La Legislatura de Córdoba será este miércoles un nuevo escenario de tensión porque la oposición buscará por segunda vez en 15 días instalar un proyecto que derogue el coeficiente aplicado en la última suba del Inmobiliario Urbano provincial.
A esto se le sumará el clima de tirantez que se generó acerca del número y nombres de los asistentes contratados por los legisladores, después de que se conociera que el exconcejal Guillermo Kraisman intentara cobrar el sueldo de una asesora “fantasma”.
Hasta la fecha, ocho de los 12 bloques legislativos difundieron los nombres de sus contratados. No los dieron a conocer las bancadas de Hacemos Unidos por Córdoba, la disidente Graciela Bisotto; Karina Bruno (PRO) y Federico Alesandri (Creo en Córdoba). Mientras que la Provincia de Córdoba rechazó en la Justicia la procedencia del amparo presentado por La Voz para acceder a los nombres de los contratados de la Legislatura Unicameral.
Como si fuera poco, se reactivará la pelea entre oficialistas y opositores en una sesión en la que debutará la última modificación aprobada del Reglamento Interno de la Legislatura, en la que hubo cuestionamientos por el uso de la palabra, entre otros puntos.
Planteo de Gvozdenovich y Nicolás
El presidente de bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, junto con su par de bancada Miguel Nicolás, ya advirtieron que le enviaron una nota a la vicegobernadora Myrian Prunotto para informarle que este miércoles volverán a plantear la suspensión del aumento Inmobiliario y que, ante un “eventual rechazo” en el tratamiento sobre tablas y mayoría simple, irán por la vía judicial. El planteo apuntó justamente al cambio en el Reglamento Interno y atendiendo a que el proyecto de quita del último coeficiente fue presentado con antelación.
“Sería un despropósito y aportaría un nivel absoluto de inseguridad jurídica que, en la casa de las leyes, se modifique una normativa de funcionamiento y este tenga efecto retroactivo a todos los proyectos que fueron ingresados con anterioridad, bajo otro sistema reglamentario de funcionamiento. Hay una obscena violación del principio de irretroactividad de la ley... quedaría evidenciada la actitud manifiesta de censura por parte del oficialismo”, expresaron los legisladores radicales Gvozdenovich y Nicolás.
Casi al mismo tiempo, el diputado nacional por Córdoba Rodrigo de Loredo volvió sobre lo que denominó un “impuestazo provincial”, y fue en la misma línea que sus “correligionarios” al insistir que en el tratamiento de este tema debe respetarse el reglamento anterior de la Legislatura.
“Nuestro proyecto que suspende los aumentos inmobiliarios en Córdoba tenía un estatus jurídico que habilitaba a que sea tratado en el recinto por mayoría simple. La reforma del reglamento realizada por el peronismo para frustrar esta iniciativa no puede surtir efectos hacia atrás afectando el procedimiento al que tuvo que atenerse nuestro proyecto”, dijo.
“De manera que hemos comunicado a la vicegobernadora que los efectos procedimentales del nuevo reglamento, donde exigen dos tercios de los votos, no pueden aplicársele a un proyecto que ya había cumplimentado los requisitos necesarios para su sanción”, aseguró.
Qué dice el proyecto
El proyecto en cuestión había sido iniciado por la presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, con el apoyo del Frente Cívico, la UCR y del liberal Gregorio Hernández Maqueda el 5 de febrero último, y establece que “se deje sin efecto el Coeficiente de Equidad Inmobiliario correspondiente a la anualidad 2025″. Por lo que fija que para el Inmobiliario 2025 se aplique la variable aprobada en diciembre en 2023, es decir retrotrae el incremento a un año.
Además, se establece que “deberá reintegrarse a los contribuyentes que hubiesen abonado el Impuesto Inmobiliario... con la diferencia resultante entre lo pagado y la nueva determinación del tributo en un plazo de 60 días corridos”.
A este proyecto opositor, se le suman otras 13 propuestas que fueron nuevamente debatidas este martes en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura.
El PJ había resuelto abrir el debate días atrás y aprobar por mayoría que estas propuestas vinculadas con bajar la carga impositiva sean abordadas en el Poder Ejecutivo. En una nueva reunión sobre este tema que se realizó este martes en comisión, el oficialismo insistió que es necesario un planteo a Nación para descomprimir la carga tributaria, mientras que desde la oposición hubo pedidos para que el tema sea tratado sobre tablas este miércoles en la Unicameral.
Además de este proyecto de la UCR, hay otras propuestas del mismo bloque (Oscar Saliba), del Frente Cívico, del PRO, de Hernández Maqueda, del libertario Agustín Spaccesi, y de los radicales que se apartaron de Juntos por el Cambio: Dante Rossi y Graciela Bisotto.
Ferrero, como titular del interbloque, adelantó a La Voz que pedirá el tratamiento sobre tablas y cuestionó que no haya respuestas del Gobierno provincial. “Los 14 proyectos impositivos que habían sido remitidos al Ejecutivo en una moción antirreglamentaria volvieron sin aportes. Se ve que el gobernador no tiene nada que aportar para alivianar la asfixia impositiva de la gente. Pareciera que sólo se utilizó esa derivación para dilatar los tiempos y que los proyectos continúen en el limbo”, expresó.
“De todos modos, vamos a llevarlos al recinto y que los ciudadanos puedan ver quién quiere ayudar a bajar impuestos y quién bloquea esa iniciativa” agregó.
Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, adelantó que acompañarán el proyecto. El juecismo tiene una propuesta más amplia en la que proponen modificar la ley 11.016, Impositiva Anual 2025, adecuando exenciones y alícuotas del Impuesto sobre Ingresos Brutos, de Sellos; además de cambios en la normativa de Coparticipación.
Desde el oficialismo adelantaron que no darán los votos para abrir el debate, y que volverán a plantearles a la UCR y al juecismo que ese mismo reclamo lo lleven al Gobierno nacional.
El presidente del bloque del oficialismo, Miguel Siciliano, presentó en la Legislatura un proyecto que instruye a los legisladores nacionales por Córdoba a que, dentro de sus atribuciones constitucionales, “impulsen las gestiones necesarias para debatir un sistema de coparticipación tributaria más equitativo, que contemple el aporte real que realizan las provincias al sistema federal”.
