que ampliar la representación política en este nuevo ecosistema de partidos?
–Yo creo que el número de 20 consejeros es el adecuado; la presidencia de la Corte es adecuada, el número de legisladores parece razonable, equilibrado. Pero hay que respetar los bloques. No se puede andar fabricando bloques. Esa es la patología: pretender manipular las instituciones.
–¿Y el Consejo de la Magistura debe despolitizarse?
–La Constitución lo previó mixto: una parte de la composición es política y otra parte de la composición representa a la sociedad civil. Hay que entender la la naturaleza y lógica de funcionamiento del Consejo, que es un organismo de control.
–¿Para qué quiere volver al Consejo de la Magistratura?
–Creo que quedaron muchas cosas por hacer, innumerables proyectos pendientes. Primero: urge la modernización del Poder Judicial y voy a proponer, a través del Consejo de la Magistratura, la implementación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. Luego, un sistema de formación y capacitación permanente integrado por Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, las universidades, los colegios de abogados y las asociaciones de magistrados para una formación de excelencia del aspirante. Y, como tercer eje, un sistemas de control de gestión para la calidad de la Justicia, dándole una duración razonable a los proceso y evitar los cajoneos.
–¿Por qué no se pueden auditar externamente cómo gasta el Poder Judicial, incluyendo al propio Consejo de la Magistratura?
–Es un debate constitucional legal que hay que dar: si la Auditoria General de la Nación debe auditar al Poder Judicial. Yo creo que sí es posible.
