Daniel Passerini atravesó la semana más compleja desde que es intendente de Córdoba. Lo que en principio parecía una crisis política, decantó en un problema económico bastante similar al que atraviesan casi todas las grandes ciudades argentinas, pero que en “la Docta” tiene un factor precipitante: es la única capital de provincia con deuda externa.
Esa deuda de U$S 150 millones que Ramón Mestre contrajo en 2016 se elevó a U$S 200 millones cuando Martín Llaryora la renegoció en 2020. Es Passerini quien debe pagarla íntegramente durante su gestión: el año pasado pagó dos cuotas de U$S 25 millones y este año cumplir con la tercera fue muy crítico para el Palacio 6 de Julio, porque para cancelar los vencimientos anteriores ya había tomado deuda en pesos a un año.
El municipio cerró marzo con un déficit de 65 mil millones de pesos, que en abril se cubrió a medias. Se agudizaron los atrasos con los proveedores, el rojo de la gestión también se agravó, y las insistentes gestiones ante los tenedores de bonos –el grupo chileno Moneda es el más determinante– para reperfilar los próximos vencimientos no arrojan hasta el momento resultados positivos. Conclusión: en mayo llega el ajuste municipal que Passerini hasta ahora quiso evitar. Lo aplicará con pleno acuerdo del gobernador Martín Llaryora.
Definición municipal
La estrategia para aplicar los recortes fue definida por Passerini, quien empezó por dar una señal política contundente y pidió la renuncia a todos sus funcionarios, para terminar aplicando un achique que ya tenía definido de antemano: las secretarías se reducen de 14 a 10 y el número de cargos políticos se limitará a 388, sin que quede claro cuántos eran hasta ahora ni qué hacían. En el oficialismo hablan de una reducción de casi 100 cargos; en la oposición sostienen que deben irse casi 200 para llegar a ese número.
También se anunció un congelamiento de los sueldos de la planta política por al menos 120 días, un recorte del 30% en la cantidad de becarios y monotributistas, y el cese de los pases a planta permanente. Lo que no se dijo todavía es la magnitud del achique para los empleados municipales: el Suoem ya asumió que eso es lo que viene y se prepara para una larga pelea.
En el peronismo también se aprestan para la resistencia y consideran que la beligerancia no será mayor que la vivida en el inicio de la gestión anterior, cuando se dio la batalla por la reducción de la jornada laboral. Evalúan que el gremio de Rubén Daniele perdió poder de fuego y consideran con más cuidado la reducción del servicio de higiene urbana, potencialmente más riesgoso para los vecinos que las asambleas de los municipales.
Llaryora –como en su momento lo hizo Juan Schiaretti– prometió apoyo logístico y recursos para sostener las grandes obras públicas anunciadas de manera conjunta, pero exigió el control del gasto corriente y una paulatina reducción del déficit.
No obstante, lo que se exhibe como un total acuerdo de cúpulas llegó a la dirigencia peronista con mucho más ruido que el esperado: hay muchos reproches al intendente en la Unicameral y en las capas medias del cordobesismo, donde crece la sensación de falta de liderazgo.
En el Panal niegan de modo enfático cualquier idea de “intervención”. Llaryora fue intendente de dos ciudades y se define municipalista, al punto que repite por estos días que no son las provincias sino los municipios los principales afectados por el recorte nacional, en consonancia con el reclamo de las principales ciudades argentinas: ayer Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezaron en Tucumán el grito de los municipios por el desfinanciamiento que padecen al mismo tiempo que se multiplican las demandas de los vecinos.
Passerini también dio señales de autonomía a la hora del achique. Empezó por remover a toda la cúpula de Ambiente, íntegramente llaryorista, y por potenciar a los suyos: Rodrigo Fernández, Sergio Lorenzatti y Gabriel Martín, nuevo secretario de Ambiente. Héctor “Pichi” Campana e Ignacio Gei también ganaron terreno. El resto de los cambios se conocerán desde mañana.
Fue consensuada entre el intendente y el gobernador la salida de Claudio Vignetta de la Guardia Urbana, cuerpo que de ahora en más actuará en función del programa Cordobeses en Alerta, coordinado por la Policía Barrial. La inseguridad es, por lejos, el principal reclamo de los cordobeses. Y tras un año de patrullaje municipal, la conclusión fue que en Capital hace falta mucho más que civiles con armas de baja letalidad.
Es la Policía de la Provincia la que asumirá el desafío de mejorar la situación, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se juega la suerte en ello. Llaryora considera que tras un año y medio de gestión, finalmente logró poner tras el mismo objetivo al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. Todo ocurre mientras los indicadores sociales se agravan y la violencia crece.
Más distancia con la Nación
En el mismo momento qje la prensa nacional informaba que el catamarqueño nacionalizado cordobés Franco Mogetta –quien fue secretario de Transporte de Córdoba durante la gestión Schiaretti y el jueves dejó la Secretaría de Transporte de la Nación– había sido eyectado en represalia por la actitud de los diputados llaryoristas en la comisión investigadora de la criptoestafa $Libra y por la demanda ante la Corte por los fondos de la Caja, en Córdoba se desayunaban con la probable candidatura libertaria del ahora exfuncionario.
Esa lectura porteña generó risas en el Panal, donde consideran que Mogetta se volvió libertario el 10 de diciembre de 2023. “Si es candidato a diputado por Córdoba, tendrá que explicarles a los cordobeses por qué les quitó los subsidios mientras se los mantuvo al Amba”, reiteran los peronistas, donde también crecen los reproches a Daniel Tillard, el presidente del Banco Nación que la emprendió contra las tasas municipales e inició la batalla judicial contra los principales municipios cordobeses.
El oficialismo cordobés se va alejando más de la Nación a medida que crecen las dificultades propias, fruto del ajuste nacional. Por ahora lo hace sin conflicto interno en la cúpula, a la espera de un gesto electoral de Schiaretti.