La Municipalidad de Córdoba anunció que el próximo 24 de junio abonará $ 2.995,7 millones en concepto de intereses correspondientes a las Letras del Tesoro Serie LII, emitidas el pasado 26 de marzo por un valor nominal de $ 32.159 millones.
Se trata del primer servicio de interés previsto en el instrumento, cuyo vencimiento final está fijado para el 28 de noviembre de 2025.
El monto a pagar equivale al 9,3% del capital emitido, calculado sobre una tasa de interés del 38,1% anual, que combina una tasa de referencia del 33,6% más un margen de 4,5 puntos porcentuales.
Las Letras del Tesoro son títulos de deuda a corto plazo que el municipio utiliza para financiarse. En esta instancia no se amortiza capital, por lo que el valor residual de la serie se mantiene igual.
La emisión de marzo, junto con otra colocación previa realizada en noviembre de 2024 (Serie LI), forma parte de una estrategia financiera orientada a afrontar obligaciones de corto plazo, atender vencimientos en dólares y sostener la gestión en un año económico y políticamente complicado.
La Serie LI, emitida el 13 de noviembre pasado, fue colocada a 360 días con una tasa variable atada a la Badlar de bancos privados más un margen de 6,99 puntos.
En paralelo, el intendente Daniel Passerini impulsó una tercera operación: la emisión de títulos de deuda pública garantizados 2025 Serie I, con tasa variable, que permitió recaudar $ 50.551 millones.
En ese caso, se convalidó una tasa Tamar más 5,5 puntos porcentuales.
Este bono amortiza en dos tramos, con vencimientos en septiembre de 2026 y marzo de 2027, e intereses que se pagan de forma trimestral.
Estos ingresos están siendo destinados a cubrir vencimientos inminentes (como el que se paga ahora) y a sostener el plan de obras previsto para este año.
La administración de Passerini enfrenta compromisos heredados tanto de sus propias emisiones como de gestiones anteriores. Uno de los pasivos más pesados es el bono en dólares por U$S 150 millones emitido en 2016 por Ramón Mestre, refinanciado en 2020 durante la gestión de Martín Llaryora.
En un contexto de recorte de transferencias nacionales, el municipio apuesta a fortalecer la recaudación propia y a contener el gasto, incluyendo la postergación de aumentos salariales para los más de 10 mil empleados municipales, su mayor conflicto.