Hasta hace poco tiempo, cada vez que se reunía la “liga de gobernadores” aparecía una foto de mandatarios provinciales trajeados en torno de una gran mesa peronista sobre la que había un acuerdo. Cada uno de esos gobernadores luego volvía a su provincia en condiciones de ordenar a los intendentes. Nada más lejano.
En la Argentina de Javier Milei, en cambio, surgen ligas de gobernadores por todos lados y además se multiplican los grupos de WhastApp de mandatarios peronistas y de dialoguistas. Están los del centro, los del norte, los mineros y los patagónicos. También está el chat de los intendentes de las grandes ciudades argentinas, el de los jefes de bloques y otros varios que convocan a diputados de provincias remotas y pertenencias ideológicas todavía más lejanas: cada uno tiene algo para negociar con un Gobierno que sin apoyos externos no puede hacer casi nada por la falta de votos en el Congreso y que encima repite hasta el absurdo que “no negocia”.
Pasaron siete semanas y no hubo un solo consenso, mientras los precios siguen subiendo, la paciencia social se inquieta, el miércoles ya hubo un paro nacional y el jueves el Presidente echó al ministro de Infraestructura por contar que pensaba “dejar sin un mango a los gobernadores”. El mega DNU tiene numerosas objeciones judiciales y está a tiro de que un acuerdo multipartidario lo inhabilite. La “ley ómnibus” está en riesgo de terminar siendo apenas un recuerdo de la megalomanía de sus redactores.
El fracaso político que el Gobierno asumió el viernes, cuando por falta de votos resignó el amplio capítulo fiscal de la mega ley, es el resultado preanunciado de una puja por los recursos extra que la Nación quiere salir a cobrar al sector privado. El esquema fiscal que pretendía el ministro Luis Caputo obtenía sus principales ingresos del interior productivo y no planeaba coparticiparlos, mientras que sí suponía recortar jubilaciones en todo el país, como ya aplica un ajuste que es absolutamente federal.
Negociación imposible
Un ajuste siempre es una materia delicada, la recesión cubre casi todo el mapa nacional y el Gobierno tiene absoluta minoría en ambas cámaras. A esas tres férreas limitaciones, el equipo de Milei le sumó un nivel de impericia en materia de diálogo parlamentario que es el primer comentario de todos los cordobeses que participaron en alguna instancia de la negociación en Diputados.
Quienes creyeron haber dado con un interlocutor habilitado, en la siguiente reunión se encontraron con otra persona. O con la misma, pero con un dictamen cambiado. El nivel de desconfianza es total y la única referencia en pie es el ministro del Interior, Guillermo Francos.
En ese escenario alterado, Córdoba tiene jugadores experimentados y otra particularidad que en el resto de las provincias sorprende: el gobernador peronista Martín Llaryora está integrado a la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio –pretende liderar el “dialoguismo”– y en la provincia donde Milei sacó su máximo porcentaje en el balotaje, apenas tres de los 18 diputados están alineados sin condiciones con La Libertad Avanza. Otros dos están alineados sin condiciones con el kirchnerismo y los 13 restantes comparten casi plenamente la posición cordobesista cuando están en Buenos Aires. Después todos vuelven a Córdoba y sobreactúan las diferencias: eso también se observará esta semana.
En la Córdoba que gobierna Llaryora, 3 de cada 4 lo votaron a Milei. El gobernador no quiere que nadie lo confunda con un opositor, pero además acuerda en la necesidad de equilibrar las cuentas nacionales, siempre que no sea a costa de extraer más recursos de Córdoba: es la postura histórica del peronismo cordobés en contra las retenciones, radicalizada por el hecho de que Milei quiso avanzar sobre las exportaciones con mayor valor agregado, incluidas todas las industriales.
Llaryora encontró en ese punto una bandera de guerra inesperada para el cordobesismo. Más allá de la legitimidad de ese reclamo, el peronismo cordobés encontró otras decepciones mayores en Diputados: el Gobierno nacional priorizó el lobby petrolero sobre la industria de los biocombustibles, pero además lo hizo con malas artes, acordando un proyecto con seis provincias y desconociendolo en el dictamen.
Lo mismo ocurrió en un frente mucho más medular para las finanzas provinciales. Avanzó una negociación para que antes de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la Anses cancelara las deudas que mantiene con las cajas de jubilaciones no transferidas. Según el Panal, actualizada, la deuda con la Caja cordobesa asciende a casi 500 mil millones de pesos: la cifra garantizaba el respaldo del cordobesismo. El problema fue que esa cláusula tampoco apareció en el dictamen. A la indignación llaryorista le siguió el anuncio de Caputo dando por caído el paquete fiscal.
Primer mensaje
No obstante, Llaryora considera que Milei debe tener el martes una ley. Desde mañana se instalará nuevamente en Buenos Aires hasta que sesione Diputados. También aspira a reactivar parte del paquete fiscal: que el Gobierno obtenga tanto como esté dispuesto a coparticipar, siempre que no suba retenciones.
Esta semana, además de la gira porteña, Llaryora tiene cita en la Unicameral. El jueves dará su primer discurso de inicio del año legislativo ante un recinto que también muestra un paisaje absolutamente atípico para el peronismo: apenas un voto de ventaja para el oficialismo, porque una legisladora del PRO saltó de bancada y una oposición envalentonada y afianzada en la unidad que supieron sostener los legisladores radicales y juecistas, que sigue con lupa cada expediente que ingresa al Tribunal de Cuentas que controla y que tiene planes de agitar las aguas más sensibles del universo estatal.
La agenda del interbloque de Juntos por el Cambio tiene como primer tema la restitución del 82 por ciento móvil para los jubilados provinciales: justo lo que hace falta en el momento en que el déficit previsional de Córdoba alcanza un nivel récord porque el aporte nacional se encuentra en el mínimo de la década, ya que los recursos que se giran están congelados desde 2019.
