Para José Manuel de la Sota, batallar judicialmente entre 2012 y 2014 contra la Nación por los recursos que la Anses le retenía a la Caja de Jubilaciones de Córdoba fue una oportunidad política a la medida de su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner. Y, sobre todo, a la medida del rechazo del electorado cordobés al kirchnerismo.
Para Martín Llaryora, en cambio, fue un riesgo político continuar litigando contra la gestión libertaria de Javier Milei en el marco de la demanda que había iniciado Juan Schiaretti en 2023 contra el gobierno de Alberto Fenández. A diferencia de lo que ocurría una década atrás, la mayor de los cordobeses apoyan la gestión nacional libertaria, y lo hacen con independencia de los efectos que las decisiones de Milei tienen sobre Córdoba.
Hay muestras reiteradas de que el rechazo cordobés al kirchnerismo está mucho más asociado a posturas ideológicas que a las causas concretas que en cada momento vehiculizaron ese repudio. De hecho, las razones que justificaron los grandes enfrentamientos políticos o productivos con los Kirchner siguen existiendo hoy y, sin embargo, la gestión de Javier Milei tiene respaldo mayoritario.
El ejemplo más ilustrativo: las retenciones a las exportaciones agrícolas continúan con Milei, y hasta ahora todo indica que volverán a subir desde julio, pero el reclamo del agro al Gobierno nacional es tan leve que se vuelve casi imperceptible, mientras que desde 2008 y por 15 años el rechazo del agro al kirchnerismo fue sostenido y virulento, y lo sigue siendo en la actualidad.
Con los recursos de la Caja de Jubilaciones, pasa algo similar. En el pasado, fue una bandera política contra el kirchnerismo, que se transformó en símbolo de la autonomía provincial. Ahora Llaryora continuó con el reclamo judicial que Schiaretti había iniciado, pero lo hizo apelando inicialmente a sus responsabilidades funcionales más que a una decisión de batallar políticamente contra Milei: a diferencia de lo que le ocurría a De la Sota, el actual gobernador tiene muy claro que los cordobeses hoy no quieren enfrentamientos con la Nación.
Esta circunstancia este miércoles generó doble satisfacción en el equipo que acompañó a Llaryora. La Provincia logró su objetivo de destrabar un flujo de fondos de cinco mil millones de pesos mensuales. También consiguió que la Nación reconozca la existencia de una deuda y se comprometa a determinar la magnitud de ese pasivo en un plazo de 12 meses. Y lo hizo exclusivamente mediante la consistencia del planteo judicial y sin apelar al enfrentamiento público ni a la pelea discursiva.
Este miércoles Llaryora celebró el acuerdo en la Corte, pero también lo hizo el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. La medida representa un alivio muy moderado para la Caja, pero significa un avance institucional importante: la Nación aceptó enviar esos recursos a sabiendas de que Córdoba tiene jurisprudencia a su favor y que una cautelar de la Provincia hubiera apurado una decisión de la Corte que podría suponer obligaciones mucho más elevadas para la Anses.
Llaryora logró obtener lo que buscaba sin provocar la ira presidencial. Y eso también se celebró en el Panal, donde todavía se lamen las heridas que les generó la andanada de insultos de Milei a Llaryora cuando en febrero de 2024 lo culpó de conspirar contra la versión original de la Ley Bases.
En la Provincia consideran, además, que la Corte una vez más es el lugar de la resistencia institucional.
Lo mismo empiezan a observar los otros 12 gobernadores que administran cajas previsionales desfinanciadas por la decisión unilateral de Anses que las priva de los recursos que les corresponden por ley. Es un paso importante hacia la normalización institucional de todos los cabos sueltos que dejó el paso intempestivo de la motosierra.
