La Provincia terminó de confirmar ayer a través de sus organismos técnicos que la decisión del Gobierno nacional de podar de las facturas de servicios públicos los cargos extra por conceptos no directamente vinculados con la actividad específica, carece de vigencia en su territorio y solo podría impactar en las boletas de gas natural.
“Es una medida política, pensada para el Amba y la provincia de Buenos Aires, pero sin consecuencias para Córdoba”, dijeron ante una consulta fuentes del Panal que evaluaron los aspectos jurídicos de la Resolución 267/2024 impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo y que lleva la firma del secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.
Como había anticipado La Voz, las facturas de energía eléctrica y agua en Córdoba se emiten bajo regulaciones provincial que están a cargo del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) con disposiciones que habían marcado qué cosas podían incorporarse para su percepción con las facturas a través de la ley provincial 10.545.
A primera hora de ayer, la Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia se abocó al análisis de la resolución de la nación y llegó a la conclusión de que no es de aplicación en Córdoba.
La Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio se da en el marco de la Ley 24.240 de Defensa al Consumidor, “y no en los regímenes de emisión y facturación de Afip que se rigen por las previsiones de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional”, entienden en el Gobierno cordobés.
La norma sostenida por Caputo, apunta a la cuestión de las liquidaciones y facturaciones de los servicios públicos exclusivamente pero en el caso de Córdoba es el Ersep el que actúa como ente regulador.
“Además, en el marco de la competencia específica que tiene esta provincia, dictó en su momento, una ley –la 10.545– que contempla esta misma situación y que impide agregarle a la factura cualquier ítem que no se corresponda con su función específica.
Para el caso de Epec, la boleta contiene dos “extras” pero vinculados con el servicio de base que es la energía eléctrica. Uno de ellos es el 10% correspondiente a la llamada OIM (Ordenanza Impositiva Municipal) y que se destina a pagar la iluminación pública de cada uno de los municipios donde se presta el servicio.
El otro ítem, también del 10% es para el Fondo de Desarrollo Energético y apunta a compensar las tarifas de las zonas atendidas por prestadores que tienen costos más altos, como el caso de las cooperativas eléctricas.
Las fuentes recordaron que, con la ley 10.545 se “podó” el fondo contra incendios que no es algo específico de la prestación eléctrica y esos recursos se canalizan ahora por otras vías que no son las facturas.
En el caso del agua potable ocurre una situación parecida. El servicio prestado por Aguas Cordobesas está bajo jurisdicción de la Municipalidad de Córdoba pero es regulado a través del Ersep. Se incluyen cargos relacionados con ese servicio (el agua) pero no otras afectaciones como las que pretende eliminar Caputo.
Análisis municipal
Entre tanto, en el Palacio Municipal la mira está centrada en el cargo del 10% que se incluye en la factura de gas natural, un servicio que sí está bajo regulación de la Nación a través del Enargas. “Aún así es discutible el tema”, dijeron fuentes de la gestión de Daniel Passerini.
Hasta el momento, por ese cargo, la Municipalidad habría recaudado una cifra que rondaría los $ 3.000 millones y que va a un fondo específico para extender la red de agua en barrios de bajos ingresos y también obras de redes de gas.
“Hay que determinar antes que nada la jerarquía de las normas. Una resolución ministerial puede no estar por encima de una ordenanza municipal o de una ley provincial, por lo cual esperaremos el dictamen correspondiente”, indicaron en el municipio.
Al justificar la resolución, Caputo había argumentado que existían “reiteradas denuncias” de municipios que incluyen “tasas locales en la facturación de servicios esenciales, tales como la luz y el gas”, y puso como ejemplo una factura de luz de un municipio de la costa bonaerense.
Seguridad, bomberos y atención hospitalaria, entre otros ítems, aparecen en esa factura expuesta por el ministro. “Las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, especificó.
Para la provincia, la OIM o el fondo tarifario forman parte de la naturaleza del servicio eléctrico.
Entre tanto, la titular del bloque de concejales de la UCR, Elisa Caffaratti, había propuesto en abril pasado suspender el pago de las contribuciones que se agregan en las facturas de los servicios de agua y gas que se abonan en la capital provincial.
Aquél proyecto buscaba suspender por 180 días el cobro de contribuciones municipales incluidas en las boletas de servicios públicos como agua, gas y electricidad para mitigar el impacto de los aumentos tarifarios por la quita de subsidios.
Caffaratti explicó que “la Municipalidad cobra el 16% de contribución en la factura de agua, el 10% en la de gas y el 9,9% en la de Epec”.
