La discusión por el ajuste del salario de los docentes se ha convertido en un laberinto de difícil y compleja salida. Es el combo perfecto de una crisis que jaquea la profesión docente y que agrega elementos mucho más profundos y movilizadores que el salario en sí. Se combina con una mesa de negociación en la que se sentaron otros actores, bajo una lógica diametralmente diferente a la que rigió hasta el 2023.
La Voz consultó a todas las partes involucradas, presentes y pasadas, a los fines de entender las raíces profundas que explican el conflicto.
La conciliación obligatoria venció el viernes pasado y este lunes y martes habrá paro: serán ocho en lo que va de este año lectivo.
Obviamente, todos pidieron reserva de nombre porque se está jugando ahora la pulseada, que tiene todos los condimentos para hacer más oscura la encerrona. Veamos.
A nadie le alcanza la plata. La maestra, “la profe”, fueron siempre el símbolo de la clase media aspiracional, el ejemplo de que se podía progresar y vivir decentemente de un sueldo. Con lo justo, pero bien, con margen también para el cuidado de los hijos y el hogar. Y si había dos salarios en la casa, las penurias podrían desterrarse.
En el interior era referente indiscutido de la comunidad, faro de generaciones y gozaba de apreciación y respeto. Están incluso las que pudieron solas bancar la parada del hogar; con malabares claro está, pero podían. Nada de eso hoy es posible.
En la provincia de Córdoba existen 80.908 hay, según datos de la Secretaría General de la Gobernación, de los cuales el 58% tiene un solo cargo en primaria o trabaja menos de 20 horas en la secundaria.
En la primaria, con 10 años de antigüedad, esa maestra gana 640 mil pesos de bolsillo y en secundaria, 410 mil pesos. Vivir se volvió tan pero tan caro que al menos seis de cada 10 docentes fueron expulsados de ese intangible de clase media digna y orgullosa de serlo.
El resto gana un poco más, pero agregó varias horas de laburo al día, con lo que se rompió ese fino equilibrio entre trabajo y hogar con las cuentas al día.
El aula se volvió un infierno. La mayoría de los docentes confiesa que “dar clases” se volvió casi imposible. Mal comportamiento, desinterés, dispersión por los celulares, insultos de chicos y de los padres de esos chicos. No se les puede llamar la atención por indisciplina, no se los puede amonestar, hacer repetir el grado o curso y mucho menos, expulsar.
A nadie se lo puede convocar a la dirección y si hay que hablar con un alumno/a se hace en presencia del preceptor y cinco testigos. Aun así, llegan a menudo cartas documentos con acusaciones de maltrato y hasta de abuso.
Las aulas están superpobladas y en muchas hay que convivir con alumnos con discapacidades que demandan otra atención que el docente, por muchas razones, no puede brindar: no es psicólogo, no es trabajador social, no es maestro especial.
En la secundaria, cada “profe” tiene que tomar asistencia en su hora porque muchas veces, los chicos deciden quedarse en el patio: no tienen ganas de entrar. Está liquidado el vínculo de autoridad. No hay estadísticas, pero muchos abandonan la profesión y se ponen a vender empanadas, o lo que se pueda: huyen de ese ambiente espantoso. O empiezan a sacar carpeta tras carpeta, porque el sistema así lo permite y porque la salud mental se quebró.
Discusión paritaria
Cambiaron los actores de la negociación. Del lado del Gobierno provincial, Martín Llaryora decidió que todas las negociaciones paritarias sean llevadas adelante por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi y el gremio respectivo.
A esa mesa, la gestión de Juan Schiaretti agregaba al ministro del área. Para algunos ex, eso diluye la figura del ministro -”hay que serlo en las buenas y en las malas”, dicen- pero además expone directamente al gobernador.
David Consalvi (secretario General de la Gobernación) no funciona como fusible, es visto más bien como un gestor. Además, en este conflicto, el experimentado Omar Sereno, ministro de trabajo está corrido del escenario, justo cuando más se necesitaría un buen oficio para lidiar con los nuevos interlocutores de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC).
Como se sabe, la izquierda fue a la elección unida: aprendió a amalgamar la visión de seis agrupaciones diferentes pero ese abanico no contempla, por ejemplo, la posibilidad de bajar un paro.
“Por su misma lógica están imposibilitados de aprobar una propuesta, el plan es de lucha continua y permanente”, dice uno que hasta hace algunos meses se sentaba a esa mesa.
La meta es que el salario se equipare a una canasta básica total familiar, que hoy está en 873 mil pesos. Sólo los que tienen más de 20 años de antigüedad (o más de un cargo) ganan eso. El 80% de los docentes tiene menos de 20 años. Hay un factor adicional: el Polo Obrero asumió el reclamo de los docentes autoconvocados.
A diferencia de lo que pasó hace dos años con el personal de la salud, que desconocía a su gremio, acá encontraron un vector para torcerle el brazo a la conducción de la UEPC.
En esta línea hay que anotar a Río Cuarto, donde sigue actuando el kirchnerismo. Y como si le faltara algo a este berenjenal, hasta Luis Juez le mandó una carta a Llaryora diciendo estar dispuesto a acompañar “medidas extraordinarias” para terminar con el conflicto.
La Provincia está complicada. En términos reales, en junio la recaudación interanual de Córdoba cayó 17% y algo parecido repitió en julio. Así, hilvanará 11 meses de caída.
El 70% del presupuesto cordobés se destina al pago de salarios y aunque se licúan desde enero pasado -cuando el Ejecutivo sacó la cláusula gatillo negociada en la campaña electoral- la cuenta de jubilaciones y pensiones pesa cada vez más.
Ni diálogo siquiera hay con Anses para que asuma los compromisos de cobertura firmados para el déficit previsional local. Y si la inflación cede, hasta el diferimiento deja de ser útil: implica un altísimo costo político y cero margen para licuar.
¿La salida? La estrategia de la Provincia ha sido la de pagar igual el aumento rechazado (con el descuento del paro del 25 de junio, que en la liquidación anterior no estaba) dado que hubieran sido tres los meses hilvanados sin subas.
Además, apuesta al desgaste: hay que bancarse un paro de 48 horas, son dos días de descuento. Pero para algunos observadores se cometieron dos errores: se agregó en el recibo de sueldo de julio una leyenda que le suma todos los viajes en colectivo que el docente no pagó por tener el programa de Boleto Educativo.
“Usted ha sido beneficiado del régimen de provisión del Boleto Educativo cordobés solventado con fondos del Estado provincial, por un monto de…” leyeron los docentes en su recibo.
Para muchos fue irritante, sonó como amenaza o con la lógica -hoy cuestionada- del Estado dadivoso que enrostra subsidios. Eso, para muchos docentes, terminó decidiendo la adhesión a la protesta este lunes y martes.
La segunda razón es que la Provincia abonó la última oferta salarial, la que se hizo en el marco de la conciliación obligatoria: 2,5% remunerativo por junio y 2% por julio, más un no remunerativo de 25 mil pesos en cada mes. Se garantiza un básico de 600 mil pesos en julio.
Para buena parte de los actores, era mejor la penúltima oferta porque la mejora se le notaría más a todos (100% gatillo y un piso de 560 mil pesos, lo que achata menos la escala) y porque ésa había sido aprobado por la conducción del sindicato, que después no pasó la asamblea. Era una demostración puertas adentro de cómo la izquierda boicoteaba una propuesta aceptable.
Ahora… ¿era buena esa propuesta? Cobrar la inflación del mes anterior es interesante, un inicio para recuperar luego lo perdido antes. Pero a la luz de todos estos elementos, nada será suficiente.
