“Al asumir en 2003 Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, y luego su esposa, Cristina Elisabet Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz, una de las matrices de corrupción más extraordinarias, que, lamentablemente y tristemente, se hallan desarrollado en el país”, afirmó uno de los fiscales al reiniciarse este lunes el juicio oral y público en el que son juzgados la vicepresidenta de la Nación y el empresario Lázaro Báez.
“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita piramidal de características singulares”, dijo también Diego Luciani, el primero de los dos fiscales en hablar ante el Tribunal Federal Oral 2, de Comodoro Py.
Luciani y su colega Sergio Mola expusieron de manera virtual. La videoconferencia fue seguida por el tribunal y por los trece acusados de los delitos de “defraudación pública” y “asociación ilícita”. Después de los alegatos, Cristina Kirchner recibió en su despacho a Sergio Massa, ya en su rol de superministro.
Los alegatos se iniciaron en julio, cuando la Unidad Información Financiera (UIF) desistió de continuar con las acusaciones.Luciani empezó su alegato con una crítica a la UIF, a la que acusó de “tergiversar de manera grosera la prueba”.
Luciani dijo que hay “pruebas relevantes” que indican la existencia de una “asociación ilícita” que “replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado; se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado”, dijo el fiscal.
El fiscal contó que poco antes de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación, Lázaro Báez fundó Austral Construcciones. Dijo que Báez, antes, solo había sido “cajero de un banco” y que “de la nada se hizo empresario de la construcción”.
“Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”, acusó el fiscal.
Luciani también mencionó a Julio de Vido, a José López (ex Secretario de Obras Públicas), a Carlos Kirchner (exfuncionario), y Néstor Periotti (extitular de Vialidad Nacional, entre 2007 y 2015).
“Se exportó una estructura desde el gobierno de Santa Cruz al gobierno nacional”, dijo el otro fiscal, Sergio Mola, al referirse cómo se replicó en el organigrama el Estado nacional el esquema diseñado en la provincia patagónica durante las gobernaciones de Néstor Kirchner.
Como novedad en los alegatos de los fiscales puede consignarse unos mensajes de whatsapp de José López, en un rol de presunto coordinador de las operaciones. “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, dice uno de los mensajes de Lázaro Báez a López. El fiscal calificó la prueba como “Plan limpiar todo”. Los mensajes, se dijo, fueron extraídos del teléfono móvil de López, después de que fuera detenido en junio de 2016, al intentar esconder nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
“Las comunicaciones nos permiten reconstruir en detalle cómo se coordinaron los pagos y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. Nos sorprendió que esta nunca hubiera salido a la luz. Analizamos 26 mil mensajes”, apuntó Luciani. Los fiscales contarán con nueve audiencias. Despues comenzarán los alegatos de las defensas.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, Cristina Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”. Habló de “guion fiscal”.
“El alegato del fiscal es una vergüenza, está llenando el tiempo. Al momento no mencionó ni una prueba de cargo contra Cristina”, dijo uno de los abogados de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón vía Twitter.
El abogado dijo que los fiscales sobreactuaron el tono de sus alegatos “como si fuera un juicio de lesa humanidad”. En un reciente video, Cristina Kirchner dijo que el fallo ya estaba escrito.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu integran el TOF2. El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año por la pandemia.
