El exintendente de Viamonte Gabriel Germán Fernández (54), procesado por múltiples delitos relacionados con supuestos hechos de corrupción con multimillonarios fondos de obra pública, seguirá detenido en la cárcel de Río Cuarto. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó su prisión preventiva.
Licenciado en Comunicación Social, pero devenido político, Fernández fue intendente de la pequeña población de unos 1.300 habitantes, ubicada 370 kilómetros al sudeste provincial, durante 20 años, entre 2003 y 2023.
Por el momento, es el único imputado y detenido, aunque no se descartan más acusados y arrestados en la causa que lleva adelante el fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas.
A instancias del fiscal, el juez Carlos Ochoa procesó a Fernández en marzo por los delitos de peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública, uso de documentos falsos y falsedad ideológica, y dispuso un embargo por $ 20 millones.
De forma paralela, Fernández está siendo investigado por la Justicia provincial por presuntos autopréstamos con fondos oficiales, aunque esta pesquisa no guarda relación con la causa federal.
Integrante del lote de “intendentes K” durante su gestión, Fernández no pudo presentarse nuevamente a una elección, por lo que su primo, Mauro Moyano, compitió con el ganador, el actual intendente, Facundo Francisco Manzoni (JxC).
Escándalo en Viamonte
El escándalo en el pueblo se desató cuando precisamente Manzoni lo denunció por supuestas irregularidades con fondos que la Nación había girado a la Municipalidad.
Señaló que entre 2020 y 2023, mientras Fernández era intendente, parte de los fondos millonarios enviados no habrían sido utilizados para los fines previstos. Manzoni dijo que el dinero no fue hallado en las arcas municipales, por lo que su destino es aún un interrogante, según se desprende de la causa.
Fernández habría recibido $ 300 mil del entonces Ministerio de Mujeres de la Nación (ya desmantelado) en la cuenta del municipio en el Banco Nación. El dinero fue destinado para la adquisición de mobiliario y equipamiento a los fines de la creación y puesta en marcha de una oficina de género en Viamonte.
Pero la dependencia nunca se creó y los fondos no fueron encontrados.
El Gobierno nacional, en ese momento a cargo del presidente Alberto Fernández, intimó a la Municipalidad para que realizara la rendición.
Entre 2021 y 2023, el imputado también habría recibido tres millones de pesos en concepto de subsidio por Covid-19 para asistir a personas vulnerables. La cifra no habría sido utilizada para ese fin ni tampoco se halló documentación respaldatoria de su destino.
Ya en septiembre de 2024, el Ministerio de Capital Humano intimó al municipio para que presentara la rendición.
Pero no fue la única irregularidad que le endilgó el fiscal, ya que en los dos últimos años como intendente, Fernández habría recibido una partida (aún sin precisarse su valor exacto) del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa) para financiar una obra de agua potable. El dinero nunca fue hallado, según la denuncia.
Asimismo, Fernández firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional para la construcción de obras. El plan era trazar redes de agua potable, electricidad, alumbrado público, caminos, gas natural y obras complementarias.
La comuna recibió $ 133,9 millones, pero según figura en la investigación judicial, los trabajos no se habrían completado: no se construyeron las veredas, el asfalto ni las redes de gas y de agua. Parte del dinero transferido no habría sido usado para ese propósito y tampoco fue localizado.
De los $ 133,9 millones, el último desembolso (de $ 35,4 millones), inmediatamente fue transferido a otras cuentas, que se investigan. Lo llamativo es que el dinero fue enviado a esas cuentas los últimos días (inhábiles) antes de que dejara su mandato.
El peronista, que integró el lote de “intendentes K”, quedó además bajo la lupa por $ 22,5 millones transferidos por la Secretaría de Cambio Climático, de Ambiente de la Nación.
La finalidad era la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de procesamiento de residuos y producción de compost. Pero las obras no se habrían realizado en su totalidad, ya que la planta no habría funcionado. Se estima que registraría un avance de obra de cerca del 40%, por lo que el fiscal sospecha que parte de lo girado no habría sido aplicado a los fines convenidos. Tampoco se habría hallado en las cuentas municipales.
En este caso, Fernández sí habría efectuado rendiciones, pero habría intentado justificar el gasto y el avance de obras a través de facturas que se investigan y de informes que no reflejarían los avances reales de la iniciativa, pese a que estas deberían estar completamente finalizadas.
También despertó sospechas en el nuevo intendente la no culminación del proyectado playón multideportivo, senda peatonal y un gimnasio.
Si bien Fernández recibió $ 8,8 millones de la Secretaría de Articulación de Política Social de Nación, las obras no se habrían realizado. Sólo se habría efectuado un alisado de hormigón sobre un playón ya existente (desde hace 20 años), según consta en el expediente que lo investiga.
Como en el caso anterior, el exintendente habría pretendido justificar el gasto y el supuesto avance de obras mediante la presentación de facturas apócrifas o duplicadas e informes que corresponderían a otras obras. La Nación intimó a la nueva gestión municipal para conocer el estado y el destino de la partida.
Casas y deuda
Como parte de un plan de construcción de 13 casas en Viamonte, la Municipalidad local recibió, en 17 transferencias, $ 135,5 millones enviados por la Secretaría de Hábitat, del Ministerio de Hábitat de la Nación.
El intendente Manzoni sostuvo que Fernández entregó las 13 viviendas. Pero se detectaron deficiencias en su edificación, filtraciones, etc. A pesar de los fondos para su construcción, el municipio dejó un “rojo” de $ 22 millones que –se sospecha– no habrían sido utilizados para el fin acordado. Por su parte, los $ 9,3 millones que Obras Públicas giró a Viamonte para la ejecución del adoquinado en avenida Díaz Amorín no se habrían utilizado para ese fin.
No dejó de ser llamativo para los investigadores que un día después de recibido el dinero en la cuenta del Nación a nombre de la Municipalidad –y días antes de dejar su cargo–, Fernández habría transferido parte de tal cifra a la cuenta del municipio en el Banco de Córdoba. Desde allí la habría girado, en días inhábiles (incluso, el día de la asunción del nuevo intendente), a diversas cuentas.
En los 13 allanamientos ordenados fueron secuestrados $ 2,72 millones y U$S 43.648, pero no hay rastros de los fondos que, se sospecha, Fernández habría desviado para sí o terceros.
Al procesarlo, el juez apuntó a una serie de personas que podrían haber participado de las operatorias; entre ellas, su primo Moyano y un hombre que habría prestado servicios de transporte para la Municipalidad. Llamativamente, este último habría experimentado un “abrupto y desmesurado incremento patrimonial”, según el magistrado.
Asimismo, no dejan de ser suspicaces ciertas conversaciones que Fernández mantuvo con un ingeniero respecto de las rendiciones, facturación y subsidios: “Si hubiésemos escrito un guión cinematográfico, no hubiese tenido la genialidad que tuvo la realidad hoy. Después de entrar 400 veces a la aplicación del banco y de estar amargado y tirado en el suelo porque no sabía cómo mierda iba a hacer, entraron los 35 palos. La verdad… una película”.
Para el juez, algunas personas de “esferas políticas y/o profesiones habrían formado parte de las maniobras delictivas destinadas, principalmente, a gestionar la obtención y aprobación de proyectos para la realización de obras” y a “gestionar los fondos” en beneficio propio y/o de terceros.
Apelación sólo de la preventiva
El abogado de Fernández, Osvaldo Narciso, sólo apeló la prisión preventiva, no así el procesamiento. Negó que haya prueba de que cuente con dinero o bienes para eludir el accionar de la Justicia o el acceder a documentación del municipio.
Pero la Cámara, integrada por Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos, confirmó la medida de detención por la posibilidad de “riesgo de entorpecimiento”. Sostuvo que, de acuerdo con la denuncia, Fernández habría recibido millones que no habrían sido íntegramente utilizados para los fines previstos, cuyo destino se desconoce.
El que el exintendente haya ocupado una “posición de privilegio” podría “incidir sobre otros para procurar su impunidad”, por su “amplia red de contactos y vínculos” y la posibilidad de que cuente con recursos económicos para entorpecer la investigación.
“El procesamiento no ha sido motivo de recurso y se encuentra firme, con lo cual la hipótesis delictiva se ve reforzada y el proceso se aproxima a la etapa de debate, cuya ejecución se hace necesario resguardar a través de una medida cautelar idónea como la dispuesta”, concluyeron.
