Cuando el miércoles pasado transcurría la tercera hora del áspero debate en el Senado para sancionar la Ley Bases, pocos minutos después de las 13 el gobernador Martín Llaryora ingresaba al despacho principal de lo que fue el Ministerio del Interior (hoy Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación) para firmar el acuerdo por el cual la administración federal transferirá a la Provincia algunas obras, entre ellas la de la estratégica autopista Córdoba-San Francisco.
Con una amplia sonrisa, en la espaciosa oficina donde están los escudos de todas las provincias lo esperaba Guillermo Francos. El encumbrado flamante jefe de Gabinete fue el constructor de acuerdos con gobernadores para alcanzar el “mágico” número –porque durante varios días parecía un objetivo imposible– de 36 senadores que debían posibilitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel desempatara a favor del Gobierno y se destrabara el largamente debatido proyecto.
Javier Milei tiene hoy la primera ley de su gestión, que facilitaron miembros de la tan despreciada –por el Presidente– “casta política”.
Francos se asume como un dirigente político tradicional. Así lo confirmó el propio funcionario al otro día de ser oficializado como jefe de Gabinete. “Soy un dirigente de larga trayectoria y mi rol será negociar con los políticos. Por ahí el Presidente tiene otra visión de la política, y creo que entendió que lo mejor era que yo me hiciera cargo de esa responsabilidad, desde la Jefatura de Gabinete”, se sinceró el exhombre fuerte de Domingo Cavallo cuando el cordobés era “el superministro” de Economía del presidente Carlos Menem.
El nuevo jefe de Gabinete fue el que negoció con los gobernadores los votos de los senadores.
El 7 de febrero pasado, cuando se cayó la “ley ómnibus”, Llaryora fue calificado por Milei de “traidor” y de “gastador serial”. Ahora, el cordobés fue uno de los mandatarios provinciales “casta” que apoyó la Ley Bases.
A cambio, recibió lo que más anhelaba: que la Nación le transfiriera la obra de la autopista Córdoba-San Francisco, que está a sólo 67 kilómetros de quedar finalizada.
Los llaryoristas argumentan que el gobernador apoyó la Ley Bases antes de la firma del acuerdo. Es cierto, como también es verdad que esa adhesión le permitió el primer diálogo personal con Milei.
Fue el pasado 25 de mayo, cuando el Presidente llegó a Córdoba a celebrar el “cabildo abierto”, que fue más un acto político que institucional. En el Centro Cívico, en los pocos minutos que tuvo, Llaryora le habló de la transferencia de la autopista 19.
Las obras no fueron la única concesión para el mandatario cordobés. Como a otros gobernadores, la Nación le avaló la colocación de deuda en pesos en el mercado financiero local, para que la Provincia compre dólares y de ese modo pueda afrontar los vencimientos en moneda estadounidense (130 millones) que operan entre este mes y el próximo.
Por la oficina de Francos pasaron siete gobernadores en la última semana, además de Llaryora. Todos se llevaron algo a cambio de respaldo en el Congreso.
Francos, uno de los representantes de la casta en el gabinete de Milei (la otra es Patricia Bullrich), negoció con gobernadores y senadores para sacar la primera ley después de 185 días de gestión libertaria.
Es más, el radical Martín Lousteau –el opositor más castigado por el Presidente en los últimos meses y otro devoto integrante de la casta– fue quien hizo el mayor aporte: permitió el cuórum para que el miércoles comenzara la extensísima sesión.
El primer ministro de Economía de Cristina Fernández presentó un dictamen propio y votó en contra del proyecto que tuvo media sanción en Diputados. Pero abrió la puerta al debate, que terminó con la aprobación de la ley, por desempate.
Nuevo debate
El partido por la Ley Bases no está terminado. Las modificaciones que hizo el Senado serán ahora tratadas nuevamente en la Cámara de Diputados.
Otra vez Milei necesitará de la casta para oficializar la ley, que ya no tiene vuelta atrás. Los 142 diputados que votaron a favor ahora deberán tratar los cambios que hicieron los senadores.
El más importante es la reforma del Impuesto a las Ganancias, renombrado como Impuesto a los Ingresos de las Personas. Sorprendentemente, los senadores que responden de manera más directa a los gobernadores rechazaron el texto aprobado en la Cámara Baja, que les garantizaba más fondos a las provincias.
Será un debate álgido en Diputados. No pocos diputados que aprobaron subir el piso de Ganancias, para que casi un millón de trabajadores de altos ingresos paguen este impuesto, ahora lo piensan dos veces, después de que los senadores le sacaran el cuerpo al regreso del tributo.
Un diputado cordobés fue más directo y soez: “Le sacaron el culo a la aguja”.
De todas maneras, los 15 diputados cordobeses que aprobaron los cambios en Ganancias ratificarían el apoyo al texto original. La incertidumbre es sobre los legisladores patagónicos, que hoy están dudando.
En Diputados, la votación por las modificaciones en Ganancias fue con 132 legisladores a favor y 113 en contra. Esa diferencia de 19 se podría achicar, pero lo más probable es que se ratifique el texto original, para alivio de los gobernadores.
El ministro de Finanzas de Córdoba, Guillermo Acosta, minimizó el impacto financiero de la coparticipación del nuevo Impuesto a las Ganancias. “No es determinante”, dijo el funcionario a La Voz, sin mucha convicción.
En privado, en el Centro Cívico creen lo contrario. Serán entre 12 mil y 14 mil millones de pesos más por mes, que servirán nada más y nada menos que para cubrir el hueco financiero que deja el incumplimiento de la Anses con la Caja de Jubilaciones.
De todos modos, en tiempos de vacas flacas y en medio de la negociación paritaria con los docentes, es lógico que Acosta elija la mesura y no presumir de contar con más fondos.
Es probable que Milei siga castigando a la casta, pero en los hechos la necesita para gobernar. Si no, que le pregunte al ahora exultante Francos.
