La subasta de 40 colectivos pertenecientes a la empresa municipal de transporte Tamse volvió a quedar en el centro de la polémica política en Córdoba.
La concejal Elisa Caffaratti, presidenta del bloque de la UCR, denunció que las unidades fueron vendidas a valores muy por debajo de su valor patrimonial y reiteró el pedido de una auditoría contable integral sobre la empresa.
La operación, realizada el 22 de enero, generó cuestionamientos a partir de la comparación entre los precios de compra originales y los montos obtenidos en el remate.
Según datos preliminares difundidos por el bloque radical, las unidades subastadas habían sido adquiridas entre 2021 y 2024 a valores que, convertidos a dólares al momento de cada operación, oscilaron entre U$S 182.000 y U$S 215.000 por colectivo.
A comienzos de 2026, esos vehículos todavía conservaban un valor patrimonial contable promedio estimado en torno a los U$S 141.000 por unidad. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la edil, el precio promedio obtenido en la subasta fue de apenas U$S 41.972 por colectivo.
En ese contexto, Caffaratti afirmó que “vendieron colectivos casi nuevos a precio de remate”. Sostuvo que, con la escasa información oficial disponible, todo indica que Tamse se habría desprendido de parte de su activo a un tercio o incluso menos de su valor patrimonial, lo que “podría configurar un grave perjuicio económico para la empresa municipal”.
La concejal remarcó que Tamse tiene como único accionista a la Municipalidad de Córdoba y que cualquier pérdida impacta directamente en las cuentas públicas. Desde el bloque radical reclaman explicaciones inmediatas y documentadas sobre la operatoria, incluyendo la identificación de los compradores y el destino del resto de las unidades adquiridas en los últimos años.
Entre los interrogantes planteados, los concejales de la UCR pidieron precisar si entre los compradores existen empresas que actualmente prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad y bajo qué criterios se definió la subasta. Para Caffaratti, “la falta de información clara sobre el manejo de bienes públicos refuerza las sospechas sobre cómo y bajo qué criterios se llevó adelante este proceso”.
El reclamo por mayor control no es nuevo. La concejal Fabiana Gutiérrez había presentado un proyecto para que el Tribunal de Cuentas Municipal realice una auditoría contable integral sobre Tamse, con carácter de extrema urgencia, para determinar su situación al cierre de 2024. Ese pedido fue rechazado en dos oportunidades por el oficialismo durante el período legislativo de 2025.
Desde la oposición insisten en que la empresa opera desde hace años con un nivel de opacidad incompatible con la magnitud de los recursos que administra. Subsidios, flota, personal y costos del sistema de transporte forman parte de un esquema que, según advierten, requiere control permanente.
En ese sentido, Caffaratti subrayó que “estamos hablando de una empresa que maneja recursos públicos, subsidios y un servicio esencial para miles de vecinos”. La concejal reclamó conocer cuántas unidades están operativas, cuál es la deuda real de la empresa, cuántos empleados tiene y cuánto cuesta sostener el sistema.
Finalmente, la edil apuntó contra el intendente Daniel Passerini al señalar que la falta de información no es un problema administrativo sino político.
A su juicio, la postergación de datos debilita los mecanismos de control y alimenta la desconfianza sobre la gestión de Tamse, en un contexto donde el transporte público sigue siendo un tema sensible para los contribuyentes cordobeses.
