En 2024, el gobierno de Javier Milei firmó un decreto que prohibía expresamente el uso de aeronaves del Estado para actividades de carácter privado. Fue una decisión presentada como gesto de austeridad y transparencia, en línea con el discurso del entonces flamante presidente de “achicar el Estado”.
Sin embargo, el martes pasado, el propio Milei voló hacia Córdoba en el Tango 01 para participar de un evento privado: “La Derecha Fest”, una convocatoria partidaria organizada por aliados libertarios y figuras del espacio que lidera.
La contradicción no pasó desapercibida. Desde el Congreso, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que la Secretaría General de la Presidencia explique los motivos del traslado y detalle quiénes integraron la comitiva, qué fondos se usaron y bajo qué criterio se justificó la utilización de recursos públicos para participar de un evento de carácter partidario, sin actividades oficiales registradas en la agenda institucional.
El evento se realizó en uno de los salones de la Ciudad Empresaria, al lado del Quorum Hotel (camino al aeropuerto de Córdoba). Como se vio, no fue ni un acto de gobierno, ni una actividad diplomática, ni una reunión oficial con autoridades locales (el gobernador Martín Llaryora lo fue a recibir, como un gesto de cortesía). Fue un encuentro ideológico, con venta de entradas, discursos contra “la casta” y cánticos libertarios.
El Presidente no solo asistió, sino que fue una de las principales figuras en el escenario. ¿El problema? Viajó como Presidente, con custodia, avión oficial y cobertura logística del Estado.
En su pedido de informes, Paulón reclama tres puntos concretos:
1) Que se informe si Milei cumplió alguna agenda oficial en Córdoba, además de su participación en el evento privado.
2) Que se detalle la comitiva que viajó, incluyendo personal de seguridad.
3) Que se explicite qué recursos públicos fueron afectados y bajo qué normativa se ampara el uso del avión presidencial en una actividad sin carácter institucional.
El decreto que lo prohibía
La polémica se potencia porque fue el propio Milei quien firmó, en agosto de 2024, el Decreto 712/2024, que estableció la prohibición del uso de aviones del Estado “para actividades de carácter privado o personal, sin excepción”.
En esa norma, el Gobierno dejaba expresamente sentado que “los recursos públicos no deben destinarse a satisfacer intereses particulares, sean del propio funcionario o de terceros”, y que “cualquier excepción será considerada un uso indebido del patrimonio del Estado”.
El decreto fue redactado como parte del “plan motosierra” de reducción del gasto público. “Se acabaron los vuelos VIP”, había dicho Milei entonces, en declaraciones públicas.
Pero menos de un año después, el Presidente rompió su propia regla. El avión presidencial Tango 01, que había vuelto a operar en 2023 tras una millonaria remodelación, fue utilizado para trasladarlo a un acto que nada tiene que ver con su rol institucional.
Como se dijo, la visita a Córdoba no incluyó reuniones con el gobernador ni con legisladores o intendentes. Tampoco hubo anuncios, convenios ni recorridas por obras. Solo el acto.
Desde la oposición aseguran que el viaje implica una “grave violación al decreto vigente” y un “doble estándar”. Incluso dirigentes de otras fuerzas aliadas al oficialismo en el Congreso consideran que el uso del Tango 01 en este caso es, al menos, “controvertido” y que “se debe transparentar con urgencia qué costos tuvo y bajo qué justificación se cargaron al Estado”.
Hasta el momento, la Casa Rosada no dio explicaciones. ¿Podría, en realidad, justificar la movida con recursos del Estado? Al menos hasta este jueves, en las redes sociales oficiales de Presidencia no se publicó información sobre el viaje ni se compartieron imágenes institucionales.
Todo el registro del evento fue difundido por medios afines al gobierno y cuentas partidarias.
Qué dice el decreto
El decreto establece que las aeronaves públicas solo pueden ser utilizadas para actividades relacionadas estrictamente con su función esencial al servicio del poder público, prohibiendo cualquier uso que pueda considerarse privado o ajeno a su carácter oficial.
La medida buscó optimizar la seguridad operacional y circunscribir el uso de los aviones estatales al interés general y a servicios comunitarios.
El texto tomó como base el Código Aeronáutico (Ley Nº 17.285), que define la distinción entre aeronaves públicas y privadas.
Según el documento, las aeronaves públicas son aquellas destinadas “exclusivamente al servicio del Estado”, mientras que las privadas, incluso si pertenecen al Estado, están sujetas a otros regímenes normativos.
El decreto indica que los servicios de navegación aérea deberán dar prioridad operativa a las aeronaves públicas, reconociendo su función estratégica en el bienestar general. Asimismo, se establece que las aeronaves privadas de titularidad estatal (nación, provincias, municipios o empresas del Estado) pueden realizar actividades aerocomerciales, siempre que cuenten con la autorización de la autoridad aeronáutica competente.
Se permite que las aeronaves públicas puedan ser utilizadas mediante contratos interjurisdiccionales, pero únicamente entre entidades del sector público y sin fines de lucro, más allá de cubrir los gastos operativos derivados del uso.
El decreto fue firmado por el propio Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.
