La comunidad universitaria se prepara por intentar un masivo acompañamiento en las calles como método de presión para que la Cámara de Diputados rechace el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que propiciará, según anunció por redes sociales, Javier Milei.
A diferencia de los jubilados, el colectivo de las universidades pública tiene una notable capacidad de movilización, como demostró el 23 de abril, cuando ciento de miles de personas coparon las calles de las principales ciudades del país.
Si se concreta el veto, la situación será análoga a la de los jubilados: mientras que en Senado la Ley de Financiamiento Universitario superó el dos tercios de los votos, en Diputados llegó al 65 por ciento de apoyo (143 votos afirmativos y 77 negativos).
La riocuartense Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, adelantó que ante la “situación de ahogamiento” de las universidades públicas, pedirán “el acompañamiento social para que la ley quede vigente”.
“Queremos estar en las aulas junto a los docentes, pero la situación de ahogamiento presupuestario es espeluznante”, dijo Fernández.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal que tiene la aplicación de la ley sancionada por el Senado en la madrugada de este viernes es del 0,14% del PBI. “De ninguna manera se pone en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado”, dijo la dirigente estudiantil y referente nacional de Franja Morada, la pata universitaria de la Unión Cívica Radical, cuyo bloque en Diputados implosionó esta semana cuando cinco integrantes cambiaron su voto respecto de junio y avalaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
En Córdoba, Leticia Medina, de la conducción del sindicato que nuclea a docentes e investigadores de la universidad nacional de esta ciudad, adelantó que si el veto finalmente se concreta “se va a ratificar y preparar una gran marcha federal universitaria, que seguramente va a articular muchos descontentos pero también puede -tiene que- articular consensos, ideas comunes acerca de cómo es un futuro deseable para la Argentina”.
“La universidad pública representa la imagen de otro proyecto: desarrollo, movilidad social, espacio de lo común, acceso a derechos”, dice Medina.
“Hoy estamos celebrando la aprobación de la ley con amplísima mayoría, y reivindicando el papel de la organización y la acción colectiva –y de la capacidad de construir consensos amplios– en la defensa de la universidad y la ciencia como motores del desarrollo”, agregó.
El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, celebró la sanción de la ley en el Senado, por lo que, tal como ocurrió en abril, se espera una amplia coordinación del sistema universitario.
0,14% del PBI
La aplicación de la norma sanciona implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La ley sancionada recompone los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, que sufrieron una fuerte quita del poder adquisitivo.
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el Indec, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.
A modo de ejemplo: un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, en diciembre de 2023 percibía 132 mil pesos y en agosto de 2024 cobró un salario bruto de 232.500 pesos.
Si la comparación se realiza sobre los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5 por ciento registrada en diciembre tras la devaluación dispuesta por el Gobierno nacional), la caída hasta agosto fue del 23,71 por ciento.
Desde la comunidad universitaria se sostiene que estos salarios desalientan la carrera docente, lo que impactará en la formación de los futuros profesionales.
La Universidad Nacional de Córdoba tiene 10.610 docentes (distinta dedicación) 3.245 no docentes y 171.488 en colegios preuniversitarios y carreras de pregrado y grado.
