El jueves pasado, el gobernador Martín Llaryora se trasladaba desde la localidad de San Agustín hacia Alta Gracia, cruzando zonas turísticas abarrotadas de visitantes por el finde extralargo. Sonó su celular, lo llamaba la diputada nacional Alejandra Torres. El tono de voz anticipaba una mala noticia: “Martín, el Presidente publicó un decreto en el confirma que no vendrá un peso para la Caja de Jubilaciones”, dijo, escueta, su exfuncionaria en la gestión municipal capitalina, quien también viajaba en auto.
Llaryora se sorprendió por el momento en el cual la Casa Rosada publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU), cuando se está en plena negociación con los gobernadores para aprobar la nueva “ley ómnibus”, mucho más acotada que la que no se aprobó en febrero pasado.
En realidad, la decisión de no enviar a la Caja de Jubilaciones ni “un peso”, en lenguaje de la diputada Torres, se está ejecutando desde enero pasado.
En la primera semana del año, cuando recién se estaba acomodando en el sillón principal de la Anses, Osvaldo Giordano le sugirió al ministro de Economía, Luis Caputo, pagar los 90 mil juicios a jubilados nacionales y las deudas con las 13 cajas provinciales que no fueron transferidas a las Nación, entre ellas, la de Córdoba, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eran unos U$S 5.500 millones, de los 35 mil millones que tiene ese organismo.
La respuesta que llegó desde el Palacio de Hacienda al entonces flamante titular de la Anses fue contundente. “Cuota 0 para las cajas provinciales”.
“Toto” Caputo se aferró a su objetivo de déficit cero. Decidió no cumplir la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, que se prorrogó para este año y que en sus artículos 92 y 93 indicaba que la Anses debía financiar a las 13 cajas provinciales, con actualización por la movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentina (Sipa).
Ya se dijo, no es un favor a los gobernadores. Esas provincias aportan fondos de impuestos que se utilizan para pagar las jubilaciones nacionales, pero no viene nada para las cajas que pagan jubilaciones provinciales.
En realidad, la Caja de Jubilaciones de Córdoba no recibió un peso de la gestión libertaria. Aunque Milei ya estaba sentado en el sillón de Rivadavia, el 20 de diciembre pasado llegó la última cuota del año pasado ($ 1.070 millones), sin actualización, por una decisión administrativa que había tomado el anterior Gobierno nacional.
Llaryora tomó medidas para tratar de tapar el agujero financiero que genera la falta de cumplimiento de la Nación. Aumentó los aportes personales de los empleados públicos cordobeses y reactivó el diferimiento de los aumentos para los jubilados provinciales que cobran haberes de más de $ 470 mil.
Esas medidas están lejos de cubrir los más de $ 10 mil millones mensuales que deberían venir de la Anses, pero el ajuste preventivo le sirvió al gobernador para acomodar los números de las finanzas provinciales.
“Qué me van a hablar de ajuste; yo también ajusté”, rezongaba en privado Llaryora, un mes atrás, cuando el presidente Milei lo acusó de ser un “gastador serial”.
Negociación
El nuevo DNU presidencial vuelve a crispar los ánimos de los 13 gobernadores que no esperaban esta decisión “oficial”, cuando están negociando para sacar leyes en el Congreso.
El decretazo de Milei vuelve a tensar la cuerda cuando el ministro del Interior, Guillermo Francos, gasta su celular hablando con los mandatarios provinciales para conseguir apoyo político para aprobar la “ley ómnibus”.
Llaryora habla más de lo que trasciende con el titular de la cartera política nacional, uno de los pocos ministros (junto con Patricia Bullrich) con trayectoria política, además de negociador nato. Es decir, “casta”, en el áspero lenguaje de Milei.
Algunos gobernadores, como el santafesino Maximiliano Pullaro, ya adelantaron que podrían ir a la Justicia contra el DNU.
Llaryora se enoja en privado, pero es probable que no vaya a Tribunales, al menos por ahora. Córdoba tiene dos demandas presentadas contra la Anses, impulsadas por el anterior gobernador, Juan Schiaretti.
Como a todo político, a Llaryora hay que aplicarle una vieja regla no escrita, cuya autoría se atribuye a Néstor Kirchner: no escuchar lo que dice y mirar lo que hace.
El mandatario cordobés no irá a la guerra contra la Nación en este momento. Está negociando el apoyo de sus diputados a la “ley ómnibus”. “Esta vez saldrá”, pronostican en el Centro Cívico.
No obstante, Llaryora tiene casi acordado con la Nación otro tema, que para él es mucho más importante en este momento: el aval nacional que Córdoba necesita para colocar este año en el mercado interno el primer tramo de una deuda que puede llegar a $ 500 mil millones.
Con esos fondos, el gobernador cubrirá los dos vencimientos que tiene este año (junio y diciembre) por casi U$S 160 millones cada uno, que le dejó su antecesor Schiaretti.
Lo demás está todo en discusión, pero a Llaryora lo que más le preocupa es no caer en default.
