Este martes por la tarde, después de una mañana cargada de versiones en ese sentido, la Oficina del Presidente terminó por confirmar la decisión de Javier Milei de designar por decreto a los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la CSJN hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no pude llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, dijo el comunicado posteado en la red social X, pasadas las 17 horas.
El Gobierno, en el comunicado, criticó al Senado por “rechazar en base a preferencias personales o políticas el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente”.
El escrito también recordó que el 20 de marzo de 2024, Milei comunicó su decisión de nominar a García Mansilla y a Lijo, para empezar de inmediato el proceso administrativo que incluyó el envío de los pliegos al Senado.
El comunicado repasa el sendero seguido en el Congreso de los pliegos de los nominados presidenciales a la Corte. “Tras cumplirse las audiencias (en la Comisión de Acuerdos del Senado) de Lijo, el 21 de agosto, y de García Mansilla, el 28 de agosto, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen para que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado de la Nación”, dijo el gobierno.
Con la decisión adoptada por Milei, Lijo y García-Mansilla pasan a ocupar las vacantes que dejaron el cordobés Juan Carlos Maqueda, en diciembre pasado, y en 2021, Elena Highton.
La designación en comisión y por el período de un año legislativo se publicará el 26 de febrero del Boletín Oficial.
Parrillarlo
El oficialismo avanzó por decreto después de fracasar la semana pasada el intento por llevar al recinto del Senado, en las sesiones extraordinarias, el pliego de Lijo.
El juez había logrado en la Comisión de Acuerdos del Senado las nueve firmas respaldatorias, tres de ellas provenientes del peronismo kirchnerista (Sergio Uñac, Lucía Corpacci, Claudia Abdala de Zamora), lo que en un principio invitó a pensar que había luz verde para Lijo. Sin embargo, gran parte del bloque peronista avisó que no votaría a favor.
El Gobierno, ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para alcanzar la mayoría especial de dos tercios, desistió de elevar la nominación de Lijo al Senado. “No tienen el número; si lo mandan (al pliego) es para parrillarlo”, advirtió Mayans.
García-Mansilla, por su parte, directamente no había conseguido los nueve avales de la Comisión de Acuerdos. En Casa Rosada desde hace tiempo pensaban en su designación por decreto.
El peronismo en el Senado, por medio de José Mayans, adelantó en enero pasado que rechazará la eventual designación por decreto para completar las dos vacantes de la Corte y que recurriría a la vía legal, si fuera necesario.
El presidente Milei tomó la decisión en la antesala del sábado 1 de marzo, cuando el Congreso iniciará las sesiones ordinarias. Con el parlamento funcionando, el Ejecutivo no puede invocar una excepcionalidad para eludir al Senado, como la vía constitucional para nombrar jueces.
“No hay ningún estado de necesidad, la CSJN está funcionando a pleno. Solo existiría si la Corte se quedase sin miembros o con uno o con dos durante el receso del Congreso. Milei está destruyendo el sistema democrático abusando de herramientas de excepción”, opinó el doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez.
En el comunicado que anunció la designación de Lijo y García Mansilla, el gobierno sostiene, en cambio, que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que espirarán al finalizar la próxima legislatura”.
“Esta facultad presente en el texto constitucional desde su origen en 1853 ha sido ejercida por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó el gobierno.
“La Oficina del Presidente recuerda que una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno”, se afirma, también en un mensaje a la oposición en el Senado.
De los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron designados por decreto presidencial de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. La decisión provocó controversia y ambos finalmente terminaron asumiendo después de que el Senado le diera el acuerdo, como marca la Constitución.
El año pasado, en una de las sesiones de la Comisión de Acuerdos del Senado, García-Mansilla expresó su incomodidad de ser nombrado por decreto. “Más allá de que la Constitución lo prevé, visto el impacto que tuvo, no hubiera aceptado la nominación”, dijo cuando se le preguntó por la designación por decreto de Rosenkrantz y Rosatti que había impulsado inicialmente Macri. Se presume que el decreto presidencial de la designación cuenta con la aprobación de este abogado nacido en San Carlos de Bariloche en 1970, y que desde 2019 es decano de Derecho de la Universidad Austral.
Sectores de la UCR adelantaron su rechazo a la decisión presidencial. “Milei vuelve a mentir sobre Raúl Alfonsín, el presidente más decente y con mayor apego institucional de todos los que hemos tenido desde 1983. Alfonsín nombró tres jueces inferiores con este mecanismo (por decreto) y en la urgencia de la vuelta a la democracia”, dijo el senador Martín Lousteau, titular de la UCR.
El presidente del bloque de diputados de la CC, Juan Manuel López, advirtió que “forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana (Karina) con Lijo en la Corte. Pero tarde o temprano será extorsionado”.
Fue muy duro el senador Francisco Paoltroni, echado del bloque libertario y leal a la vice Victoria Villarruel. “El nombramiento de Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”, opinó. Paoltroni usó la palabra maldita por estos días en Casa Rosada: “estafa”.
