Este miércoles, la Cámara Nacional Electoral ratificó el primer procesamiento contra el uso de “fake news” en las redes sociales durante las campañas electorales. Esta decisión se centra en el caso de la publicista María Victoria Villaver, acusada de difundir videos falsos contra el entonces candidato a senador de la UCR, Mario Negri, durante la campaña de las Paso de 2021 en Córdoba.
Para el tribunal, estas prácticas constituyen “violencia electoral” y distorsionan el debate público, por ello deben ser penalizadas. La postura marca un importante precedente para futuros casos, como el que involucró a Mauricio Macri y Silvia Lospennato en las últimas elecciones porteñas. Más reciente aún, el diputado Rodrigo de Loredo que publicó un “deep fake” del gobernador Martín Llaryora, pero no lo hizo en el transcurso de una campaña electoral.
Qué dijo la Cámara Electoral sobre el caso Negri
María Victoria Villaver, empleada de la agencia Ignis M&C SA, está imputada por realizar conductas calificadas como engaños a los electores para sufragar de determinada manera. Este delito está previsto en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que establece penas de dos meses a dos años de prisión por “inducción con engaños a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”.
Los videos falsos, que fueron subidos a Facebook y YouTube, consistían en dos grabaciones realizadas mediante el montaje de la imagen del entonces diputado Negri, durante entrevistas periodísticas, alteradas con la voz de otra persona.
De manera falsa, se le atribuía a Negri haber financiado su campaña electoral con dinero retenido a sus colaboradores en la Cámara de Diputados de la Nación. La voz utilizada correspondía, en realidad, a otro Diputado Nacional, extraída de una entrevista periodística. La página de Facebook habría sido creada “por encargo” para afectar la imagen del precandidato.
En su indagatoria, Villaver negó haber creado la página donde se publicó el video falso y afirmó no estar habilitada en la empresa para subir contenido. Dio “tres nombres” —Manuel Candal, Lola Muslera y Valetín Quirós— como quienes le habrían encargado el trabajo, aunque estos nombres no se conocen públicamente hasta ahora, y fuentes judiciales sospechan que fueron contratados por “otra persona”. Sin embargo, los reportes de Facebook Business Record (hoy Meta Platforms Record) la mostraron como la autora.
El fiscal federal Enrique Senestrari solicitó su procesamiento, el cual fue dictado por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes el 14 de octubre del año pasado, detalló Clarín. Además, uno de los miembros de la Cámara, Alberto Dalla Via, solicitó al juez que investigue a los “tres nombres” mencionados por la publicista, quienes habrían pagado más de 800 mil pesos en ese momento.
“Violencia electoral”
La Cámara Nacional Electoral, integrada por Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, destacó que las modalidades como las denunciadas en esa causa, al igual que en otros países, configuran fenómenos de “violencia electoral que distorsionan el debate público”.
El tribunal subrayó que, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos en materia de elecciones, los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona tienen “singular relevancia cuando surgen tensiones en contextos electorales”.
En esa línea, explicaron que el ejercicio del derecho a la participación política supone que los derechos humanos fundamentales estén garantizados, de modo que electores y candidatos puedan expresar sus ideas y opiniones sin factores como la violencia, la intimidación o la desinformación en línea, que interfieran en su libertad de votar y de ser votados.
Además, la Cámara advirtió que “la democracia y las elecciones competitivas, parecen excluirse mutuamente con la violencia”. Las campañas de desinformación implementan “sofisticadas técnicas” que incluyen la utilización de perfiles falsos de dirigentes políticos, la difusión de noticias falsas construidas para crear corrientes de opinión, y la aplicación de algoritmos y motores de búsqueda para garantizar una “alta visibilidad” y “enorme repercusión en las redes”.
Esta información, a su vez, es multiplicada en diversas plataformas mediante la acción de “comentaristas pagos” conocidos como trolls, y de cuentas denominadas bots, que actúan de modo automatizado y programado.
La postura de la Cámara marca un precedente con dos recientes hechos bajo la lupa: el video falso del expresidente Mauricio Macri que supuestamente anunciaba el retiro de la candidatura de Silvia Lospennato en la Ciudad de Buenos Aires y el video que compartió el diputado radical Rodrigo de Loredo, hecho con IA, sobre Martín Llaryora que generó enorme polémica y repudio.
