A medida que avanza la campaña electoral se tensa la relación entre el gobierno nacional y las provincias. El reparto del dinero es el principal foco del conflicto y si bien hay negociaciones abiertas no aparecen los puntos en común para alcanzar un acuerdo.
En este contexto, el presidente Javier Milei estalló contra los gobernadores al enrostrarles una vez más que no realizaron el ajuste de las cuentas públicas y en consecuencia tiene problemas financieros y necesitan el auxilio de la Casa Rosada.
“Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron, el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público, a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, lanzó el jefe de Estado.
En una reunión de la Fundación Faro organizada para recaudar fondos para la campaña, Milei afirmó que “es imperante llevar el cambio, a las provincias, dado que va a acelerar el proceso de crecimiento”.
“No nos engañemos, nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante, que enfrenta, el sector privado”, reiteró Milei.
Milei y su equipo económico consideran que el esfuerzo que hace Nación no llega a la base de la sociedad porque enseguida esos fondos son cooptados por provincias y municipios.
Los ataques de Milei fueron en clara respuesta al documento que en el inicio de esta semana firmaron 22 mandatarios provinciales en el que acordaron impulsar un proyecto de ley para el reparto de los ATN no distribuidos y quedarse con parte del impuesto a los combustibles.
Tal como adelantó La Voz, esa iniciativa fue rechazada por la Casa Rosada.
En el texto en el que justificaban el pedido, los gobernadores señalaban que ninguna de las dos herramientas propuestas significaba una erogación extra para el fisco dado que eran recursos ya asignados presupuestariamente.
Pero si bien en la parte técnica esa idea es correcta, al no repartir ATN y frenar la obra pública ese dinero pasa a engrosar el superávit fiscal del que se jacta el Poder Ejecutivo.
La negativa que había trascendido desde el Ministerio de Economía la explicitó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su presentación en diputados.
“Dijimos que los ATN lo podemos conversar en la medida de los fondos que están disponibles, hasta donde el Estado está dispuesto avanzar en las condiciones de superávit fiscal”, señaló el funcionario dejando en claro que Milei quiere mantener “la lapicera” para decidir cómo, cuándo, cuánto y a quién le entrega estos fondos.
Con relación al impuesto a los combustibles, los gobernadores pretenden el equivalente a los fondos que van a los fideicomisos de obra de infraestructura e hídricas.
Francos les ofreció que en caso de quedarse con dinero también debían hacerse cargo de las obras. En definitiva, en el flujo final no quedaba nada para las arcas provinciales.
El jefe de Gabinete reconoció que no hubo acuerdo en ninguno de los temas y que se seguirá negociando.
En el Ministerio de Economía resultan más confrontativos y dicen que “si los gobernadores quieren más plata que aprueben la ley de protección de ahorros porque eso va a dinamizar la economía y mejorará los ingresos”.
Ahora resta saber cuál será la postura de los gobernadores y hasta donde harán cumplir el documento firmado y forzar el tratamiento de las leyes.
En conjunto ambas propuestas representan una erogación para el Tesoro Nacional de algo más de $ 1 billón.
Lo cierto es que tampoco las estadísticas ayudan a los gobernadores a defender su posición. Si bien la realidad es heterogénea y hay varias provincias con equilibrio fiscal –entre ellas Córdoba- el planteo en conjunto abre flancos para cuestionamientos.
Un reciente informe de IERAL sobre 13 provincias reveló que en los primeros cinco meses del año el gasto en estas jurisdicciones aumentó 24% mientras que en la Nación creció 8%.
De esta forma, en el acumulado de dos años (2023 a 2025) el gasto primario nacional exhibe un ajuste del 27% real interanual, versus 8% en las en el conjunto de provincias que publicaron datos en este período.
