Tras cuatro horas de críticas casi ininterrumpidas al proyecto de creación de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, la oposición legislativa se levantó en bloque y el peronismo aprobó, con cambios, el proyecto presentado por Nadia Fernández e impulsado por el Ejecutivo provincial.
Fernández habló este viernes con La Voz En Vivo.
“Es importante contar con un instituto dentro del Poder Judicial para velar por la independencia de criterios que tiene que tener una persona y autonomía para controlar e inspeccionar centros penitenciarios administrados por el Poder Ejecutivo”, recalcó.
Fernández negó que se trate de un “privilegio” la creación de estos cargos dentro de un organismo administrativo. Nadia defendió la “inamovilidad” de los puestos, pero dijo que con “el paso del tiempo” se dio marcha atrás con esa medida.
La legisladora consideró que la oposición está “alejada de la realidad” y que buscan impedir la gobernación.
“La casta de la Procuración Federal tiene 10 empleados con rangos de funcionarios, con 300 presos, y no mandan un peso; y acá se quejan por estos funcionarios”, dijo Fernández.
La legisladora defendió que sea el Ejecutivo quien designe los siete cargos, y no por concurso. “Es legal”, dijo, pese a evitar responder cuál es la razón para que sea el gobernador quien promulgue esos nombres. “Queremos detener la crisis del sistema penitenciario”, indicó luego, para recalcar que fue el Ejecutivo quien denunció los casos de corrupción por la que fue detenida la cúpula del SPC en los últimos años.
La discusión fue una de las más intensas del año, puesto que la oposición objetó en durísimos términos el proyecto que inicialmente creaba siete cargos de carácter inamovible, máximos sueldos judiciales y jubilaciones de privilegio para conformar ese organismo administrativo que tendrá la misión de tutelar los derechos humanos de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba.
Los opositores se retiraron justo cuando Nadia Fernández se aprestaba a defender su proyecto y anunciar cambios importantes. En ese momento, la legisladora les gritó a los radicales que la única política penitenciaria que ejecutaron fue “la venta fraudulenta de la cárcel del Buen Pastor”.
Los cambios anunciados
Fernández luego fue la encargada de anunciar que el oficialismo había decidido dar marcha atrás con la inamovilidad en el cargo del procurador Penitenciario y con las jubilaciones de privilegio que preveía el proyecto original.
En cambio, se estableció que el procurador penitenciario durará cinco años en el cargo y que puede ser designado por otro período consecutivo. Los procuradores adjuntos –que serán hasta cuatro– sí serán inamovibles y serán designados a propuesta del Ejecutivo con intervención de la Legislatura.
También se eliminaron del proyecto los artículos que hacen referencia a la incorporación de los ocupantes de los cargos de la Procuración Penitenciaria en el régimen previsional especial de los magistrados del Poder Judicial, y la posibilidad de acceder con solo cuatro años de aportes. Es decir, no tendrán jubilación de privilegio.
La ley se aprobó por 35 votos contra 1, puesto que el único opositor que permaneció en su banca fue el libertario Agustín Spaccesi.
“Esto viene acompañado de lo que nosotros hicimos en abril que fue declarar la emergencia penitenciaria”, indicó Fernández en La Voz En Vivo. Por esa razón se construye una cárcel de máxima seguridad.
Debate tenso
La discusión comenzó con la intervención del socialista integrante de Provincias Unidas Matías Chamorro, quien celebró la creación del nuevo organismo y aclaró que el objetivo de la norma no es cumplir con el mecanismo de prevención de la tortura en las cárceles.
La aclaración vino a cuenta de que al mediodía había ingresado a la Unicameral una nota del Comité Nacional de Prevención de la Tortura que señala la inconsistencia del proyecto de Procuración Penitenciaria para revetir los prolongados incumplimientos de la Provincia con normas internacionales. Todo lo que siguió fueron argumentos en contra del proyecto.
“Ustedes perdieron toda credibilidad: no les interesa en lo más mínimo mejorar las cárceles, no consultaron a nadie y aprovechan un tema tan sensible como éste para generar una estructura de cargos para ubicar a sus amigos y para zanjar una interna judicial”, dijo el juecista Walter Nostrala, quien deslizó que uno de los ubicados en la Procuración sería el actual fiscal general adjunto Alejandro Pérez Moreno.
Antes, la legisladora radical Brenda Austin hizo una extensa crítica jurídica y funcional del organismo que impulsa el peronismo cordobés. Describió la crítica situación de las cárceles cordobesas, la cantidad de hechos de tortura y muerte de los últimos años y los incumplimientos sistemáticos de la Provincia con la obligación de crear un mecanismo local de prevención de la tortura. A renglón seguido, argumentó las razones por las cuales considera que este nuevo organismo no solucionará ninguna de esas deficiencias.
“Una falta de respeto”
“Este dictamen es una falta de respeto a toda esta historia y al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que ya hizo tres visitas y después realizó señalamientos de violaciones graves en las cárceles de Córdoba. Se ríen en la cara de mucha gente que viene trabajando con seriedad, porque esto no sirve para nada y tiene un costo de por lo menos mil millones de pesos al año”, indicó Austin.
Cuestionó además que la Procuración dependa del Poder Judicial. “La naturaleza jurídica de los órganos de control está en el Poder Legislativo, con autonomía y autarquía. Es un contrasentido que el órgano de control funcione dentro del poder al que debe controlar”, indicó.
“Van a poner a dedo a un procurador al que ni siquiera le van a pedir probidad ética, no harán ningún concurso público de antecedentes y le fijan un sueldo escandaloso. No entiendo cómo les da la cara para crear cargos de 12 millones o 15 millones de pesos, con jubilación de privilegio y caracter vitalicio, y designarlos a dedo”, recalcó Austin, quien reiteró que “es descarado” el proyecto.
La también radical Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio, dijo que el peronismo está creando “un nuevo organismo ineficiente y una nueva casta vitalicia, cara e innecesaria”.
Cuestionó la falta de debate y de participación, y la total ausencia de sentido común. “Instauran una cadena de mando confusa, suporponen facultades de numerosos organismos con funciones similares y para colmo hablan de autonomía funcional, lo que es un verdadero chiste”, dijo. Fue especilamente crítica de la injusticia que supone el régimen de jubilación de privilegio para los miembros del nuevo organismo, mientras que la Provincia avanza hacia nuevos recortes jubilatorios.
“Burocracia vitalicia privilegiada”
El flamante integrante de la bancada del PRO Oscar Agost Carreño –asumió hoy, tras dejar su banca en Diputados– también anticipó su voto negativo. “Estamos creando un órgano cuasi judicial, con sueldos equiparables a la Justicia e inserto en el Poder Judicial, pero sin cumplir con los requisitos que el Poder Judicial exige a sus miembros y designando a dedo a personas en cargos vitalicios”, indicó.
Consideró que nadie del oficialismo explicó la crisis penitenciaria que se pretende resolver, ni en qué podría mejorar a las instituciones de Córdoba el proyecto. “No usemos a los presos como excusa para generar una burocracia vitalicia privilegiada en diciembre”, concluyó.
“Ayer en comisión eran cinco cargos, hoy estamos discutiendo siete cargos, capaz que si vamos a un cuarto intermedio terminan siendo 10 cargos”, dijo el legislador radical Dante Rossi, de Construyamos Córdoba. Consideró que no hay ninguna función de la nueva Procuración Penitenciaria que no pueda ser cumplida por otros organismos del Estado.
Gerardo Grosso también debutó ayer en la banca de Encuentro Vecinal Córdoba que comparte con Rodrigo Agrelo. “Esta sesión me recuerda a la de 2021, cuando aprobaron el juego on line. Esto es igual de ruinoso, no trae ninguna solución, cuesta más de 900 millones en sueldos y solo beneficiará a siete privilegiados amigos del poder”, sostuvo.
Críticas de izquierda y derecha
Desde la banca del FIT-Unidad, Luciana Echevarría. “Chamorro se apuró en aclarar que este proyecto no es para crear un mecanismo local de prevención de la tortura. ¿Y qué estamos debatiendo entonces? Córdoba es una de las seis provincias que incumple con ese mecanismo y hay informes que advierten de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las cárceles, con impunidad estructural", señaló.
Recalcó que el proyecto es para que no cambie nada en las cárceles, y para acomodar a siete personas en cargos inamovibles de privilegio, sin impuesto a las Ganancias y con jubilaciones fuera de órbita. “No hay ningún argumento jurídico que justifique estos privilegios para quien ocupa un cargo administrativo”, planteó Echevarría.
Desde la vereda ideológica opuesta, el libertario Agustín Spacessi sostuvo: “Se va a designar a un grupo de abogados amigos del poder para que defiendan el derecho de los delincuentes presos, sin concurso, como si fueran jueces del TSJ. Es un despropósito ir en contra del sentido común y del humor social. No tiene lógica alguna”, indicó.
Gregorio Hernández Maqueda, de Mejor Futuro, consideró que el proyecto de ley es un acto de corrupción. “El problema de fondo es la crisis de inseguridad y de violencia que hace que 17 mil personas estén privadas de la libertad, el 70% sin condena”, indicó.
También cuestionó a la Justicia y dijo que Llaryora actúa como el octavo miembro del Tribunal Superior de Justicia, al que mencionó como “Tribunal Sumiso de Injusticia”. Criticó que se siga ampliando el Estado y sostuvo que hay numerosas estructuras que podrían cumplir las funciones que se asignan a la Procuración Penitenciaria.
