El presidente Javier Milei insistió en la existencia de una “red de espionaje ilegal” que intenta desestabilizarlo y acusó a periodistas de integrarla. Fue tras la difusión de un nuevo audio de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en lo que se transformó en una novela por capítulos. Aunque el contenido del audio es intrascendente, el hecho demuestra el alcance de la filtración y aumenta la preocupación del Gobierno.
“A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”, denunció Milei en la red social X. Sin nombrarlos, apuntó contra Jorge Rial y Mauro Federico, quienes destaparon el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Por la mañana, en un canal de streaming de Uruguay que desafió la polémica orden judicial dispuesta en la Argentina para cesar con la difusión de esos audios, se dio a conocer un breve corte de audio atribuido a Karina Milei donde revindica a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. “Yo respeto a Martín como cabeza”, dijo.
Aunque no se la escucha decir nada que la comprometa, en el Gobierno se encendieron las alarmas. Menem, mano derecha de Karina, salió a advertir que “en el hipotético caso de que (el audio) fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, directamente confirmó que se grabaron allí.
“El espionaje ilegal, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”, aseveró Bullrich.
La funcionaria anunció que ampliará la denuncia que ya formularon contra la divulgación de los audios sobre las coimas en la Andis. Fue a raíz de esa denuncia que el juez Patricio Alejandro Maraniello dictó una controvertida medida cautelar para frenar la difusión de esos audios, pero la decisión no abarcó el último audio de Karina.
Un día después de esa cautelar, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se investigue la denuncia del Gobierno para determinar si existió una operación ilegal de inteligencia, pero aclaró que “no se podrá hurgar en las fuentes de los periodistas”, como tampoco allanar sus domicilios “salvo orden fundada de juez competente”.
Los periodistas señalados, en el Congreso
Jorge Rial y Mauro Federico, los periodistas que difundieron los audios sobre la Andis y los aportaron a la Justicia, se presentaron ante diputados de la oposición integrantes de la Comisión de Libertad de Expresión, que se reunieron por “motu propio” dado que la presidenta, la libertaria María Emilia Orozco, tiene clausurada la comisión hace un año.
“Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto”, anunció Rial. Adelantó que revelarán cómo “se incentivaba a los empleados de la repartición (la Andis ) a bajar subsidios para discapacidad”, en un supuesto mecanismo donde “el que más bajaba, más plata se llevaba”.
El periodista denunció “una persecución del aparato del Estado contra quienes informamos sobre la corrupción de este gobierno”. También volvió a comentar que el viernes pasado apareció un automóvil Falcon en la puerta de su domicilio, lo que trae a colación los métodos de la última dictadura. Además, confesó que en el medio recibió “muchísimas presiones”.
Su compañero Mauro Federico, visiblemente emocionado, negó tener “relaciones con los servicios de inteligencia”. Asimismo, dijo que conoció “por los diarios” al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano y responsabilizado por estar detrás de la filtración de los audios. En declaraciones periodísticas, Pagano salió en su defensa: “Meterse con él es una forma de intentar que me calle, y eso no va a pasar”.
La reunión fue encabezada por el vicepresidente de Libertad de Expresión, Christian Castillo (Frente de Izquierda), ante la ausencia de Orozco. Participaron representantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el nuevo bloque de exlibertarios llamado Coherencia. No hubo ningún representante del oficialismo, del PRO ni de la UCR. Apenas hubo un mensaje de apoyo enviado por la radical Karina Banfi.
En el Senado también hubo reacciones. En una conferencia de prensa convocada de urgencia, senadores de Unión por la Patria como Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, junto a los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) repudiaron el “ataque a la libertad de prensa”.
“Nunca en los años de democracia que vivimos se ha llegado a pasar un límite como éste. Nunca jamás hubo una decisión de censura previa. Como senadores nacionales debemos tutelar la Constitución Nacional y consideramos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente, y de la ministra de Seguridad, es anticonstitucional”, denunció la jujeña Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
