El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, asegura que el gremio Suoem entendió el año pasado que el conflicto debe encausarse, y que por eso terminó aceptando la propuesta original de la Municipalidad.
Y que el escenario hoy, para el primer trimestre, no debe superar una propuesta del 2% promedio mensual, aunque abre la posibilidad de una rediscusión en abril, si el panorama financiero de su administración mejora.
–¿Cómo está su relación con el gobernador? Hay comentarios de que hay algunas tensiones y choque de criterios.
–La relación personal es excelente, pero lo más importante es la gestión y nosotros somos destinatarios del mandato de la gente. A la ciudad le fue muy mal cuando el gobernador y el intendente bailaban cada uno para cada lado. Tenemos afinidad en los objetivos y entendemos la gestión. Y tenemos el mandato de trabajar en equipo. En momentos tan difíciles, viendo cómo fracasan los experimentos políticos que padecemos, celebro que el gobernador haya estado en el Congreso.
–Plantea la sintonía de objetivos con el gobernador, pero en relación a Milei usted es más crítico con la Nación. Además, una parte del PJ votó en contra de una comisión investigadora al presidente en relación a las criptomonedas
–Son discusiones que no tienen que ver con la política en serio. En Deán Funes, Martín (Llaryora) fue muy firme en la defensa de los intereses de Córdoba. Planteamos acciones con una convicción que marca diferencias. Por ejemplo, esta semana fuimos testigos de una tragedia en la Ruta 9 Norte... Nosotros no podemos concebir que digan que el Estado no debe hacer obra pública. ¡Las rutas nacionales son un desastre! No puede haber un abandono porque se decidió así. Con Martín coincidimos en que el Estado tiene que ser eficiente, inteligente. La salud, la educación y la obra pública no sólo son obligaciones, son objetivos para que la ciudad y la provincia se desarrollen. Ojalá el Gobierno nacional lo entienda. Me preocupa mucho ver que los gobiernos nacionales, los anteriores y este, sigan privilegiando los problemas del área metropolitana y no vean lo que pasan las provincias. Pero estamos naturalizando cosas que no son buenas. Si los cordobeses nos respaldan hace 25 años en la provincia, y 5 años y 3 meses en la ciudad es porque hacemos lo que necesitan y porque los interpretamos.
Suoem
–¿Se llegó a un acuerdo paritario con el Suoem?
–A fines del año pasado, después de una situación de conflicto inesperado que no tenía sentido, terminaron aceptando la propuesta que originalmente habíamos hecho. El propio gremio reconoció que había que encauzar el diálogo de otra manera. Lo que queremos es que la ciudad funcione y que no tenga conflictos, pero también que se entienda que el 29 de marzo tenemos que volver a pagar 25 millones de dólares de una deuda que nos dejaron los que opinan tanto. Eso genera obligaciones y compromisos entre los que la banda de posibilidades de un acuerdo salarial tiene una limitación. Se está entendiendo y estamos dialogando sobre esa base.
–¿Hasta dónde tienen acordado aumentos y de cuánto?
–Estamos definiendo que no exceda los porcentajes que podemos pagar. En el caso de este primer trimestre, no tiene que superar un promedio del 2% mensual.
–Eso es por debajo de la inflación.
–Sí, pero si el municipio en abril tiene un horizonte financiero menos comprometido podemos rediscutirlo. Todos tenemos la expectativa de que el control inflacionario persista, pero sabemos que eso se mira semana por semana. Ahora, hay una negociación del Gobierno nacional con el FMI, que también nos condiciona porque tenemos un acuerdo con acreedores externos y hasta que eso no se resuelva tenemos que seguir poniendo.
La chicana de De Loredo
–Desde la oposición, De Loredo lo comparó con Daniel Giacomino. ¿Le molestó eso? ¿Le parece justa la comparación?
–Bilardo decía que para hablar, primero tiene que ganar; si no, no podés. La verdad es que esas chicanas me parecen no solo poco importantes, sino que no las tengo en cuenta. Hay que ocuparse por la responsabilidad que uno tiene, hay que hacer muchas cosas por la ciudad y yo las hago. Y en las elecciones se gana y se pierde. Y esa discusión el 23 de julio de 2023 quedó totalmente cerrada.
Naranjitas
–Anunció que no iba a haber más naranjitas en el parque Sarmiento y que después iba a avanzar hacia otros sectores. ¿Qué significa?
–La decisión es recuperar el espacio público. Lo hemos hecho con múltiples inversiones en el parque Sarmiento, las Heras, la Plaza Colón. El tema es que el disfrute de esos espacios, a veces, se ve condicionado por usurpadores de los espacios públicos que cobran algo que no corresponde, que no está reglado en ninguna parte y que generan violencia. Una profunda inequidad que, como autoridad de la ciudad, tengo que resolver. Y les digo “usurpadores de espacios públicos” porque en el parque Sarmiento no había ninguna cooperativa legalmente autorizada.
–¿No estaba concesionado ese espacio?
–No. A muchísima gente la estaban limitando disfrutar porque le cobraban o porque la pasaba mal. Hace un mes comenzamos a trabajar, con la ley en la mano y la documentación correspondiente, y a notificar a estas personas que nada tenían que hacer ahí. Además, muchos trabajaban y cuatro vivos sinvergüenzas, que administraban la cooperativa, les estaban sacando un diezmo. Recibimos muchas denuncias de los que sí son concesionarios, que nos decían que se generaban situaciones violentas y rayanas con lo delictivo.
–¿La idea es avanzar hacia la eliminación en toda la ciudad?
–Fui más allá de circunscribirlo a un lugar de la ciudad. Lo que hicimos fue poner en práctica un dispositivo que funcionó y que está funcionando muy bien, con cartelería, para que la gente sepa que no tiene que pagarle a nadie. Esto tuvo un impacto positivo. Y a las personas que ejercían esa actividad les dijimos que hay otras formas con las que podemos resolver la situación. Hoy, la ciudad no necesita cuida-coches ni personas que en los espacios públicos estén ordenando el tránsito, para eso está la Policía Municipal. Lo que se necesita son mayores lugares de estacionamiento. Uno de los proyectos que irá al Concejo tiene que ver con el desarrollo urbano y plantea nuevos objetivos. Por ejemplo, en lugares en los que queremos que se hagan inversiones se deben generar más estacionamientos. Hay lugares que pasaron de ser residenciales a ser comerciales, como el Cerro, donde muchas personas se aprovechan de la escasez. Y voy más a fondo: este año, el Concejo debe tratar la adecuación del Código de Convivencia y la modernización de la Justicia de Faltas. Porque esta actividad (los naranjitas) creció mucho a partir de la crisis del 2001. Pero no hay que perpetuar algo porque en su momento sirvió.
–La cooperativa que está en barrio Güemes planteó que estaba autorizada por ordenanza, que tiene una concesión.
–Lo primero que garantizamos es que vamos a actuar ajustados a derecho. Esto sale bien porque se hace con fundamentos legales y con decisión política. Hay casos donde hay resoluciones, que no son ordenanzas, de espacios concesionados.
–¿Con naranjitas?
–Sí. Hoy hay legalmente 350 personas en cooperativas que tenían alguna habilitación. A ellas se les va a dar la posibilidad de que se capaciten para hacer otra cosa.
–¿Eso lo va a hacer la municipalidad?
–Sí, gradualmente. Hubo una avivada que circuló en redes, y que rápidamente fue desmentidad, que decía que íbamos a indemnizar a los naranjitas. No hay que indemnizar a nadie que no es empleado en la Municipalidad, y mucho menos pagar un resarcimiento.
–¿Qué cantidad de cuadras cubren los naranjitas hoy?
–Es difuso porque hay sectores en los que originalmente se estableció un perímetro, y ese perímetro se fue extendiendo. Es la oportunidad de tomar medidas y discutir la cuestión de fondo. En el Código de Convivencia también tomé una decisión: queremos abrir la discusión a todos espacios académicos de la ciudad, al Ministerio Público Fiscal, a la Justicia de Faltas y a las organizaciones sociales. No puede ser que normalicemos situaciones que no lo son. No es natural, por ejemplo, que alguien le pegue a la maestra porque a su hijo le fue mal.
–¿Qué se puede hacer desde la legislación municipal?
–El Código de Convivencia puede establecer nuevas sanciones y figuras. Por eso se viene una modernización de la Justicia de Faltas. Hay que discutir si tiene que tener fiscalías de instrucción, por ejemplo. Lo que hoy tenemos no alcanza para resolver situaciones que no pueden quedar a la libre interpretación de un funcionario.
–El comercio se queja de la fiscalización, de la venta callejera. ¿Qué pasa con la municipalidad?
–Creamos un ente de fiscalización y control en el que, por primera vez, le damos participación a todas las cámaras comerciales, productivas y de espectáculos públicos. Hay que adecuar las intervenciones. Todos los días hacemos múltiples procedimientos. Pero hay fenómenos que se agravaron después de la pandemia, como el de las fiestas clandestinas o el “último primer día”.
–Hay muchos menores de edad en las fiestas clandestinas.
–El tema es que en esas fiestas hay mayores que lucran y generan actividades que son delictivas. Venden alcohol a menores, y en algunos casos hemos tenido situaciones de trata o consumo de drogas. Esto tiene una complejidad que antes no estaba. Además, hoy inspectores hacen interpretaciones, muchas veces subjetivas, porque hay ordenanzas que tienen 20, 30 años.
–¿Que “dejan hacer”?
–La subjetividad, que puede ser sinónimo de discrecionalidad. Lo hemos denunciado. En 2024 hubo inspectores detenidos por permitir prácticas ilegales y por cobrar coimas a vendedores ambulantes. Vamos a incrementar la cantidad de controles con cámaras; y también a adecuar las normativas para que las imágenes sean documental para sancionar. Han ocurrido muchas cosas desde que se modernizó el Código de Faltas al de Convivencia. Por ejemplo, se debe penalizar de otra manera una manifestación que vandaliza el espacio público. Eso a la ciudad le cuesta mucho, y no hay derecho. Entendemos que, desde las picadas hasta otras cuestiones, hay zonas grises en las que se debate si tiene que intervenir un policía o un inspector.
Transporte
–Ha dicho que se iba hacia un esquema metropolitano en el transporte. ¿Cuándo se verá eso?
–Hoy el transporte urbano es de la Municipalidad, y la Provincia tiene el interurbano. El objetivo del transporte metropolitano es resolver esa situación, sobre todo de las localidades que tienen un intercambio permanente con la ciudad y donde a veces se superponen posibilidades. En primer lugar, antes de fin del año pasado, transformamos la Tamse en sociedad anónima. También el año pasado Ersa no prorrogó la concesión, y con la Tamse tomamos un montón de corredores. Esa situación nos generó una erogación de más de 100.000 millones de pesos en subsidios. Con lo del metropolitano planteamos ir a un subsidio a la demanda, que ya tenemos con el Boleto Educativo Gratuito o el Metropolitano. Pero además, nunca dejamos de pelear por la Sube, y silenciosamente y con mucha gestión, la logramos y en las condiciones que queríamos. Así, empezaremos a validar los atributos a la gente que tiene esa posibilidad de subsidio, que es el 55% del valor (del boleto). También logramos que nos den las máquinas validadoras de última generación. Eso nos van a permitir todas las modalidades de pago.
–Una tarjeta de débito, por ejemplo.
–De débito, un código QR. Ya tenemos casi 700 validadoras colocadas.
–¿700 sobre qué mapa de colectivos?
–Tenemos que trabajar sobre un universo de 820 unidades circulando, y su backup. Aunque desde hace muchos años estamos muy lejos de eso, ya que en el mejor de los casos hemos llegado a tener 720 vehículos en la calle. Para cubrir eso, hay que hacer inversiones y decidimos que las haga el sector privado. Por eso, la Tamsa, porque ahora se llama así, ofreció algunos corredores a prestadores privados. Queremos que sean de Córdoba para no repetir experiencias que fallaron. Lo hacen con un contrato precario para que, una vez que tengamos el marco regulatorio que vamos a enviar al Concejo, hacer la licitación.
–¿Del esquema metropolitano?
–No. Todo eso en el marco de un proceso que irá hacia un transporte metropolitano. Pero no podemos mezclar sistemas si no los completamos. Y para eso necesitamos fortalecer el sistema urbano.
–¿La Sube y las validadoras van a empezar a funcionar cuando entren esas inversiones privadas?
–Las validadoras tendrían que funcionar en abril. En este momento, estamos analizando una segunda propuesta de dos empresas del interurbano. Ya hay una funcionando una, que es FAM. Y hay otras dos empresas que han conformado una única propuesta, que son Sarmiento e Intercordoba, y que se llama SíBus, y en las próximas horas definiremos la aprobación para que ingrese al sistema. Ellos tienen expectativas sobre dos corredores. Esta propuesta tiene que garantizar el aporte de nuevas unidades, recorridos y frecuencias. Cuando completemos eso vamos a trabajar sobre la integración.
Aumento del boleto
–¿Están analizando un aumento de la tarifa?
–Desde la última vez que me lo preguntaron hubo como 10 aumentos de combustible y paritarias, y no hemos tocado la tarifa de 1.200 pesos. Hay sectores interesados que quieren cobrar mucho porque creen que vamos a seguir inyectando plata al sistema, pero no lo vamos a hacer más. El valor real de la tarifa hoy está entre los 1.700 y 1.800 pesos.
–No están tan lejos como antes.
–No. A esa brecha la estamos poniendo todos los cordobeses, incluso los que no usamos el transporte público. Por eso, es un sistema que tiene que ir a un financiamiento mejor. Va a ser importante el aporte cuando la Sube empieza a trabajar. Habrá entre un 8% y 10% de usuarios que van a acreditar para el atributo.
–¿Ahí el subsidio es de la Nación?
–Sí. Tenemos la expectativa de que nos ingresen entre 1.000 a 1.500 millones de pesos, algo que hoy estamos poniendo los cordobeses. Haciendo las cosas como hasta ahora vamos a un sistema saneado.
–Entonces, ¿a corto plazo no habrá aumento?
–No. Primero tiene que haber un sistema sustentable. Estoy dando certeza de lo que estamos haciendo.
