A 10 años de la muerte de Alberto Nisman, la fiscalía federal que investiga lo ocurrido, a cargo de Eduardo Taiano, difundió un informe que les pone nombre a las cosas. El informe lleva como título una palabra directa: “Homicidio”. Nisman fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero avanzada la noche del 18 de enero de 2015.
La muerte de Nisman fue un asesinato. Nisman no se mató, lo mataron. Todavía falta que un tribunal dictamine la verdad de esa afirmación. La búsqueda de la verdad en este caso parece avanzar un paso cada 10 años. Alberto Nisman era el fiscal que investigaba el atentado terrorista contra la sede de la Amia, que sucedió el 18 de julio de 1994. Fue designado en una unidad especial para esclarecer el hecho 10 años después de que ocurriera. Lo nombró el expresidente Néstor Kirchner, en el año 2004.
En el medio hubo una investigación judicial. Pero su desarrollo fue tan irregular que el año pasado, a tres décadas del atentado, la Cámara Federal de Casación –máximo tribunal penal del país– dio por probada la existencia de encubrimiento y confirmó condenas al exjuez José Galeano y al extitular de la Side durante la gestión presidencial de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, entre otros.
El tribunal declaró el atentado como crimen de lesa humanidad y responsabilizó al Estado de Irán y a la organización terrorista Hezbollah.
Nisman investigó el atentado hasta llegar a una conclusión, que plasmó en una denuncia presentada el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su muerte. Para Nisman, la firma de un tratado entre Argentina e Irán para juzgar a los culpables en este último país (“la patria de los prófugos”, según la expresión que usó entonces el abogado penalista Alberto Ángel Fernández) configuraba toda una nueva operación de encubrimiento para dejar el atentado en la impunidad.
La denuncia apuntó contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, entre otros. Ayer se cumplieron 10 años de esa presentación, radicada ante el juzgado del juez federal Ariel Lijo, porque era el juez que investigó la primera trama de encubrimiento, hoy confirmada. Lijo consideró que no había conexión entre un caso y otro y mandó la causa a sorteo.
Casi una década después de la denuncia de Nisman, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre pasado que Cristina Kirchner debe ir a juicio por ese pacto.
El máximo tribunal de la Nación rechazó los recursos extraordinarios presentados por la expresidenta, por Juan Martín Mena (actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires) y por Carlos Zannini, entre otros. Cristina Kirchner intentaba eludir el juicio oral y público, pero la Corte entendió que su recurso era inadmisible, ya que no estaba apelando una sentencia definitiva. La decisión del tribunal fue unánime.
Un plan criminal
En ese laberinto en el que las novedades mayores asoman por década, el fiscal Taiano difundió el informe reciente, que abona la hipótesis del homicidio que su equipo ensayó por primera vez en 2017. El informe es un repaso estremecedor de las circunstancias en las que se produjo la muerte de Nisman. Taiano no fue el primero en asumir la investigación. La causa anduvo navegando extrañamente en el fuero ordinario hasta que dos años después del hecho se resolvió la competencia federal.
La descripción del hecho es directa: Nisman fue asesinado mediante un plan que implicó la participación de personas que ingresaron a su departamento, lo redujeron, lo trasladaron al baño del cuarto principal, con la idea de simular un suicidio lo obligaron a ponerse de rodillas y le dispararon en la cabeza. Como parte del plan criminal, facilitaron el ingreso de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear ingresos.
Ese vínculo fue Diego Lagomarsino, colaborador informático de Nisman, apuntado como presunto agente inorgánico de la ex-Side, que comandaba entonces Oscar Parrilli, y como jefe operativo su segundo, Juan Martín Mena.
El informe de Taiano narra además cómo Nisman fue abandonado sin custodia durante 12 horas, durante las cuales ocurrió el crimen. Nisman acababa de denunciar penalmente a la entonces presidenta de la Nación por encubrimiento del atentado a la Amia, para favorecer al Estado iraní y a los terroristas de Hezbollah, y debía comparecer ante el Congreso de la Nación pocas horas después para explicar su denuncia. Pero quedó totalmente desprotegido.
Al tomar conocimiento de la muerte de Nisman, las autoridades nacionales permitieron que durante una hora y media –desde que la custodia ingresó al departamento– la escena del crimen fuese devastada por más de 80 personas.
Taiano subraya en su informe las dificultades que tuvo durante la gestión presidencial de Alberto Fernández para avanzar explorando distintas líneas de investigación. Los requerimientos a organismos del Poder Ejecutivo, como los vinculados a tareas de inteligencia del Estado o inteligencia militar, no obtenían respuestas. Cabe recordar que, desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, el secretario de Justicia de la Nación fue Juan Martín Mena.
El nombre de Mena es recurrente. Ese nombre apareció antes de la muerte de Nisman, en una extraña crónica de Horacio Verbitsky en el diario Página/12, en diciembre de 2014, semanas antes del asesinato. En ese artículo, Verbitsky informó que Nisman temía el cambio que Cristina Kirchner estaba impulsando en la ex-Side porque significaba un cambio en las relaciones con Estados Unidos. Sobre Nisman pesaba una condena a muerte (fatwa) por parte de Irán. Un cambio de relaciones con Estados Unidos e Israel lo exponía directamente.
Verbitsky comentó a fines de 2014 que Nisman intentó durante 48 horas comunicarse con el flamante jefe operativo de la ex-Side, Juan Martín Mena. “Llamó 30 veces al flamante subsecretario de Inteligencia, Juan Martín Mena, con quien al cierre de esta columna no había conseguido comunicarse”, escribió el 21 de diciembre de 2014.
Menos de un mes después, el 18 de enero de 2015, Alberto Nisman fue encontrado muerto. Desde el último informe del fiscal Taiano, decir “muerto” es una imprecisión. Corresponde decir: “asesinado”.
