La Justicia argentina solicitó la extradición del exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes se encuentran con arresto domiciliario en Paraguay. Ambos están acusados por supuesto lavado de activos, y la investigación paraguaya sugiere que operaban como parte de una banda para blanquear dinero ilícito, valiéndose de su condición de funcionarios públicos.
La orden de extradición fue emitida por la Justicia argentina, mientras que en Paraguay, el juez Rolando Duarte ordenó la detención preventiva de Kueider y Guinsel Costa, a solicitud de la fiscal Adjunta Matilde Moreno, para iniciar el proceso de extradición.
Los hechos por los que se los denuncia se remontan al 4 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional detuvieron a Kueider en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçú con Ciudad del Este. Durante una requisa en su auto, le encontraron más de US$200.000 sin declarar.
La causa en Paraguay está caratulada como presunta tentativa de contrabando de divisas, y las audiencias preliminares por este cargo están previstas para el 30 y 31 de julio. Sin embargo, la investigación paraguaya va más allá, especulando que los dos acusados habrían conformado una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras con el fin de blanquear dinero ilícito. Para la justicia paraguaya, Kueider y Guinsel Costa no actuaron solos y habrían trabajado junto a otras personas, contando con la intervención de las empresas BETAIL SA y EDEKOM S.A..
El presunto lavado de dinero se habría realizado a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles. Las acciones habrían comenzado a principios de 2017 y se habrían extendido hasta la actualidad, según los fiscales que llevan la causa en Paraguay.
Un aspecto que agrava la situación de los acusados es que la acusación menciona que se valieron de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones. Dicha maniobra, para los fiscales, configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado, con el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a fondos espurios mediante la adquisición de inmuebles y automóviles.
La denuncia fue elevada por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, quien indicó que los acusados fueron “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”. Actualmente, tanto el exsenador como su secretaria están con arresto domiciliario en Paraguay.
