El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta revocó la prisión domiciliaria otorgada al exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, condenado en 2021 por el robo agravado “en despoblado y en banda” de 228 caños del gasoducto GNEA, del norte de esa provincia, una obra que quedó inconclusa.
En un fallo unánime, el juez Domingo Batule y las juezas Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi dispusieron que el exintendente Prado sea alojado en la cárcel federal de la ciudad de General Güemes, en Salta. La medida se cumplirá una vez que la unidad carcelaria confirme que tiene cupo, según publica el diario La Nación.
La resolución fue instada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, quienes llevaron adelante la investigación e impulsaron el juicio, después de que la Corte dejó firme la condena.
Denuncias de vecinos de Aguaray
El caso se inició a fines de 2019 tras la denuncia de vecinos de Aguaray que veían pasar camiones cargados con caños del gaseoducto, una obra pública que tenía previsto beneficiar a 1,7 millones personas del noroeste y noreste argentino, pero que resultó frustrada por estos robos.
La domiciliaria de Prado había sido impuesta transitoriamente por el tribunal luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 30 de abril pasado, que confirmó la condena de seis años y seis meses de prisión dictada el 16 de diciembre del 2021.
El tribunal oral dispuso esa modalidad de cumplimiento a la espera de la resolución de un recurso de reposición que había planteado la defensa contra el fallo de la Corte, que comunicó su rechazo el 15 de mayo.
La defensa de Prado dijo que era el único sustento económico de su familia y que por eso debía seguir en arresto domiciliario.
Señaló que el exintendente trabaja de manera remota para una firma a la que presta servicios sobre aspectos de logística y recursos humanos.
Añadió como argumento el apego que tiene con él su hijo menor, quien tiene una discapacidad.
La fiscalía pidió al tribunal que incluyera en su análisis el grave daño causado por el delito cometido por el exintendente al comandar el saqueo de caños de una obra declarada de interés nacional, con una construcción del 80% y a la que le faltaban 130 kilómetros en esa provincia.
La fiscalía dijo que el niño está con su madre -los padres están separados- y que es con ella con quien tiene un particular apego, además de la contención de un grupo familiar ampliado.
Finalmente, el tribunal dispuso mandarlo a la cárcel a terminar de cumplir su condena.
