Luego de 3 meses y medio del escándalo conocido como el caso de la “empleada fantasma” Virginia Martínez en la Legislatura de Córdoba, la vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández (Hacemos Unidos por Córdoba-PJ), quien impulsó la contratación de la mujer, volvió a romper el silencio.
Ya el 6 de marzo le había dado una nota a La Voz en la que dijo que en el caso de esta contratada “no se ocultó nada”.
Este lunes, la legisladora admitió a El Doce que fue Guillermo Kraisman quien le recomendó a Martínez y ofreció detalles sobre el proceso y las razones de su silencio inicial.
Entre los puntos más destacados de su declaración, Fernández negó rotundamente que hayan existido “empleados fantasmas” en la Unicameral.
“No hubo, no hay ni habrá empleados fantasmas en la Legislatura de la Provincia de Córdoba”, afirmó.
Además, justificó su silencio inicial alegando “prudencia” debido a que los hechos están bajo investigación judicial, con imputados y detenidos, y aseguró que su prioridad era no entorpecer la causa ni generar “algún tipo de sesgo”.
La legisladora fue directa al rechazar la hipótesis que vincula su accionar con prácticas irregulares y remarcó que su intención era “llegar a la verdad” y deslindar responsabilidades.
Respecto a Virginia Martínez (la empleada titular de la cuenta de la que el exconcejal Kraisman quiso retirar 1 millón de pesos), Fernández aclaró que estuvo vinculada administrativamente a la Legislatura “desde diciembre hasta los primeros días de enero”, pero enfrentó “un sinnúmero de inconvenientes” para completar el legajo exigido, como los certificados de antecedentes y de buena salud.
Según su relato, cada vez que fue contactada, Martínez ofrecía evasivas.
“Cuando un empleado en la administración pública no reúne los requisitos, inmediatamente se le da de baja”, explicó Fernández.
Así, indicó que Martínez no llegó a cumplir funciones efectivas y que su baja se tramitó rápidamente.
Sobre el cobro de sueldos, Fernández evitó precisiones, aunque admitió que, al momento de ser contactada varias veces, Martínez “no se presentaba” y que “invocaba una serie de excusas”.
Pero dejó en claro que en el caso de Martínez, “no se vulneraron ni se apropiaron recursos estatales” gracias al sistema de control interno que, según dijo, tiene la Legislatura.
La legisladora reconoció que aceptó la recomendación de Kraisman para contratar a Martínez. Según detalló, produjo una vacante en su equipo de trabajo y, “de buena fe”, hizo lugar a la sugerencia.
“Así es, sí... me lo sugirió (Kraisman) en más de una oportunidad y yo hice lugar, de buena fe”, manifestó.
Sin embargo, se despegó de cualquier vínculo de complicidad: “De ahí a sugerir algún tipo de vinculación o sociedad, de ninguna manera”.
Sobre los cuestionamientos a su confianza en Kraisman, considerando sus antecedentes judiciales por violencia y corrupción, Fernández se defendió diciendo que en su experiencia lo había visto participar en actividades sociocomunitarias y que actuó “de buena fe”. Recordó que Kraisman fue convencional constituyente, concejal de la ciudad de Córdoba y funcionario municipal en varias gestiones. “Eso no significa que justifique semejante estupidez”, aclaró, aludiendo a los hechos que hoy investiga la Justicia.
Al ser confrontada directamente sobre si conocía el “prontuario” de Kraisman, Fernández admitió que sí, pero relativizó: “En el medio fue funcionario y concejal; eso también es real”. Reconoció que, con más de 30 años de experiencia en la política, este episodio le generó un fuerte enojo personal: “Me enoja mucho conmigo misma, porque soy tremendamente exigente”.
La demora en publicar la lista
Fernández también abordó las críticas sobre la demora en publicar la lista de asesores de la Legislatura, que se hizo efectiva meses después de que estallara el escándalo. Explicó que la publicación de esos datos no era tan sencilla como “apretar un botón” y que debía cumplir con requisitos legales derivados de un fallo del Tribunal Superior de Justicia.
En 2017, recordó, el Suoem (sindicato municipal) presentó un hábeas data colectivo contra la Municipalidad de Córdoba, que derivó en restricciones para difundir información personal de los empleados, como nombres, DNI, categorías y salarios.
Según Fernández, La Voz del Interior presentó solicitudes de Acceso a la Información Pública, pero lo que podía divulgarse debía cumplir con el principio de disociación de datos personales.
“Lo que se podía informarse en ese momento no cumplía con las expectativas concretas de La Voz del Interior”, sostuvo.
Además, dijo que frente al planteo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), que advertía sobre posibles acciones judiciales, optaron por tomarse unos días para responder adecuadamente.
La legisladora insistió en que Córdoba tiene “una institucionalidad y un sistema de control tremendamente fuertes”, y que su compromiso es con la transparencia y la defensa de los recursos públicos. “No hay ‘chocolates’, no hay nada de esas cosas raras”, enfatizó.
Consultada sobre el presupuesto de la Legislatura y los fondos asignados a asesores, Fernández defendió la administración de los recursos y aseguró que el funcionamiento era austero.
“Somos extremadamente frugales en la administración de los recursos públicos”, afirmó, y remarcó que los contratos de asesores no implicaban erogaciones exageradas ni discrecionalidad. “No hay derroche de fondos públicos”, insistió, al tiempo que sostuvo que todas las contrataciones cumplían con los requisitos administrativos y los controles internos.
Finalmente, subrayó que, tras advertir las irregularidades en el proceso de contratación de Virginia Martínez, procedió a su baja inmediata: “Chau, afuera; el que no quiere trabajar, está afuera”, concluyó.
Los escándalos de Kraisman
El escándalo se desató cuando Kraisman intentó cobrar el sueldo de Martínez en una sucursal bancaria.
Fue a mediados de enero cuando Kraisman quedó aprehendido por personal policial en el momento en el que supuestamente intentara retirar un millón de pesos de la sucursal de Banco de Córdoba, de la avenida 24 de Septiembre al 100, en barrio General Paz.
En ese momento el exfuncionario municipal se encontraba con una mujer, Luciana Castro, y habría buscado llevarse el dinero presentando un DNI de otra persona.
Según los datos que inicialmente aportó la Unicameral, Martínez fue “asignada a trabajo en comisiones” con una escala salarial como asistente legislativa nivel 3 y un sueldo de 878.361 pesos. El millón de pesos que intentó cobrar Kraisman en su nombre correspondería al salario de diciembre y al proporcional de medio aguinaldo y vacaciones. En el expediente de baja que se conoció, Martínez prestaba servicios para el bloque Hacemos Unidos por Córdoba.
En septiembre de 2024, Kraisman también se vio involucrado en otro escándalo cuando se retiró de un supermercado de la Capital con fiambres ocultos entre sus pertenencias que no habían sido abonados, según la acusación.
En aquel momento, Kraisman era director de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos de la ciudad de Córdoba. Al verse envuelto en aquel escándalo, que derivó en una detención e imputación, fue removido de su cargo a pedido del intendente Daniel Passerini.
