La semana pasada se terminaron de romper los puentes entre Javier Milei y los gobernadores de todas las provincias. La crisis detonó en el Congreso, pero se originó en la destructiva dinámica que La Libertad Avanza impuso a la relación con las provincias a lo largo de los 19 meses que lleva su mandato.
La imagen del derribado puente peatonal de la ruta nacional 7, que por casi tres días impidió el tránsito a la altura de Huinca Renancó, tiene la fuerza de las metáforas. Ese puente cayó el lunes, el mismo día en que Milei disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, entre tantos otros organismos fulminados sin que quede claro quién asumirá las funciones operativas que tenían en el vasto territorio nacional.
El puente caído estuvo tirado casi tres días sobre esa ruta nacional, sin que nadie brinde una respuesta. Tras el reclamo de la Provincia –el reclamo mediático, ya que por las vías formales nadie había respondido– alguien ordenó a la empresa Corredores Viales que retire la estructura y rehabilite el tránsito. Desde el jueves, el puente sigue tirado, ahora al lado de la ruta.
Eso ocurrió a la misma hora en que el Senado transformaba en ley el aumento del 7,2% para los jubilados, la suba del bono a 110 mil pesos, la restauración de la moratoria previsional y la emergencia en la asistencia de la discapacidad. Además, los senadores rechazaron el veto a la emergencia por catástrofe para la ciudad de Bahía Blanca y le dieron media sanción a la ley impulsada de forma unánime por los gobernadores para que se coparticipen los recursos asignados a ATN y se distribuyan los fondos del Impuesto a los Combustibles que están asignados a obras o funciones que la Nación ya no realiza en las provincias.
Romper todo
Milei sostiene que los gobernadores “rompieron todo” para destruir su gobierno. El “todo” del Presidente es el superávit fiscal. Promete veto, judicialización, rayos y centellas contra los “degenerados fiscales”.
Los gobernadores repiten al unísono –la unanimidad es la gran novedad de esta escena política– que ese superávit es mentiroso: que para lograrlo la Nación incumplió leyes, retuvo fondos de las provincias, desconoció sus obligaciones básicas y profundizó el centralismo, además de mantener los perjuicios que ya sufrían los jubilados desde la pandemia y de agravar dramáticamente las condiciones que enfrentan las personas con discapacidad.
Más allá de los motivos políticos y administrativos, la puesta en común que desde hace unos tres meses realizan todos los gobernadores fue una sumatoria de destratos institucionales y personales. El sentido común indicó desde el vamos que difícilmente pudiera surgir algo constructivo de la difamación que el propio Presidente lleva adelante a través de las redes sociales.
Si los puentes no se rompieron antes fue casi exclusivamente por la cordialidad de Guillermo Francos. Pero los buenos modales del jefe de Gabinete tampoco suponen respuestas concretas a las provincias.
En el diálogo entre los gobernadores quedó en evidencia el absurdo mayor del relacionamiento político libertario: el maltrato fue todavía más encarnizado con los dialoguistas que con los opositores plenos.
El caso de Martín Llaryora es ilustrativo: apoyó explícitamente los proyectos clave del oficialismo, sus diputados aportaron votos decisivos en algunas iniciativas y asumió un rol proactivo ante algunas iniciativas nacionales, como la transferencia de empresas públicas. Pretende que se provincialice Fadea, manifestó interés en asumir la gestión de la Central Nuclear de Embalse, adhirió rápidamente al Rigi y al blanqueo. Igual tuvo que patalear en la Corte para que la Caja de Jubilaciones reciba apenas un cuarto de los recursos que deberían llegar cada mes. No hubo un peso de ATN para Córdoba, no hay avance en esas negociaciones por Fadea, la mayor parte de los ministros no tienen vías de contacto con funcionarios nacionales, las respuestas son escasas en todos los niveles y Llaryora es el prototipo mileísta de “degenerado fiscal”.
La sumisión que reclama Milei es total. Exige que también se borren del mapa los Estados provinciales: el problema es que el Presidente administra números y los gobernadores gestionan los territorios donde viven los argentinos. Que estén reclamando lo mismo todos los mandatarios, desde Jorge Macri a Gildo Insfrán, es el principal indicador de la magnitud del problema institucional que vive el país.
En ese estado de cosas, solo fue cuestión de que los gobernadores encontraran el espacio institucional. Eligieron el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Avisaron a principios de junio con una foto donde sólo faltaba el representante de Corrientes. Tras esa reunión, sorpresivamente se aprobó en la Cámara de Diputados la suba jubilatoria que este jueves el Senado transformó en ley. Desde entonces los movimientos de los mandatarios provinciales están coordinados al detalle.
Tres semanas después estaban todos los gobernadores en el CFI y esperaban a Francos. Pero fueron dos secretarios y no llevaron respuestas. Ese día, el 23 de junio, quedó resuelta la escena que el jueves detonó en el Senado. También avanzan, con distintos planteos, decenas de reclamos provinciales en la Corte Suprema de Justicia, un árbitro que hasta ahora dejó avanzar todas las jugadas de Milei.
Independencia
Los gobernadores también eligieron el momento preciso. Fue a un mes del inicio del proceso electoral –el 7 de agosto deben estar inscriptas las alianzas electorales en todo el país–, tras el vencimiento de las facultades delegadas que hasta el lunes pasado le permitieron a Milei gobernar por decreto y fue también el Día de la Independencia. La escena terminó el jueves en el Senado, pero comenzó un día antes en Tucumán: lo peor de despreciar tanto la política, es ignorar las señales políticas.
De los tres senadores cordobeses, Alejandra Vigo votó positivamente todos los proyectos que Milei quiere vetar y Carmen Álvarez Rivero actuó como si ya formara parte del bloque de La Libertad Avanza y se retiró del recinto con los libertarios.
Luis Juez tal vez haya sido el senador más incómodo el jueves: fue el único representante provincial que rechazó la coparticipación de los ATN y los fondos del impuesto a los Combustibles. Pero igual conoció la ira libertaria en redes sociales: su discurso entre lágrimas al fundamentar su voto a favor de la emergencia en Discapacidad fue una de las críticas más potentes que recibió Milei. También votó a favor de la suba jubilatoria. Tomó el recaudo de avisarle antes a su amigo Presidente lo que iba a votar. No está claro aún si en el universo libertario también rige la máxima “el que avisa no es traidor”.
En el Panal dudan de que Milei vete las cuatro leyes que repudia. El razonamiento indica que vetar sería una manera de validar la existencia de esas leyes que el Gobierno pretende desconocer, y además el riesgo de que ambas cámaras del Congreso rechacen los vetos es alto. Hasta ahora ningún constitucionalista asigna chances a una invalidación judicial del procedimiento legislativo. Un verdadero desafío para Milei, que desde el jueves gobierna en un escenario distinto.
El Presidente reitera que todo cambiará a partir del 11 de diciembre, cuando se renueve el Congreso, pero sabe que eso no es cierto. La idea de que “arrasará” en octubre debe constatarse en las urnas, pero aún cuando eso ocurra, no tendrá mayorías. Está obligado a reconstruir los puentes con los gobernadores. Y también hay que reconstruir el puente de la ruta nacional 7.
