Tras regresar de su fallido viaje a Noruega, el presidente Javier Milei, firmó y remitió al Congreso Nacional el proyecto de reforma laboral que modifica la relación entre empresarios y trabajadores al habilitar cambios en las contrataciones, en la carga horaria, en el otorgamiento de vacaciones y en el pago de indemnizaciones, entre otras cosas.
A poco de conocerse la propuesta del oficialismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su rechazo por considerar que avanza sobre el derecho de los trabajadores y anunció una marcha a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre.
Dentro del proyecto laboral también se incluyeron una serie de cambios tributarios y la creación de un régimen especial de inversiones para pequeñas empresas.
En línea con lo adelantando por este medio, la iniciativa oficial habilita el recorte de horas extras ante la creación de “un banco de horas”, el pago del salario en “especies” (tickets de supermercado o vales de comida), el fraccionamiento de las vacaciones y el servicio de una indemnización en cuotas.
Los cambios propuestos no rigen para los asalariados formales ya establecidos, sino para las nuevas contrataciones, que además cuentan con un régimen especial de incentivos.
Pese a que en reiteradas oportunidades el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, afirmó que la propuesta “no quita derechos”, el gobierno propone derogar convenios particulares y concentrar toda la normativa en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Por ejemplo, deroga la ley que regula el Teletrabajo, que nació por la necesidad que impuso la pandemia.
Uno de los ejes principales de la reforma es la redefinición de la relación de dependencia y la forma en que se prueba ese vínculo.
El proyecto precisando que la ley laboral no se aplicará a las contrataciones de obra, servicios, agencia, transporte o flete que se encuentren reguladas por el Código Civil y Comercial. Esto implica que en caso de aprobarse, trabajadores de aplicaciones de mensajería o transporte seguirían siendo independientes.
Se introduce un nuevo límite a la presunción de contrato de trabajo dependiente, la cual opera cuando existe la prestación de servicios.
Además, del pago en otros instrumentos que no sea dinero, el capítulo salarial pone el foco en lo que se denomina salario no remunerativo.
La propuesta amplía el listado de beneficios sociales que quedan excluidos del pago de impuestos y de la seguridad social, que por ende no ingresarían como cómputo para el pago de eventuales indemnizaciones.
Además, se establece que el reintegro de gastos de guardería o sala maternal será considerado beneficio social hasta que el hijo cumpla seis años de edad. Asimismo, el pago o financiamiento de planes de capacitación, cursos y seminarios se incorpora de forma expresa como concepto no remunerativo.
En un punto de alto impacto, se establece que las propinas bajo ninguna circunstancia podrán ser consideradas como remuneración, excluyéndolas así del cálculo de aportes, contribuciones e indemnizaciones.
El proyecto introduce la figura de los componentes retributivos, dinámicos, adicionales, transitorios o variables. Estos componentes, otorgados por mérito o resultados empresariales, no generarán continuidad tácita, ultraactividad ni costumbre, aunque se mantengan en el tiempo. Esto apunta al concepto de “salario dinámico” por el cual un empleador podrá pagarle a uno de sus empleados un salario superior al de convenio sin que eso ingrese en el cálculo indemnizatorio.
En este marco, se amplía la lista de prestaciones complementarias no remunerativas, incluyendo reintegros de gastos por uso de vehículo particular calculados por kilómetro y viáticos con comprobantes. También se permite que el pago de la remuneración se realice mediante Proveedores de Servicios de Pago (PSP), como billeteras virtuales o plataformas de pago.
El proyecto también modifica los aspectos de flexibilidad en la gestión del empleo. Respecto al ius variandi (facultad del empleador de modificar condiciones de trabajo), se mantiene la prohibición de alterar las modalidades esenciales del contrato o causar perjuicio material o moral al trabajador.
En caso de que el empleador disponga medidas consideradas prohibidas, el trabajador conserva la facultad de considerarse despedido sin causa, lo que se conoce como despido indirecto. En cuanto a las jornadas, se flexibiliza el contrato a tiempo parcial, permitiendo que el trabajador realice horas suplementarias de forma voluntaria sobre su jornada reducida, aunque no podrá superar la jornada legal semanal, salvo casos de peligro o fuerza mayor (lo que se ha dado en llamar “banco de horas”).
En materia de litigiosidad y procesos judiciales, el proyecto introduce una modificación sobre las costas de los juicios.
El principio de gratuidad para el trabajador se mantiene, pero se incorpora la figura de la “pluspetición inexcusable”.
En caso de que el trabajador o su profesional reclamen judicialmente un monto que objetivamente exceda lo que corresponde por ley, las costas judiciales derivadas de ese exceso podrán ser soportadas de forma solidaria entre el trabajador y el abogado que lo representa. Esta medida busca desincentivar las demandas con montos abultados sin sustento legal.
Con relación a la extinción del contrato, el proyecto deroga diversas figuras, incrementaban el costo del despido.
Por ejemplo, se derogan los artículos de la LCT que establecían la presunción e indemnización agravada por despido a causa de matrimonio y por causa de maternidad. La trabajadora o el trabajador afectado por un despido en estas circunstancias deberá probar el móvil discriminatorio sin contar con la presunción legal que existía anteriormente.
Se derogan, además, los artículos de la LCT que regulaban la tasa de interés aplicable a los créditos laborales en juicio, dejando esta decisión a la normativa procesal o a la jurisprudencia. También se dispone que el Poder Ejecutivo no pueda establecer el pago de doble indemnización, tal como sucedió al inicio de la pandemia.
En cuanto a la acción sindical, se introducen límites a las medidas de fuerza en el marco de las prácticas desleales.
El proyecto tipifica como práctica desleal de las asociaciones sindicales la convocatoria a asambleas u otras medidas de acción directa que intervengan o interfieran intencionalmente en el desenvolvimiento normal de la actividad de la empresa.
En los casos de delegados gremiales con tutela sindical (fuero), la ley permite que el juez disponga la suspensión de la prestación laboral del delegado de forma cautelar, es decir, de manera rápida, a pedido del empleador, cuando existan motivos fundados para su desafuero.
