“¿Saben cómo va a crecer la economía? Como pedo de buzo”, se preguntó y respondió, con un término escatológico, el presidente Javier Milei sobre el futuro de la economía nacional, ante un selecto auditorio en la cena anual de la Fundación Libertad.
El pronóstico optimista del jefe del Estado, que sorprendió a expresidentes y a empresarios, por el término soez que utilizó, no coincide con el de muchos analistas económicos.
Aunque, como lo dijo en su discurso confrontativo –que se pareció mucho a un stand up–, hay que darle la razón a Milei en que muchos se equivocaron en sus predicciones alarmantes sobre la marcha de la actual gestión.
Los gobernadores e intendentes tampoco tienen motivos para el entusiasmo por el futuro inmediato. Deben gobernar con una realidad que les plantea una encrucijada de hierro: menos ingresos y un aumento considerable de los egresos.
La gestión de Martín Llaryora padece a diario esta situación. Aunque el gobernador, político al fin, intenta ver una luz al final del túnel.
El reclamo salarial de los gremios estatales se inscribe en esta realidad de la frazada corta: menos recaudación y más gastos.
Los salarios de los estatales perdieron en el primer trimestre la carrera contra la inflación. Los gremios hablan de una pérdida del 27% del poder adquisitivo de los sueldos públicos en los primeros tres meses del año.
En el Centro Cívico admiten que hubo una caída, pero “mucho menor”.
Como sea, la negociación paritaria viene complicada por otros factores, que también afectan los salarios de los estatales cordobeses: la suba de los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y más descuentos para la obra social provincial (Apross).
Se trata de dos organismos oficiales con un rojo preocupante, heredado por la administración llaryorista.
Por efecto de la motosierra de Milei, que eliminó los desembolsos de la Anses para la Caja de Jubilaciones, incumpliendo la Ley de Presupuesto 2023 (27.701) vigente, el mes pasado el Tesoro provincial debió cubrir un déficit de más de 11 mil millones de pesos, acumulado por el organismo previsional de Córdoba.
Apross, a su vez, tuvo en febrero un déficit de 3.000 millones de pesos, que es mucho mayor en este mes.
La Provincia ofreció a los gremios de la administración pública lo mismo que acordó para abril con los docentes (UEPC): 8,5% de aumento.
La propuesta fue rechazada por los estatales, que reclaman el total de la inflación de marzo, es decir, un 11% de incremento salarial.
Este viernes hubo reuniones y se produjo un acercamiento. El lunes podría haber un acuerdo con el SEP, el gremio más numeroso.
Los estatales insisten con meter en la discusión salarial los aportes para Apross, que para algunos empleados públicos con familiares indirectos adherentes a la obra social estatal representa más de 100 mil pesos de descuento.
Para algunos funcionarios llaryoristas, llegó el momento de reestructurar la Apross, pero este no es tiempo para un debate tan postergado, en medio de un conflicto con los gremios. No obstante, se podría suspender el descuento de uno de los fondos, al menos por este mes.
En una realidad en la cual la recaudación propia y la coparticipación federal caen a un ritmo del 16% mensual, cada punto de aumento que la Provincia le otorga a sus empleados significa 1.600 millones de pesos más de egresos.
Es decir que si se acordara un aumento del 10% para abril, las arcas provinciales deberán destinar a salarios 16 mil millones más que el mes pasado.
La luz al final del túnel
Llaryora se convirtió en uno de los principales promotores de la aprobación de la “ley bases”. El gobernador argumenta que se le debe dar a la gestión libertaria las herramientas para gobernar.
Un dato no menor en este sentido: desde la recuperación de la democracia, el de Milei es el primer gobierno que ya transcurrió 140 días sin que el Congreso le apruebe una sola ley. Aunque detrás del motivo “institucional” de Llaryora para aprobar la discutida norma también está la cuestión económica.
Atada a la “ley bases” está la norma del paquete fiscal (“Medidas Fiscales Paliativas Relevantes”) que le garantizará más fondos a las provincias, entre otras cosas por la reversión del Impuesto a las Ganancias.
Los gobernadores, incluido Llaryora, no eran partidarios de incluir a 800 mil trabajadores en este gravamen.
Querían que la Nación coparticipara otros impuestos, como podía ser el impuesto al cheque o el Impuesto Pais.
El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se negaron de plano. A los mandatarios no les quedó otra que aceptar la modificación de Ganancias.
De aprobarse la ley, que tendría media sanción en Diputados el martes que viene pero que tiene pronóstico reservado en el Senado, las provincias recibirán más recursos. No obstante, se profundizaría la caída del consumo, por el recorte al sector de trabajadores de mayores ingresos.
Con la inflación hacia la baja, Llaryora viene advirtiendo que asoma otro problema tan preocupante como la suba de los precios: la profundización de la recesión económica.
La caída del consumo, sumada al ajuste fiscal que impulsa el presidente Milei, es un combo indigerible para cualquier gobernante. Llaryora ya padece el síndrome de la frazada corta.
