Los intentos del exlegislador Oscar González para mejorar su situación judicial en la causa en la que está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero fracasaron en las últimas horas tras un nuevo fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
En un nuevo pronunciamiento, la Sala A del tribunal confirmó la resolución dictada por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que no había hecho lugar a las excepciones de incompetencia material y litispendencia.
Los vocales Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi también confirmaron el rechazo al planteo de nulidad del requerimiento administrativo formulado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba y el planteo de inconstitucionalidad de la figura penal de enriquecimiento ilícito.
De qué está acusado Oscar González
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos no está relacionada judicialmente con el choque que protagonizó en 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. En ese hecho murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas.
La acusación federal, a cargo del fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, tiene origen en la denuncia de la legisladora Luciana Echevarría, quien cuestionó traspasos de bienes que habría realizado González a sus familiares luego del siniestro vial.
Tras analizar diversos elementos probatorios, el fiscal sostuvo que González no pudo demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial de sus declaraciones de bienes.
Por ese motivo, lo acusó de enriquecimiento ilícito y lavado y pidió su detención, la que se materializó en febrero en la modalidad de prisión domiciliaria (tiene 77 años), con tobillera electrónica.
Domiciliaria, embargos y otro revés en la Cámara
En las últimas semanas, la Cámara confirmó la domiciliaria a González al considerar que persisten los riesgos procesales, en particular, que el exfuncionario entorpezca la investigación o eluda a la Justicia. Si bien se estableció que la domiciliaria tenga un plazo inicial de cuatro meses, podrá ser prorrogada por Vaca Narvaja.
El juez también ordenado, en marzo, el embargo sobre los bienes de González y sus hijos, Oscar Martín González, Ana Carolina González y Diego Raúl González, hasta cubrir 424.095,89 dólares. Los abogados del exlegislador, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, apelaron la medida, pero la Cámara confirmó el embargo.
La última novedad fue que el propio tribunal de alzada confirmó una resolución de Vaca Narvaja respecto a diversos puntos apelados por el exlegislador.
Sus abogados habían pedido la nulidad de lo dictado por el juez. En ese sentido, con relación a la competencia federal, cuestionaron la afirmación del magistrado de que el delito de lavado (endilgado a González) tenga estrecha relación con la otra figura que se le achaca, enriquecimiento ilícito.
También indicaron que existía una doble persecución penal, es decir, por la causa que investiga el fiscal provincial Anticorrupción, Franco Mondino, y el fiscal federal Hairabedian.
A su vez, respecto a la intimación realizada por el Fiscal de Estado de Córdoba, sostuvo que el juez desconocía las constancias de la causa y la supuesta violación de los actos propios del fiscal federal.
Sin embargo, la Cámara convalidó la resolución de primera instancia en cuanto a los requisitos formales y sustanciales, ya que consideró que Vaca Narvaja brindó “sólidos argumentos”, que no “lesionan el derecho de defensa” del imputado.
Respecto a la figura de enriquecimiento ilícito endilgada a González, la defensa planteó que la competencia federal venció pasados dos años desde que terminó su cargo como diputado nacional, es decir, desde 2005, por lo cual la Justicia de excepción debió declinar la competencia en la provincial.
El camarista Sánchez Torres respondió que el enriquecimiento achacado a González se habría cometido mientras era diputado, por lo que el límite de tiempo que plantea la figura penal solo es relevante a los efectos de la comisión delictiva, pero no está vinculado con la competencia.
Advirtió además que también ostentó cargos públicos, por lo cual debe computarse los dos años posteriores a la conclusión o cese del último cargo público. De este modo, sostuvo que la Justicia federal debe seguir investigándolo porque en uno de los tramos ejecutivos del delito González era diputado nacional.
Los vocales, que adhirieron al voto principal de Sánchez Torres, también rechazaron el planteo de excepción de litispendencia introducido por González.
Aunque sus defensores sostuvieron que existía una doble persecución penal prohibida (dos imputaciones análogas, una en la Justicia provincial y la otra en la órbita federal), el juez mencionó que no se cumplen los requisitos para ordenarla (debe darse, en simultáneo, una triple identidad: de persona, objeto y causa).
La Cámara confirmó el rechazo al planteo porque “no se advierte identidad de objeto ni causa de persecución, es decir, identidad de imputación” entre las causas provincial y federal: ante Anticorrupción se investigan solo supuestas irregularidades en las presentaciones de las declaraciones juradas de González y no enriquecimiento y lavado, que sí tramita la Justicia federal.
Por otro lado, también rechazó el pedido de nulidad por la supuesta indeterminación de los hechos, ya que fueron “debidamente” descriptos por el fiscal en la acusación y González pudo ejercer el derecho de defensa.
