Al filo del cierre de las sesiones ordinarias y horas después de que La Libertad Avanza obtuviera el reconocimiento como partido nacional, el presidente Javier Milei envió este jueves a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para eliminar las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y también los aportes públicos a las campañas electorales y los destinados a la impresión de boletas, a la vez que buscan terminar con los denominados “sellos de goma”.
Mientras los aliados del PRO insisten con la Ficha Limpia y la oposición tiene al tope de las preocupaciones el Presupuesto 2025, Milei evalúa llamar a sesiones extraordinarias con sus dos proyectos de reforma política como único tema, en un apuro por sancionar ambas leyes antes de que comience a regir el calendario electoral 2025.
El primero de los proyectos, titulado “Reforma para el fortalecimiento electoral”, propone eliminar las Paso “a efectos de que la ciudadanía deje de financiar una elección nacional que no cumple con las finalidades para las que fue establecida” y que “los partidos políticos puedan dirimir sus internas sin interferencia del Estado Nacional”.
Entre los argumentos para ponerle fin a las Paso no solo mencionan el costo fiscal y la poca utilización de esta herramienta para dirimir internas, sino también que desde que fueron implementadas en el año 2009, “la participación del electorado en ellas ha bajado casi diez puntos porcentuales”.
La eliminación de las Paso promete un arduo debate en Diputados: mientras que en Encuentro Federal hay predisposición mayoritaria para avanzar (en Córdoba, por caso, no hay primarias), otros bloques como el PRO y la Coalición Cívica tienen proyectos presentados para que las Paso dejen de ser obligatorias, pero sigan existiendo.
Por otra parte, el proyecto del Ejecutivo elimina los aportes públicos extraordinarios para las campañas electorales y quita limitaciones para el financiamiento privado. “Los partidos políticos podrán recurrir con menores restricciones al financiamiento por parte de aquellos individuos que resulten ideológicamente cercanos a sus propuestas”, argumentan.
Como contrapartida, se prohíbe que los partidos reciban aportes de personas procesadas por actividades vinculadas con el lavado de activos, el narcotráfico y la financiación del terrorismo, y también se establece una plataforma pública donde deberán figurar todos los aportes privados que reciben, exigiendo además la presentación de declaraciones juradas.
Para reforzar los controles, se mantiene la obligatoriedad de la bancarización de los aportes y se habilita a que los partidos establezcan sus cuentas en los bancos privados que “se encuentran activamente controlados por la Unidad de Información Financiera”.
Según datos citados en el expediente, solamente durante 2023 se destinaron aproximadamente $ 455.000.000 en concepto de aporte público anual, otros $ 1.715.000.000 fueron asignados a los partidos en concepto de aporte extraordinario de campaña para las PASO, y $ 3.510.000.000 fueron distribuidos entre ellos para las elecciones generales.
En ese mismo año, se indica, los aportes estatales para la impresión de boletas electorales significaron un estimado de más de $ 8.000.000.000 sólo para las elecciones primarias, e importaron un costo aproximado de $ 2.583.000.000 en las elecciones generales.
“Estas sumas exorbitantes fueron distribuidas en las elecciones primarias de 2023 entre 15 partidos políticos y alianzas electorales, de las cuales únicamente 5 obtuvieron más del 1% de los votos”, advierte el Ejecutivo.
El mismo proyecto también elimina los aportes destinados para la impresión de boletas, por entender que perdieron sentido con la sanción de la boleta única de papel (BUP) que debutará en los comicios legislativos de 2025 a nivel nacional.
Lo que propone el Gobierno es mantener un aporte público único para los partidos políticos, que será distribuido a través de un “Fondo Partidario Permanente” de la siguiente manera: un 20% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos reconocidos; y un 80% en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos por el partido en la última elección de diputados nacionales, siempre que hayan superado el 1% del padrón.
El segundo proyecto que ingresó este jueves a Diputados endurece los requisitos para la conformación y vigencia de los partidos políticos con el objetivo de terminar con los llamados “sellos de goma”.
De acuerdo a datos oficiales al 31 de octubre de 2024, contaban con personería jurídica 47 partidos en el orden nacional, un número muy por encima de países de la región, que tienen entre 7 y 33. A nivel distrital la cifra asciende en Argentina a 718 partidos, que además pueden postular candidatos a cargos electivos nacionales.
Para los partidos nacionales, se aumenta de 5 a 10 el número de distritos necesarios para alcanzar el reconocimiento como tal. Asimismo, se incorpora como exigencia el contar con un mínimo del 0,1% de los afiliados del Registro Nacional de Electores.
Para los partidos distritales, se eleva levemente el porcentaje de afiliaciones requerido para constituir un partido político de distrito del 0,4 % actual al 0,5 %, pero aumentando el tope de 1.000.000 a 2.000.000 de electores. “De este modo, el porcentaje efectivamente requerido en los distritos más poblados tenderá a asemejarse a aquel requerido en el resto de los distritos”, fundamentan.
Otra modificación tiene que ver con la vigencia de los partidos en el tiempo. La ley vigente les exige obtener al menos un 2% de los votos cada 2 elecciones nacionales sucesivas para mantener la personería jurídico-política, pero el Ejecutivo advierte que “esa cláusula ha perdido operatividad desde que los partidos políticos concurren al proceso electoral en el marco de alianzas en las que participan numerosos partidos”.
Por eso, la propuesta es que los partidos que conformen una alianza deban acordar al momento de su constitución qué proporción de los votos recibidos por la alianza se adjudicará a cada uno de sus integrantes, para determinar si cumplen con el requisito de votos necesarios para evitar la caducidad.
Por último, se reemplaza el sistema de afiliación partidaria vigente por uno digital. El Ejecutivo señala como una contradicción que, según datos de la Cámara Nacional Electoral, el 22,7% de los electores se encontraban afiliados a partidos políticos en 2023, mientras las encuestas de opinión pública marcan una participación partidaria mucho menor y una mayor desconfianza en los partidos.
