“Degenerados fiscales. Votaron un disparate, propio de brutos. La medida cuesta 370 mil millones de dólares y le arruina la vida a nuestras generaciones futuras. Quieren romperme el programa económico. Es el 1,2% del PIB. Quieren rompernos la política fiscal, porque si sale bien, se les acabó el curro. Voy a vetar semejante disparate”.
Así se refirió el presidente Javier Milei a la última decisión del Senado de la Nación, que terminó convirtiendo en ley por abrumadora mayoría un nuevo esquema de movilidad previsional.
El ministro Luis Caputo reiteró que el superávit fiscal es innegociable y hasta el ex presidente Mauricio Macri avaló el veto a la norma, que fue votada por 61 senadores -incluidos todos los senadores del PRO, a excepción de Carmen Álvarez Rivero-, rechazada por ocho y sin ninguna abstención.
Primero surgieron versiones de que podría haber un veto parcial a la ley -lo dijo incluso el vocero presidencial Manuel Adorni- pero Milei confirmó en un acto en la Bolsa de Cereales de Rosario que el veto será total, lo que ha puesto en guardia a la oposición dialoguista en Diputados y hasta el PRO en el Senado, que amenazan con insistir con los dos tercios para voltearle el veto a Milei.
Es probable que la disputa en el Congreso pase a leerse ahora en otros términos -¿otra vez arriesga gobernabilidad? ¿qué evaluarán los mercados? ¿qué va a pasar con otras leyes que necesita el oficialismo?- y que la discusión previsional pura quede relegada a un segundo lugar.
Repasemos de todos modos el impacto de las medidas que aprobó el Congreso.
El proyecto convertido en ley establece cuatro ejes: ordena pagar un aumento pendiente por la inflación de enero por el empalme entre una fórmula y la otra; otorga una posibilidad de aumento adicional anual si el salario se recuperara frente a la inflación; fija un nuevo haber mínimo para los jubilados contributivos y ordena a la Anses a cancelar en seis meses las deudas previsionales con las cajas provinciales no transferidas y a abonar los juicios con sentencia firme.
No establece específicamente fuentes de recursos para afrontar esos pagos.
Costo fiscal
Para el economista Nadin Argañaraz, titular del Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf) en este 2024 la nueva movilidad puede bajar de un plumazo todo el superávit fiscal, “La implementación de la ley puede tener un costo fiscal anual equivalente a un punto del PBI y si uno toma el ajuste fiscal de los primeros siete meses del año y lo anualizada, da el 0,9% del PBI; o sea que esta suba del gasto eliminaría el superávit fiscal anualizado que el gobierno viene logrando”, remarca. Si bien Milei hizo una proyección muy de largo plazo y difícil de comprobar, en el corto plazo la nueva ley tal como está sí amenaza el equilibrio fiscal.
Seguridad jurídica
Sin embargo, el economista Osvaldo Giordano, titular de Anses en las primeras semanas de la gestión libertaria y hoy presidente del Ieral de Fundación Mediterránea, sostiene que esta ley ofrece una doble ventaja y que hasta podría, bien implementada, contribuir a “darle sostenibilidad al equilibrio fiscal”.
Lo primero que advierte Giordano es el riesgo de estar regidos por un DNU. “Hay una situación de vulnerabilidad porque la movilidad hoy está fijada por DNU cuando hay una frondosa jurisprudencia que determina que es el Congreso el que tiene esa función”, dice.
Hasta marzo de este 2024, el Gobierno aplicó la misma fórmula de movilidad que rigió en el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que desencadenó una profunda licuación de los haberes porque no tomaba en cuenta la inflación. Ese DNU innovó y estableció que se debían ajustar por IPC mensual -el último dato disponible- que es el de dos meses atrás. Entonces en abril se tomó la inflación de febrero y para cubrir el bache de enero, que quedaba sin impactar en el nuevo esquema, se sumó un aumento por única vez del 12,5% cuando la inflación de enero había sido del 20,5%.
Para Giordano, es muy importante que mejore el empalme con la vieja fórmula de movilidad porque reduce la probabilidad de juicios y si bien esto obliga a aplicar aumentos inmediatos, reduce los gastos futuros porque baja las oportunidades de juicios contra Anses. Alguien del Gobierno podría esgrimir “y bueno, lo que importa es que las cuentas cierren ya y después se verá, como se hizo siempre en Anses”, aunque para resolver la coyuntura Giordano propone pagar como corresponde por un lado y restringir por el otro la entrega del bono de $ 70 mil que perciben quienes sólo cobran el haber mínimo.
El aumento pendiente de enero
Para los especialistas previsionales, el empalme está mal hecho: la inflación de enero fue del 20,6% y el DNU pagó 12,5%. Quedó pendiente el 7,2% (no el 8,1% como mencionan algunos) para todos los haberes, a aplicarse desde el mes de abril.
“Yo creía que se iba a aceptar pagar el 7,2% y verían cómo se manejaban para pagar el retroactivo desde abril”, entiende Adrián Tróccoli, asesor en la materia. Este es el único punto que, cuando se deslizó la posibilidad de un veto parcial, quedaba en pie.
Si la ley se aplicara, en septiembre, cuando cobren los jubilados, todos los haberes debieran ajustarse 7,2% más el retroactivo de tres meses. Como para tener una referencia: la mínima, que en septiembre estará en $ 234.540 debería ser de $251.427, casi 17 mil pesos extras, más el retroactivo.
Un nuevo mínimo para algunos. El proyecto establece que aquellos beneficiarios del Sipa (es decir, los que se jubilaron con aportes y no por moratoria) y que además tienen un único haber no podrán cobrar menos que una Canasta Básica Total para adulto mejorada en un 9%. En julio, esa canasta mejorada fue de $317.704, cuando la mínima de ese mes estuvo en $215.581 sin el bono, y $285.581 con el bono.
De los 7,3 millones de beneficiarios que tiene Anses, 3,34 millones se jubiló con aportes, pero apenas 125.477 beneficiarios tienen hoy ingresos que equivalen a una mínima, por lo que esta cláusula de garantía es muy acotada.
La ley establece que tanto el aumento pendiente del 7,2% como esta garantía de la CBT se aplican sobre el haber neto, sin contar el bono.
A julio del 2024, según Giordano, el gasto previsional de Anses equivalió a 5,2% del PBI: 86% fue por el pago de haberes y 14% por el bono de $ 70 mil que cobran la mínima, sean por moratoria o contributivos.
“El bono se paga de manera generalizada, sin ninguna evaluación socioeconómica del que lo percibe, que puede tener rentas u otro ingreso”, dice. “Si se redujera a la mitad el pago del bono focalizándolo mejor se podría compensar totalmente la expansión del gasto del corto plazo”, dice. Hace una simulación en la que los números cierran si el pago del bono baja del 0,7% del PBI actual al 0,3%. La diferencia pasaría a ser parte de la masa de haberes.
Ajuste mensual y garantía anual
El proyecto fija por ley el ajuste mensual por inflación (esto ya está vigente, aunque por decreto) pero le agrega un incremento compensatorio anual que se debe calcular cada año en el mes de marzo.
Ese mes hay que comparar el IPC anual con el Ripte anual (que mide salarios estables) y si el salario da más, se paga la mitad de la mejora. Supongamos que la inflación da 100 y los salarios 110, se pagan 5 puntos adicionales a todos los jubilados.
“Esto es lo más gravoso del proyecto, el Ripte es un índice horrible. El principal problema que tiene es que no toma los no remunerativos ni toma los salarios más altos y esto puede por alguna circunstancia mañana entrar; o sea que sin que le aumenten el sueldo a alguien pero sí que le blanqueen los no remunerativos se generarían fuertes distorsiones en el gasto previsional y por eso se habla de 25 puntos del PBI”, explica Tróccoli.
Giordano cree que en el 2025 no corresponderá aplicar aumentos porque los salarios no van a superar la inflación y que esto podría impactar en dos años.
“De todos modos, si los salarios crecieran por encima de la inflación también subirían los ingresos previsionales en términos reales, que podría compensar el ajuste por salario real”, arriesga Giordano.
El ex ministro de Finanzas de Córdoba sugiere que esa compensación se pague sólo (incluso al 100%) a los beneficiarios contributivos para empezar a corregir la inequidad que subyace frente a los que se jubilaron sin hacer los aportes correspondientes.
Ordena pagar deudas
La ley establece 180 días (prorrogable por otros 180 más) para que Anses cancele los juicios de beneficiarios que tienen sentencia firme más las deudas con las provincias que no están recibiendo su proporcional por el déficit que sí absorbe Nación a las que transfirieron.
Se calcula que hay 92 mil jubilados con sentencia firme y son 13 las provincias con deudas. Córdoba es de las más complicadas y a julio reclamaba 431 mil millones de pesos, incluso tiene una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el no pago.
La primera versión que impulsó el radicalismo indicaba que con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se podrían afrontar ambas deudas, pero esa disposición fue eliminada a pedido del kirchnerismo y hoy no prevé fuente de financiamiento.
“Este apartado es tan relativo”, se queja Tróccoli. “La ley dice que ahora tienen que pagar y si no pagan qué, no tiene consecuencias; si no, tengo que ir a la justicia en representación de mis clientes a decir que tampoco cumplen con esta ley”, ironizó.
