Cuando Daniel Passerini asumió en diciembre de 2023 al frente de la Municipalidad de Córdoba, se puso como norte mostrar una gestión más humana de la ciudad, bien cercana al vecino, más amigable. Médico de profesión, acostumbrado a escuchar y después firmar, dio una indicación simple a su entonces numeroso equipo de Gobierno, integrado por más de 690 funcionarios y directores: evitar el conflicto.
En la calle de la ciudad, todo debía ser armonía, en contraste con los duros años de pandemia que le tocaron a Martín Llaryora y a él mismo como vice. Huía de esa imagen de números y gestión que había forjado el propio Llaryora, quien a su vez buscaba emular a su antecesor, el contador Juan Schiaretti.
Así, todos dijeron que sí a todo. No pusieron énfasis en negociar, recortar, ajustar. Se tenía que ver el rostro humano de la gestión; había que mostrar empatía, solidaridad. Podría decirse que se trataba de gobernar con el corazón en la mano.
Pero esa estrategia no sólo que no funcionó, sino que todo lo que se barrió debajo de la alfombra hoy se está volviendo en contra. El mandato de procrastinar las decisiones más difíciles, no una vez sino dos, tres y hasta en cuatro ocasiones, se está pagando caro. No hay equipo ni gestión que puedan soportar todos los embates a la vez.
Además, se perdió la oportunidad dorada que presentó 2024, cuando el “no hay plata” presidencial daba margen para sacudir a fondo el mantel y pensar todo otra vez. Era el momento para barajar y dar de nuevo, hasta con chance política de echarle la culpa al gobierno de Javier Milei.
Lo primero que hizo Passerini fue afrontar la paritaria inviable que había dejado Llaryora. En cambio, Llaryora denunció el acuerdo que heredó de Schiaretti (firmado incluso a instancias de él, en plena campaña). Dijo que era impagable la inflación del 25% de diciembre y que había que desindexar. Passerini, en cambio, pagó. Ahora el Suoem pretende la misma soga larga a la hora de renovar el acuerdo, pero no hay plata. La caída de la recaudación local y de la coparticipación es uno de los factores que complican al municipio.
El segundo factor es que el subsidio al transporte de colectivos urbano absorbe $ 11 mil millones al mes. Para tener una idea: todos los vecinos que entre enero y abril de este año pagaron la contribución sobre los inmuebles aportaron $ 34.122 millones. No alcanzó siquiera para cubrir lo que demanda el transporte.
Passerini decidió esquivar la obligación de licitar y concedió de manera provisoria a SiBus y a Fam un servicio más que precario. El municipio paga sueldos, aguinaldos y cargas sociales de todo el servicio de transporte, con excepción de Coniferal, y encima le alquila 300 coches a Ersa a precio de unidades 0 km, cuando tienen 10 años y casi la mitad no funciona.
Si hacemos cuentas simples, el auxilio municipal al transporte equivale a un aporte por mes de $ 7.333 por ciudadano que habita la ciudad de Córdoba, más los impuestos provinciales que sostienen los boletos gratuitos que abona Llaryora. ¿Está bien asignada esa plata ahí? ¿Es transparente? ¿No era la oportunidad para hacer otra cosa, o al menos intentarlo?
El tercer ejemplo está en el Surrbac, el gremio que agrupa a los recolectores de residuos. La concesión está en manos de tres empresas, que tienen 1.200 empleados. Pero el Coys (el ente Córdoba Obras y Servicios) tiene 1.600 más, que son los que barren y recogen lo que las empresas no hacen. ¿Con quién discutían la paritaria de todo ese universo? Con los funcionarios de Ambiente.
En 2024 consiguieron el acuerdo de camioneros más el 1%, y el aumento global terminó 45% sobre el índice de precios. Este año pidieron lo mismo, pero no hay más plata. Llegaron otros funcionarios, la paritaria no sale, los pagos se siguen demorando y las finanzas del Surrbac acusaron el agujero: no llega toda la plata para la obra social, ni la mutual, ni la cuota sindical, ni otras yerbas. Encima, se adeudan aportes y contribuciones del Coys a la ex-Afip.
Era el momento de rediscutir un contrato que se lleva el 20% del Presupuesto municipal. ¿Es viable que en una ciudad de 570 kilómetros cuadrados seis días de siete pase un camión por la vereda de cada casa llevándose una bolsita? ¿Sirve la contenerización? ¿Por qué la ciudad está inmunda si gastamos tanta plata en limpiarla?
El cuarto ejemplo es el contrato de Aguas Cordobesas, que vence en marzo de 2026. Un año y medio ya es poco para hacer una licitación internacional. No hay nada en marcha en serio, más que parches de mantenimiento de una red que se volvió vieja e insuficiente.
El último ejemplo es Uber, Didi y Cabify. Son una alternativa laboral de tiempo completo o de changa de medio día para muchos, pero fundamentalmente han sido un auxilio valiosísimo para el vecino ante un servicio público de pasajeros muy deficiente. Hasta el GPS de la unidad apagan los choferes y no se puede saber siquiera si el colectivo viene o no. La Justicia había emplazado a la Ciudad a que lo regulara en 2019, pero se dejó pasar el tiempo.
Pasó la pandemia, no se hizo nada y así se continuó hasta que el Tribunal Superior de Justicia dio el ultimátum. La discusión es a brazo partido, y la protesta, de un bando y del otro, copó la calle. Iba a pasar.
Es imposible gestionar sin pisar callos; menos en una ciudad donde todo está alambrado y tarifado. Por eso la ciudad es cara, sucia y por momentos invivible. Aunque el ímpetu de 2024 ya pasó, queda algo de inercia. Que alcance al menos para enfrentar los problemas y resolverlos, sin esconder.
