Con críticas a la gestión presidencial de Alberto Fernández y al kirchnerismo, el gobierno nacional tomó otra medida que avanza en la desregulación del Estado. Mediante un decreto presidencial, Javier Milei derogó la obligatoriedad del Estado de contratar servicios de empresas públicas.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y fogoneado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y libera al Estado de la obligación de contratar los servicios de empresas públicas como Nación Seguros y Banco Nación o utilizar combustible solo de YPF o pasajes exclusivamente a Aerolíneas Argentinas.
Aunque ya había trascendidos sobre el tema en el ministerio que asumió hace un mes Sturzenegger, la medida llegó en medio de la investigación judicial por la contratación de seguros que involucra a Alberto Fernández.
El gobierno de Milei derogó cuatro decretos, tres dictados en 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y el restante firmado por Alberto Fernández, y que regía desde diciembre de 2021. Ese decreto impuso la obligación al sector público de contratar pólizas de seguro por medio de la empresa Nación Seguros S.A., unidad económica que integra el Grupo Banco Nación.
El expresidente fue denunciado judicialmente en febrero en una investigación por la contratación de estos seguros, cuya intermediación habría favorecido al entorno de Fernández con el cobro de comisiones. Entre los investigados está Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y esposo de quien fuera secretaria durante la Presidencia, María Cantero.
Otro decreto derogado (el 1187/12) determinaba la obligación al “implementar el pago de haberes” en el Estado por medio del Banco de la Nación Argentina.
El decreto 1189/12 había establecido para “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional” la contratación “con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
El cuarto decreto que derogó Milei disponía para el sector público la utilización de “los servicios de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, de Austral Líneas Aéreas Cielos Del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados”.
En los considerandos del decreto del presidente Milei se remite a otro decreto, el emblemático 70/23, que en diciembre pasado declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2025.
El llamado “DNU 70″ -que, pese a ser rechazado por el Senado, sigue vigente mientras no lo vete Diputados - dispuso “un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”. Allí se precisa que “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios”.
Sturzenegger fue la voz del gobierno de Milei que explicó -con un fuerte tono político- los fines perseguidos por la derogación de los cuatro decretos. El ministro, en el texto publicado en su cuenta de la red social X, dijo que con el nuevo decreto –que también firmó Guillermo Francos-, se eliminan “los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas”.
“Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados”, dijo el ministro.
“Se deroga el nefasto decreto que obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros. Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un broker para que logre una contratación que era obligatoria por ley”, argumentó Sturzenegger, sobre la normativa dictada por Alberto Fernández.
Después realizó una valoración de los otros tres decretos derogados: “El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA. El Decreto 1187/12 que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación, y el Decreto 1189/12 que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos. Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó. VLLC!”, resumió Sturzenegger.
