El exlegislador Oscar González fue indagado durante casi una hora por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La indagatoria fue por videoconferencia y González brindó detalles sobre la compra de las propiedades que adquirió en el transcurso de su vida vinculada a la función pública. Su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, se manifestó satisfecho tras la audiencia en la que acompañó a su defendido, que se encuentra en prisión domiciliaria.
Antes de la indagatoria, Hairabedian indicó que en la investigación “hay muchos bienes involucrados” y agregó a la fiscalía le interesaría indagar “sobre cómo fueron comprados, con qué, las titularidades, los valores pero tiene derecho si quiere a no declarar, ni responder preguntas”.
Consultado sobre si la Justicia ya contaba con una tobillera electrónica para González, el fiscal respondió que esa medida es responsabilidad del juez. “Entiendo que va a ser relativamente rápido”, agregó.
“A los presos con domiciliaria no se les restringe acceso al teléfono. También pueden disfrutar de las comodidades que tiene el domicilio donde están cumpliendo el régimen”, contó.
Prisión domiciliaria para González
Desde este lunes, Oscar González, expresidente provisorio de la Legislatura y una de las figuras políticas que más poder acumuló dentro del peronismo de Córdoba en las sucesivas gestiones del PJ, cumple con la prisión domiciliaria que le impuso la Justicia federal y que lo tendrá por un tiempo indeterminado recluido en la casa en la que reside en Villa Dolores.
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos no está relacionada judicialmente con el choque que protagonizó el 22 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. Pero aquel fatal incidente –en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas permanentes– marcó el principio de este presente aciago para quien fuera caudillo indiscutido del PJ en Traslasierra durante más de 20 años.
El origen de la causa
La acusación de Hairabedian, avalada por el juez con la detención domiciliaria, tiene origen en una denuncia que llevó adelante en abril del año pasado la legisladora provincial Luciana Echevarría. La legisladora provincial del Frente de Izquierda cuestionó en la Justicia federal movimientos y traspasos de bienes que habría realizó González a sus familiares directos luego del siniestro vial.
Según el corazón de la investigación de Hairabedian, González no ha podido demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador provincial sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial que exhiben sus declaraciones de bienes. Por ese motivo, el fiscal lo acusó de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. “Transferir bienes de un delito es lavado”, recordaron este domingo desde los tribunales federales.
En 6 de febrero pasado, la legisladora Echeverría amplió su denuncia y aportó al fiscal datos que señalan la existencia de una vivienda residencial en Florida, Estados Unidos, a nombre de Oscar F. González y de Ana C. González, nombres que coinciden con los del exlegislador y su hija Ana Carolina.
Según lo denunciado por Echeverría e informado por Perfil, dicha propiedad estaría vinculada a una empresa denominada Platinum Triple G, de la cual ambos González serían directivos, según los datos que arroja la “División de Corporaciones del Estado de Florida - Departamento de Estado de Florida”. El inmueble de casi mil metros cuadrados habría sido adquirido a fines del año 2005.
La defensa de González negó taxativamente que el exlegislador tenga alguna propiedad en Estados Unidos y consideró que esa denuncia es “una infamia”.
Pedido de justificación
La Voz pudo saber que en el marco de la investigación, el fiscal Hairabedian pidió a la Fiscalía de Estado de la Provincia que intime a González para que justifique su crecimiento patrimonial. Según el fiscal, González contestó el requerimiento, pero no justificó sus bienes. En su presentación, el ahora detenido adujo, entre otros cuestionamientos, que el fiscal era incompetente para realizar ese pedido.
Además, el fiscal le solicitó en los últimos días a Vaca Narvaja que ordene un peritaje para determinar el valor real de los bienes de González, ya que en las declaraciones de bienes figuran las valuaciones fiscales muy por debajo de los precios de mercado.
La pena a la que se enfrenta González en caso de ser juzgado y ser encontrado culpable de los dos delitos va de 4 a 21 años de prisión.
El hecho de que González haya sido acusado y apresado de manera domiciliaria por la Justicia federal y no por la provincial fue destacado en las últimas horas por dirigentes de la oposición.
Sobre ese punto, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que González sí tiene una causa activa en la Fiscalía Anticorrupción. Es por una denuncia que busca determinar el valor real de los bienes declarados por González.
