Si bien la eventual reforma del Monotributo aún no fue presentada oficialmente y el propio presidente Milei negó los rumores de su eliminación, distintas señales apuntan a que el Gobierno buscará acercar el Monotributo al sistema tributario general, en el marco de una reforma impositiva más amplia.
Esta idea no surge de la nada. El FMI, en su informe de abril elaborado durante el acuerdo por los U$S 20 mil millones, recomendó avanzar hacia un esquema tributario más simple y menos distorsivo.
Allí, el organismo planteó reducir impuestos como derechos de exportación, Ingresos Brutos e impuestos sobre las transacciones financieras y fortalecer los impuestos directos. En ese contexto, también sugirió armonizar las alícuotas del Monotributo y facilitar el paso de los pequeños contribuyentes al régimen general.
Por qué cambiar el Monotributo
El principal problema del Monotributo es la asimetría que genera respecto a otros trabajadores de similares ingresos:
- Un asalariado en blanco debe pagar 11% de su ingreso para jubilación, 3% para obra social y 3% para Pami. Es decir, un 17% de su salario, además de tener que pagar Impuesto a las Ganancias si tiene un ingreso alto.
- Un autónomo paga un aporte jubilatorio fijo que puede llegar hasta $ 258 mil, entre 5% y 35% de Ganancias según su nivel de ingreso, más 21% de IVA, y no tiene cobertura de salud. A esto se suma que adherirse al régimen es bastante complejo.
- Un monotributista, en cambio, paga entre el 5% y el 8% de sus ingresos por todas sus obligaciones previsionales y tributarias, y además tiene obra social. Es decir que abonando una suma fija mensual relativamente baja paga el componente previsional (jubilación y obra social) y el componente impositivo (IVA y Ganancias).
Estas diferencias generan inequidades e incentivos a la informalidad, algo que se refleja también en el plano social. Hoy, un trabajador informal cobra una AUH de $ 119.691, mientras que un monotributista o un asalariado formal con ingresos bajos recibe una Asignación Familiar máxima de $ 59.851. Es decir que dos hogares similares reciben prestaciones muy distintas solo por el tipo de inserción laboral.
Lo que sí debe mantenerse
Pese a sus problemas, el Monotributo tiene una virtud central: la simplificación del esquema tributario, sobre todo para pequeños contribuyentes. La unificación de impuestos tiende a aumentar el padrón de contribuyentes y la regularidad de pago, tal como lo evidenció, por ejemplo, el Monotributo Unificado de Córdoba.
Por eso es fundamental que los trámites de adhesión sigan siendo sencillos y que se avance en la unificación impositiva. Pero la simplificación, por sí sola, no alcanza. De los seis millones de cuentapropistas que hay en Argentina, apenas el 40% está registrado (6% como autónomos y 34% como monotributistas). El resto sigue en la informalidad, aun con un Monotributo de bajo costo y fácil incorporación.
Esto muestra que la armonización del Monotributo debe diseñarse con extremo cuidado: de lo contrario, la reforma podría producir el efecto opuesto al esperado y aumentar, aún más, la informalidad.
Cómo lograr una transición ordenada
Hoy, el salto del Monotributo al Autónomo es abrupto: suben los costos y la burocracia, y se pierde la cobertura de salud.
Una alternativa, en línea con estándares internacionales, es tender hacia la simplificación impositiva. Una propuesta en esta dirección es crear un único impuesto a los ingresos que absorba los aportes a la seguridad social de los asalariados, el aporte personal y el impuesto a las ganancias de los autónomos y el Monotributo.
Así, todos los trabajadores, tanto asalariados como independientes, quedarían sujetos al mismo impuesto. Este tributo unificado debería contemplar un mínimo no imponible y alícuotas progresivas que crezcan con el nivel de ingreso de la persona.
Del mismo modo, debería unificarse el esquema de asignaciones familiares, para evitar las fuertes inequidades actuales entre hogares de ingresos similares.
Si la reforma tributaria logra combinar simplificación, progresividad y una transición armoniosa, puede ser una buena oportunidad para reducir las inequidades y ampliar la formalidad. Si no, corre el riesgo de generar más trabas, brechas e informalidad.
*Economista de Idesa
