En menos de 20 días, el gobernador electo Martín Llaryora asumirá la gestión provincial bajo circunstancias que seguro no imaginó en junio pasado, cuando una mayoría de cordobeses le otorgó la licencia para conducir la Provincia de Córdoba.
Llaryora intenta representarse el nuevo país que está llegando y sólo avizora tormenta acompañada de granizo que se extenderá por largos meses. Administrar poder desde el Estado en la Argentina post Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa es un desafío de altísimo riesgo.
No hay administrador de lo público –lo propio sucede en el sector privado y en el seno de cada familia– que pueda controlar la arritmia que genera pensar en adentrarse al nivel de crisis que está por delante.
Cuando aún restan más de dos semanas para asumir, Javier Milei comenzó a dar señales bastante concretas de lo que viene.
El ajuste de 15% del PIB en modo shock y cero gradualismo, que anunció Milei como hoja de ruta central de su política de estabilización para la economía, tiene grandes aspectos por precisar. Sin embargo, su sola enunciación puso en alerta a todas las administraciones provinciales.
Llaryora advierte ante quien quiera escucharlo que lo que viene es un camino a lo desconocido, algo nunca explorado.
“Hemos tomado todas las previsiones que pudimos en el Presupuesto que ya sancionó la Legislatura, pero no sabemos para qué nos servirán y si alcanzarán. El nivel de la crisis aún no lo conocemos”, comparte la preocupación un hombre de confianza del próximo gobernador.
Ese entorno muy cercano al poder provincial, que hasta hace unos meses imaginaba la proyección política nacional de Llaryora, ahora sólo habla del presente. El día a día se impone al mañana. Son momentos en que nada se descarta, por oscuro que sea.
El llaryorismo hace una cuenta rápida: son unos $ 12 mil millones mensuales los que deja de percibir Córdoba por dos vías que denuncia “injustas” y “antifederales”. Por un lado, hay $ 7 mil millones que no llegan cada mes y que ya acumulan unos $ 230 mil millones, por la no actualización de los envíos que la Nación debe aportar para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. Ese faltante de la Nación ya está judicializado.
El agujero, que hasta ahora viene siendo cubierto por la Provincia con recursos propios, es la principal preocupación de Llaryora. Tanto es así que, en el último Presupuesto, el sucesor de Schiaretti se guardó para sí la “potestad” de subir en dos puntos los aportes de los activos, una medida que puso en alerta a los estatales provinciales. “Si tuviéramos que echar mano a eso, implicaría entrar en un conflicto muy grande”, admiten cerca de Llaryora.
Además, otros $ 5.000 millones dejaron de drenar hacia Córdoba por la devolución del IVA en las compras con tarjetas de débito y por la eliminación casi total del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable que quedó casi en cero tras la drástica suba del piso a partir del cual se paga el gravamen. Ambas leyes fueron apoyadas por Milei en el Congreso. En las últimas horas, el presidente electo afirmó que mantendrá esas rebajas, aunque nada dijo de recompensar a las provincias.
“La campaña de Massa también la pagamos nosotros”, se quejan en el Panal. Es inminente una nueva presentación judicial de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo de estos otros recursos que dejaron de llegar desde septiembre.
Javier Milei: “No hay plata”
Dos días después de haber ganado el balotaje, Milei soltó una frase que no por obvia deja de tener impacto, y que se parece mucho a una declaración de principios de los tiempos que vienen. “No hay plata, no hay plata; estamos en déficit fiscal”, contestó el presidente electo cuando Alejandro Fantino le preguntó acerca de qué pasará con la obra pública nacional en marcha. Una parte de esas inversiones –que para la concepción de Milei es gasto puro y duro– se ejecuta en cientos de municipios de la provincia. La incertidumbre es total al respecto.
Ese “no hay plata” retumbó fuerte entre los gobernadores, todos de partidos políticos ajenos a La Libertad Avanza. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ajustó a la baja en $ 230 mil millones (el 11%) su partida presupuestaria para el año que viene. El riojano Ricardo Quintela, quien había dicho que dejaría el gobierno si ganaba Milei porque no tendría recursos para pagarles a los estatales, también comenzó a resetear sus planes de gastos para 2024.
El bonaerense Axel Kicillof apura todo lo que puede para que Massa, antes de dejar Economía, siga inyectando pesos al ducto discrecional que conecta la gestión nacional con la de la Provincia de Buenos Aires. La subsistencia económica del principal reducto de poder K que quedó en pie tras los comicios ya es un dilema central del sistema y un foco de tensión latente con la administración Milei.
La preocupación ahoga también a los gobernadores electos de Juntos por el Cambio. Ayer se reunieron para mostrarse en bloque y fuertes. Dijeron que serán racionales, pero aclararon que la gobernabilidad no será un cheque en blanco ni altruista.
Primeros paisajes de un país impredecible en el que sólo emerge una certeza: la crisis que deja el peronismo es inabarcable.
