Por distintas vías, los intendentes que fueron reelegidos en 2015 y que están impedidos de presentarse para un nuevo mandato en 2023 hicieron saber a sus respectivos partidos políticos que pretenden que no se aplique la ley vigente que frena la posibilidad de hilvanar tres mandatos consecutivos.
En consecuencia, para transformar esa voluntad política en norma ahora hace falta articular cómo y en qué tiempos se avanzará en la Unicameral para pausar la legislación que está vigente desde diciembre de 2016 con la sanción de la ley 10.406, que reformó el Código Electoral provincial y la Ley Orgánica Municipal.
La normativa reformada aplica para aquellos municipios que, al carecer de carta orgánica propia, no tenían ese tope de gobernabilidad y se siguen rigiendo por la normativa provincial que fue modificada hace casi cinco años.
El cepo vigente para la re-reelección también impacta en los legisladores provinciales y en los concejales de municipios y comunas del interior.
En Hacemos por Córdoba calculan que son casi 290 los intendentes imposibilitados de ir por un tercer mandato seguido. En el caso de los radicales, se trata de 57, según la cuenta que hacen en el Foro de Intendentes de la UCR.
Desde la semana pasada se intensificaron los contactos entre titulares de foros de intendentes, legisladores y funcionarios provinciales para avanzar en la concreción de la suspensión de la norma. La decisión política por parte de los jefes municipales afectados está tomada. Resta ahora articular una estrategia que sea digerible y en la que los costos sean compartidos entre los interesados.
Si bien en un principio pareció que ese debate se postergaría para el primer semestre de 2022, los intensos movimientos de los últimos días abrieron la posibilidad para que el tratamiento legislativo se efectivice antes de que termine este período ordinario de sesiones en la Unicameral.
De manera oficial nadie admite esa alternativa, pero en privado hay legisladores que aseguran que el tema “sigue en carpeta”.
“Se habla del 29 de diciembre, la última sesión del año”, reconoció a La Voz uno de los legisladores que está al tanto de las conversaciones que se dan en la Legislatura.
Por su parte, un intendente que participa activamente de la Mesa Provincia-Municipios aseguró, incluso, que el proyecto para frenar la ley vigente está “avanzado” y que el mismo tomaría estado parlamentario el 22 de diciembre para ser aprobado siete días después, el 29, en el recinto.
“Todos sabemos que el costo político por tocar esto (la legislación actual) hay que pagarlo. Sacar la ley el 29 reduciría ese costo porque la gente en esa época está en otra cosa”, reconoce sin tapujos sobre el oportunismo de una acción así un jefe municipal imposibilitado de volver a presentarse en 2023 si no se modifica la norma.
En la Unicameral, mayoritariamente hay expresiones de rechazo a borrar con el codo lo que se aprobó en diciembre de 2016. Por eso, el camino que se busca explorar pasa por que los intendentes soliciten y argumenten su pedido a través de la Mesa Provincia-Municipios, el espacio institucional donde dialogan formalmente los jefes municipales y el Gobierno.
“Si hay un pedido formal e institucional de nuestros intendentes a través de la Mesa (Provincia-Municipios) podemos evaluarlo. Pero de otro modo no acompañaremos un planteo del oficialismo”, aseguró Orlando Arduh, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio. En ese espacio, los legisladores que responden a Mario Negri ya adelantaron que rechazan cualquier cambio. Lo mismo sucede con el bloque radical (Juntos UCR) que lidera Marcelo Cossar. Encuentro Vecinal Córdoba, la Coalición Cívica y la izquierda están en contra.
Entre los presidentes de los foros hay expectativa por una reunión que podría concretarse en los próximos días con autoridades del Gobierno provincial para analizar la situación. “Estamos esperando la convocatoria. Hay mucha inquietud entre los intendentes por solucionar este tema”, admitió el líder de uno de los nucleamientos de intendentes.
Señales ambiguas del PJ
En Hacemos por Córdoba hay voces parlamentarias que aseguran que el tema “no está en agenda para este año”. Sin embargo, durante la semana hubo diálogo entre referentes del oficialismo y de la oposición para sondear el ánimo general y el eventual acompañamiento para una modificación de la norma actual antes que finalice el año.
“Si hay un pedido institucional de los intendentes a través de la Mesa Provincia-Municipios y, además, la oposición se compromete a acompañar en el recinto, la situación puede considerarse”, puso límites un hombre de la bancada oficialista.
En la última campaña, los intendentes del PJ escucharon promesas de parte de funcionarios provinciales en el sentido de habilitar un nuevo período.
El argumento central de quienes ven un fin de ciclo en 2023 se asienta en que la pandemia paralizó a las administraciones postergando planes de gestión. “Es innegable que la situación de estos intendentes es particular y atendible. El problema es que se requiere un acuerdo de los involucrados para avanzar políticamente”, razonó otro legislador peronista.
Además, hay otro argumento que va tomando forma y que podría explorarse en el terreno judicial si es que no prospera el acuerdo político a través del Poder Legislativo: sucede que la norma sancionada en 2016 estableció que el período 2015-2019 debe considerarse como primero para establecer el límite de dos consecutivos para ser elegido intendente, legislador o concejal, y eso, entienden algunos leguleyos, podría ser cuestionable ya que las reglas de juego se cambiaron cuando el primer período ya estaba iniciado.
