“Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos”. Esa frase habría pronunciado el presidente Javier Milei horas después de que el Ejecutivo retiró la ley “bases” del Congreso dada la paliza que estaba recibiendo el proyecto en las votaciones en particular. Esa frase, dicha en principio en reunión de gabinete, la habría filtrado el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. En cuanto circuló la versión de que él habría sido el autor, fue apartado del cargo.
Cierta o no, es lo que está pasando. El presidente Javier Milei logró en el mes de enero superávit financiero a fuerza de licuadora y de motosierra casi en partes iguales: los ingresos subieron 257% interanual y los gastos totales, 149%, 105 puntos menos que la inflación. Licuó salarios, jubilaciones y bajó 95% las transferencias no automáticas a provincias.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, denunció que la Nación le retuvo ilegalmente $ 13.500 millones, el equivalente a un tercio de su coparticipación. Amenazó con que, si no le entregan sus recursos, Chubut entonces retendrá su petróleo y su gas. En el último trimestre de 2023, el 21% de la producción de petróleo argentina correspondió a Chubut. La número uno es Neuquén, con el 51%.
Adhirieron al reclamo, de manera inmediata, todos los gobernadores: los patagónicos, los del norte, los de Juntos por el Cambio, Axel Kicillof y también el cordobés, Martín Llaryora.
Milei redobló la apuesta y llevó la discusión a su máximo voltaje. Pasó de criticarles el auspicio de recitales a llamarlos “degenerados fiscales” que defienden sus “obscenos privilegios”. Reiteró que el Gobierno nacional no contribuirá al “despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”.
Despejados la pirotecnia verbal y los gritos de trinchera, ¿cuál es el punto de conflicto? ¿Es tan así, los gobernadores no se quieren ajustar?
Veamos. Milei hizo campaña con la promesa de combatir la inflación y para eso, sostiene, debe dejar de emitir pesos para financiar al Tesoro y, para hacer eso, debe equilibrar las cuentas. Es decir, ajustar. Fue sólo Milei el que militó eso: ningún gobernador adhirió espiritualmente a esa idea porque, en el fondo, la dueña de la maquinita es la Nación y la macro, en el fondo, es responsabilidad de la Nación.
El Presidente ha dicho varias veces que el déficit cero es innegociable. Convengamos: todos los presidentes anteriores alguna vez lo han dicho. Pero este pareciera que, cueste lo que cueste, lo hará. Desconoce compromisos previos firmados y hasta ignora lo estipulado en el Presupuesto (aunque sea el licuado, de 2023), como el Fondo Compensador o los giros previsionales a las provincias. Motosierra pura. Eso pareciera que pasó en Chubut: Sergio Massa le pedaleó los débitos a Mariano Arcioni del Fondo de Infraestructura, que corresponden que sean descontados de la coparticipación, y ahora Nación le retuvo todo lo adeudado.
Cuánto cada uno
Para llegar al superávit financiero que pretende para 2024, necesita, según cálculos del economista Marcelo Capello, del Ieral de Fundación Mediterránea, bajar el déficit nacional en 5,9 puntos del PIB (2,9% del PIB por el déficit primario y 3% por los intereses de la deuda).
“Tal meta resulta mucho más ambiciosa que la que inicialmente se había acordado con el FMI para 2024, que fue déficit de 0,9% del PIB y equilibrio primario recién en 2025″, sostiene Capello.
Eso debía lograrse por dos vías: la mitad bajando gastos y la otra mitad aumentando impuestos. El plan era aumentar retenciones, restaurar el Impuesto a las Ganancias, eventualmente agravar el impuesto Pais. Pero el capítulo fiscal naufragó y quedó tijera pura.
Pero no alcanza entonces con el esfuerzo nacional. No hay manera de llegar a esa meta si las provincias no contribuyen al ahorro fiscal.
¿Cuánto? Una respuesta justa podría encadenarse con otra pregunta: ¿cuánta “culpa” tienen las provincias en el déficit consolidado de la Nación? ¿Tienen alguna responsabilidad en el hecho de que el Estado nacional esté quebrado?
Sí. No en partes iguales. Según Capello: 75% Nación, 25% provincias. “Entre los años 2000 y 2023, el gasto público consolidado entre Nación y provincias subió 10 puntos del PIB, y de ello fueron responsables 75% el gobierno nacional y 25% los provinciales. Así las cosas, el ajuste en el gasto ahora requerido debería responder también en proporciones similares”, dice.
El problema es que las provincias no tienen incentivos para ordenar sus cuentas. “La inflación le causa costos políticos al Gobierno nacional, no a las provincias. Es más, a veces hasta les ha venido bien, porque aumentaron Ingresos Brutos y pasó inadvertido porque está escondido en los precios”, dice el economista.
El panorama se agravó para los gobernadores por tres razones. Una, las elecciones de 2023 los dejaron más apretados que en 2022, cuando el conjunto registró superávit fiscal.
Dos, en el último trimestre del año pasado, perdieron recursos por la eliminación del Impuesto a las Ganancias. Eso, combinado a un mayor gasto, fue letal.
Tres, cambió el clima de época: la ciudadanía reclama que la política haga también su propio ajuste y de eso se ve poco. Las familias están hartas de bajar sus consumos, el salario real cae desde 2016 y está casi tan bajo como en la crisis de 2001 y el pedido colectivo es que esto tiene que, al menos, ser compartido. “La casta”, como lo simplificó Milei. El libertario lo entendió e hizo bandera de eso… los gobernadores quedaron atrapados en la lógica tradicional.
Como no hay incentivo propio de las provincias en ajustar ni nadie dispuesto a ser “el héroe del ajuste”, Nación lo hace de pecho.
La vía que eligió es la reducción de transferencias no automáticas. “En enero del 2024, envió $ 64.711 millones, el menor valor real para el mes de enero de todo el período 1993- 2024 y 81% menor que el promedio del período”, sostiene Nadin Argañaraz, del Iaraf.
Ahí hay algunas discrecionales, como los ATN -que son abiertamente a dedo- y otras que tienen leyes específicas que las establecen, como el financiamiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que hasta 2023 estaba licuado (envió apenas el 20% de los estimado) y este año directamente bajó a cero. El Fondo Compensador del Transporte para el interior estaba contemplado en el prorrogado Presupuesto de 2023 y fue dado de baja, al igual que el Fondo de Incentivo Docente.
En la Corte seguramente se dará el round final de la disputa, aunque los gobernadores creen que la Justicia le está haciendo el favor a Milei: le permite el pedaleo de fondos hasta que se defina la contienda en los cánones de la política.
Los libertarios están convencidos de que en dos meses el plan mostrará resultados (cuando baje la inflación y se recupere el salario, dicen) y que serán los mismos gobernadores los que regresarán a implorar que se hagan las reformas antes abortadas.
Los gobernadores (al menos, la mayoría) no están seguros de la recuperación inminente y creen que en dos meses todo se habrá agravado. Quieren quedar parados en la vereda de los que “la vieron”. El consenso entre los 24 es que hay que levantar la voz porque lo que sigue es la demora en la coparticipación del impuesto Pais y después, quizás, hasta de la misma coparticipación.
Así las cosas, ¿cuál es el ajuste que les está exigiendo Milei a las provincias? “Creo que deberían bajar proporcionalmente a lo que incidieron en el problema, ese 75-25, y a mí los números me dan que se les está exigiendo un poco más que el 25%”, dice Capello.
El economista calcula que, para 2024, la contribución a la reducción del déficit fiscal les exige alrededor del 10% de sus ingresos siempre y cuando recuperaran Ganancias y se actualice el impuesto a los combustibles, que en un 20% se coparticipa a las provincias. “Y si esos mayores ingresos no estuvieran, deberían duplicar el esfuerzo”, advierte.
