El legislador provincial y exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, hizo saber este lunes que solicitará a la Legislatura de Córdoba que apruebe su licencia en su cargo y el no cobro de los haberes hasta tanto se expida la Justicia, después de que se conoció una denuncia en su contra por presuntos hechos de violencia de género realizada por una joven suboficial de la Policía.
“Como es de dominio público, la Fiscalía de Género y Violencia Familiar, del Segundo Turno, a cargo del doctor Gerardo Reyes, investiga un caso de su competencia en el que maledicentemente se pretende involucrarme. Ante ello, y fiel a mis convicciones inalterables de repudio ante este ignominioso flagelo, las que comparto plenamente con mi letrado, el doctor Carlos Nayi, adalid en toda su intachable trayectoria como abogado de los derechos de las víctimas, solicito al cuerpo legislativo me conceda una licencia sin goce de haberes hasta el total esclarecimiento del hecho que se investiga, del cual reitero una vez más soy absolutamente ajeno”, expresó Mosquera, quien asumió en su banca en septiembre de 2022, después de apartarse de la cartera de Seguridad.
“Los funcionarios públicos tenemos ante la sociedad responsabilidades superiores que deben ser honradas y actuar en consecuencia, despojándonos de cualquier investidura que pueda interpretarse como situación de ventaja o privilegio, cuando en realidad ser legislador sólo otorga obligaciones, las que deseo asumir cabalmente. Es con ese ánimo como solicito mi propio apartamiento del cuerpo legislativo para colaborar de manera irrestricta con el total esclarecimiento de los hechos y fundamentalmente acompañar a mi querida esposa y a mi familia en estas horas de angustia”, agregó el legislador del bloque Hacemos por Córdoba.
El jueves pasado, Mosquera había publicado en su cuenta de la red social X que el hecho con el que se lo involucraba se trataba de una “noticia falsa”.
“Ante la maliciosa circulación de una noticia falsa que, con fines inconfesables, pretende vincularme con un hecho de violencia doméstica, desmiento categóricamente tal circunstancia y reservo acciones legales ante quienes difundan temerariamente tales infamias”.
Tras esta publicación del exministro provincial, al día siguiente se conoció que la Fiscalía de Violencia Familiar, a cargo de Reyes, tenía abierta una investigación por un supuesto hecho de violencia de género en su contra.
Su abogado defensor explicó este lunes que su cliente está a disposición de la Justicia para brindar información al respecto.
“Su pedido de licencia no tiene tiempo, es hasta que quede esclarecido el panorama en esta investigación penal preparatoria, y, obviamente, esta decisión de Mosquera es en sintonía con lo que le he recomendado como abogado: dar el ejemplo porque una voluntad inquebrantable no debe estar solamente agotada en el relato, debe plasmarse por escrito y en situaciones reales. Debe despojarse de cualquier privilegio que le otorgue la función o cargo público que pudiera llegar a inducir o a dar lugar a que puede haber algún tipo de inferencia desde el llano. Desde esa perspectiva se está trabajando en búsqueda de la verdad real”, insistió en diálogo con La Voz Nayi, quien lo acompaña desde que trascendió una denuncia en contra del legislador.
Por lo que se pudo conocer, Mosquera, quien no está imputado, intentará demostrar que el 31 de octubre pasado, día de los hechos con los que se lo acusa, ni en jornadas anteriores, tuvo contacto con la mujer que lo denunció.
También se buscarán presentar pruebas de que el legislador no estuvo en el domicilio de la denunciante.
“Es una infamia total con la que pretenden involucrarlo”, insistieron desde el entorno del dirigente justicialista.
La Legislatura de Córdoba tiene en este período legislativo a dos parlamentarios suspendidos que pertenecen al actual cuerpo legislativo.
En diciembre de 2022, se apartó a Oscar González hasta tanto se resuelva su situación judicial, en la que se investiga su participación en un siniestro vial en las Altas Cumbres, en el que murió una mujer; y luego se suspendió de su banca, sin el goce de sus haberes, a Eduardo Serrano, quien fue denunciado por su exesposa por violencia de género.
En este último caso, Serrano no pidió licencia, y fue el cuerpo legislativo quien decidió su apartamiento por mayoría hasta tanto se resuelva su situación judicial.
