El gobierno de Javier Milei avanza con su plan de ajuste y control del gasto público, esta vez apuntando a las universidades nacionales. A través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial, el Presidente busca auditar y regular las finanzas de las 62 casas de estudio del país.
Adiós a los convenios y hola a la licitación
Uno de los decretos más controvertidos elimina la posibilidad de que las universidades realicen contrataciones directas con otras entidades públicas, a menos que se demuestre que son el único proveedor disponible.
Esta medida, según el gobierno, busca “terminar con un privilegio irrazonable que atenta contra el interés público y la transparencia en las compras públicas”.
- El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, denunció la existencia de más de 2000 convenios irregulares entre 2022 y 2023.
- El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), si bien acatará la medida, no está de acuerdo con la obligatoriedad de las licitaciones públicas. Argumentan que esta modalidad puede resultar en costos más altos y beneficiar a consultoras que subcontratan a profesores universitarios a precios más bajos.
Sistemas estatales para controlar el gasto
Los decretos también obligan a las universidades a utilizar los sistemas de compras y contrataciones del Estado.
- COMPR.AR para bienes y servicios
- CONTRAT.AR para obra pública
- e-SIDIF, un sistema de información financiera que permite un control exhaustivo del gasto
Si bien 35 universidades ya utilizan algunos de estos sistemas, otras, como la UBA, se resisten a implementarlos. El gobierno argumenta que esta falta de adhesión “atenta contra la transparencia y la debida rendición de cuentas”.
¿Resistencia universitaria o acatamiento?
El Consejo de Rectores del CIN, que nuclea a las 62 universidades nacionales, ha sido notificado de las medidas y ha participado en conversaciones informales con el gobierno. Aunque aseguran que “no van a tener ningún problema en respetar lo que requieren estos decretos”, planean presentar sugerencias y discutir algunos puntos específicos en futuras reuniones.
- Se espera que la Universidad de Buenos Aires (UBA) sea una de las instituciones que más se oponga a las nuevas obligaciones.
- El Gobierno ha advertido que si las universidades no acatan las medidas, podría cortar programas de financiamiento que dependen de la Secretaría de Políticas Universitarias.
Estas medidas se enmarcan en el objetivo de Javier Milei de controlar el gasto público y auditar las finanzas de las universidades nacionales. Queda por ver cómo se implementarán estos cambios y cuál será el impacto real en el sistema universitario argentino.
