El Gobierno nacional ultima los detalles del decreto por el cual rebajará impuestos internos y aranceles para un grupo de productos tecnológicos que impactará de lleno en el complejo industrial de Tierra del Fuego, donde la situación social se agravó ante la zozobra que generó el anuncio.
El Gobierno fueguino, los empresarios y los sindicatos esperan a conocer la letra chica de la norma que se publicaría este viernes para definir un curso de acción ante una medida que consideran que hará colapsar la producción industrial en la isla.
La UOM llevó adelante este jueves un cese de actividades y marchas en Río Grande y Ushuaia en rechazo a la decisión del Gobierno nacional, mientras se prepara un paro general en la provincia para el próximo miércoles.
Asimismo, todo el arco político se unió para defender el estatus quo provincial y manifestarse en contra de la posición de la Casa Rosada.
El gobernador, Gustavo Melella, ya anunció que judicializará la decisión del gobierno nacional si el texto del decreto se publica bajo los términos que comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni.
A su vez, el senador por el radicalismo, Pablo Blanco, sostuvo que con esta decisión Milei “firma el certificado de defunción de Tierra del Fuego”.
El Gobierno comunicó que rebajará los aranceles de importación de los teléfonos celulares de 16% en dos etapas. En primer término irán a 8% cuando la norma se publique en el Boletín Oficial y a cero desde el 15 de enero de 2026.
Adicionalmente, se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19% al 9,5%, y para los producidos de Tierra del Fuego, la reducción será del 9,5% al 0%.
El foco de la queja es la baja de los aranceles, ya que la reducción haría que a las mismas empresas que están produciendo en la isla les resulte más conveniente cerrar las fábricas e importar.
Ana Vainman, Directora Ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), respaldó la rebaja impositiva porque “va en el camino correcto”, pero enseguida rechazó la reducción arancelaria.
La representante empresarial aseguró que las medidas no se compensan entre sí y que la baja de aranceles modifica el estatus quo con el que las empresas venían haciendo inversiones y contratando personal”.
Una de las definiciones que se espera es la desregulación y simplificación de los códigos aduaneros para habilitar el sistema de courier entre el continente y la isla. Si bien Tierra del Fuego es parte del territorio argentino a los fines del comercio se deben cumplir con cierta restricción para exportación e importación como si se tratara de un país diferente.
Los cambios que se definían a última hora de este jueves persiguen que los argentinos puedan acceder a los bienes que se fabrican en Tierra del Fuego a los precios de salida de fábrica.
El mayor foco de conflictividad se da en la ciudad de Río Grande donde está instalado el grueso de la actividad fabril, dado que en Ushuaia el turismo ofrece alternativas productivas.
Alejandra Man, secretaria de Industria de Tierra del Fuego precisó que actualmente hay 8.500 puestos de trabajo generados por el régimen de promoción industrial que tiene la isla, de los cuáles 7.045 están afectados a los tres productos que está apuntado el decreto: televisores, aires acondicionados y celulares. De ese conjunto el 70% realiza sus tareas en la fabricación de celulares.
Man indicó además que todo este complejo representa el 70% del PBI de la provincia de Tierra del Fuego.
Cabe apuntar que el Régimen de Promoción que tiene la isla no se modifica ya que tiene vigencia por ley hasta 2053 con una revisión en 2038.
Este régimen otorga una serie de exenciones impositivas que en este caso no se modifican.
Pero los empresarios ya anticiparon que una reducción de los aranceles de importación haría inviable continuar con la producción en la zona.
Este esquema de apoyo a Tierra del Fuego que demanda unos U$S 1.000 millones al año es foco de discusión desde hace varios años e incluso hubo intentos para que el Congreso nacional discuta su modificación.
Tanto el ex ministro de Economía, Sergio Massa, como el presidente Javier Milei, introdujeron separatas en las presentaciones de los diferentes presupuestos nacionales donde se proponía la revisión del costo tributario que insume sostener el régimen.
