Sobre el filo del plazo legal, casi como si jugara una carta decisiva en el último minuto, el presidente Javier Milei vetó este sábado tres leyes de fuerte impacto social: el aumento a los jubilados, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Con esta jugada, el oficialismo queda ahora frente a un nuevo desafío: blindar esos vetos en la Cámara de Diputados.
En el Senado, el escenario es más hostil: la oposición tiene el número y el músculo político necesario para voltear los vetos sin mayores sobresaltos.
El clima político se sacudió en los últimos días, especialmente con el lanzamiento del frente electoral nacional impulsado por cinco gobernadores –entre ellos Martín Llaryora– que aspira a convertirse en un nuevo jugador de peso, con su “grito federal”, según titularon en el documento fundacional.
Sin embargo, los libertarios todavía creen que podrán reunir a los “87 héroes” necesarios para sostener los vetos en Diputados.
Las matemáticas rara vez se llevan bien con la política, pero en este caso, los números hablan por sí solos: la ley que proponía un aumento a los jubilados -un 7,2 % general y una suba del bono de 70 mil a 110 mil pesos- fue aprobada con 142 votos a favor, 67 en contra, 19 abstenciones y 29 ausencias.
Desde el oficialismo confían en que esos 67 votos negativos (provenientes de libertarios y macristas) siguen firmes.
El esfuerzo de los operadores libertarios ahora está puesto en conseguir los 20 votos restantes entre los 48 legisladores que se abstuvieron o no asistieron, muchos de los cuales –salvo excepciones– se los puede consideran más cercanos al Gobierno que a la oposición.
Por lo pronto, los vetos no serán tratados de inmediato: los tiempos parlamentarios no alcanzan para incluirlos en la sesión especial del próximo miércoles, convocada por la oposición.
Pero la estrategia opositora ya está en marcha. Dividida entre “duros” (kirchneristas) y “dialoguistas” (alineados con gobernadores), la oposición apuesta a cobrarse un precio político alto.
El Congreso se transformará en un campo de batalla en plena antesala de la campaña electoral.
En esa sesión del miércoles, se pondrán sobre la mesa varios proyectos incómodos para el presidente Milei, quien los considera una amenaza directa al delicado equilibrio fiscal del Estado nacional.
Entre los más relevantes: el aumento al presupuesto universitario y la declaración de emergencia para Bahía Blanca, ciudad arrasada por una inundación en marzo.
Solo esta última iniciativa implicaría un costo fiscal estimado en 200 mil millones de pesos, una cifra no tan importante para la Nación.
De allí, la pregunta que surge una pregunta inevitable: por qué el gobierno libertario se expone a un costo político, si el hueco fiscal no será tan significativo.
Prioridad para los gobernadores
También podrían colarse en la agenda legislativa los proyectos que buscan coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, impulsados con fuerza por los gobernadores. Pero aquí la cuestión técnica juega su papel: ambas iniciativas que cuentan con media sanción del Senado, aún no tienen dictamen de comisión. Para convertirlas en ley, haría falta una mayoría especial (dos tercios).
“No hay que apresurarse. Si no tenemos asegurados los dos tercios, no hay que poner en debate esos dos proyectos. En todo caso, vamos a pedir que se traten en comisión. Creemos que antes de fin de agosto podemos tratarlos en el recinto”, señaló con cautela un diputado cordobés de la bancada opositora Encuentro Federal, que en otro momento fue más dialoguista con el Gobierno.
En un gesto poco frecuente, los 23 gobernadores del país y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaron –pese a sus matices ideológicos– avanzar en una distribución “más federal” de los ATN y el Impuesto a los Combustibles.
Milei, fiel a su estilo, ya anticipó que vetará estas dos propuestas si llegan a convertirse en ley. Pero blindar estos futuros vetos será mucho más complejo.
Esta vez, todos los gobernadores empujan en la misma dirección, y no se descarta que el Gobierno tenga que sentarse a negociar. Lo que está en juego no es menor: fondos para las provincias y obras para proyectos nacionales que hoy están paralizadas.
Operación desgaste
Mientras tanto, otra corriente comienza a agitar las aguas en el Congreso. Se trata del flamante espacio político lanzado por cinco gobernadores –además de Llaryora, Pullaro (Santa Fe), Torres (Chubut), Sadir (Jujuy) y Vidal (Santa Cruz)–, que todavía no se traduce completamente en bancas alineadas en ambas cámaras.
Los impulsores del llamado “frente federal” miran hacia octubre con la esperanza de cosechar legisladores propios y consolidar un bloque parlamentario fuerte, después del 10 de diciembre.
Por ahora, sin embargo, muchos legisladores de esas provincias no responden directamente a los mandatarios provinciales que le plantaron bandera a la Casa Rosada.
Esa fragmentación mantiene con vida la ilusión del oficialismo de sostener los vetos en los temas previsionales. Pero la pulseada será más difícil en el caso de la ley sobre discapacidad y, especialmente, en el proyecto de aumento al presupuesto universitario, que tiene muchas chances de convertirse en ley.
Ya el año pasado, el Gobierno nacional logró sostener el veto a la ley en favor de las universidades y al aumento para jubilados, pero el costo político fue alto. En septiembre pasado, la mayoría de las encuestas marcaron que la imagen positiva del Presidente cayó siete puntos.
Más allá de los fundamentos técnicos o presupuestarios, lo que está en juego en estas semanas trasciende los números. En la oposición -y sobre todo en el kirchnerismo, acompañado esta vez por gobernadores que supieron tener un diálogo más fluido con la Casa Rosada- la apuesta es clara: aprobar estas leyes o, al menos, desgastar al presidente Milei justo cuando la campaña electoral entra en su etapa más intensa.
