En 2016 el exintendente Ramón Mestre celebró desde Nueva York que Córdoba fuese la primera ciudad argentina en acceder al mercado internacional de capitales. Tomó una deuda de 150 millones de dólares que debía ser pagada íntegramente por quien lo sucediera en el Palacio 6 de Julio.
En noviembre de 2020 el exintendente y actual gobernador Martín Llaryora celebró el acuerdo de reestructuración de ese pasivo, que prorrogó los pagos por cuatro años y estableció que el capital debería ser devuelto íntegramente por quien lo sucediera en el cargo: ocho cuotas semestrales a pagar entre 2024 y 2027.
El primer vencimiento opera el 31 de marzo próximo y el intendente Daniel Passerini ya inició las gestiones ante los bonistas para avanzar hacia un reperfilamiento que le permita posponer pagos de capital. Desde fines de 2021 la ciudad viene pagando puntualmente los intereses.
Se trata de una gestión contrarreloj, pero que en el equipo de Passerini consideran ineludible: el municipio no dispone de los 25 millones de dólares que deben girarse al exterior en poco más de dos meses. Luego, a fines de septiembre, operará un vencimiento idéntico, y concluyen que no hay posibilidad alguna de que en un contexto recesivo como el actual y a las puertas de un agravamiento de todas las variables económicas, se pueda cumplir ese acuerdo.
En el Palacio 6 de Julio son optimistas. La ciudad tiene a su favor una buena calificación crediticia y el cumplimiento de todos los acuerdos en materia de deuda. También facilita la gestión de un entendimiento con los bonistas el hecho de que el 67 por ciento de los bonos emitidos por el municipio se encuentren en manos de un único inversor: el grupo chileno Moneda.
Gestión en Chile
Passerini ya se reunió en Santiago con esos inversores. Viajó acompañado por el exsecretario y actual ministro de Economía y Gestión Pública de la Provincia, Guillermo Acosta. El funcionario fue quien encabezó la compleja reestructuración que hace cuatro años logró Llaryora.
Entonces el Grupo Moneda ya era el principal tenedor, pero ahora duplicó el porcentaje de bonos en su poder, con lo que es cada vez más determinante para el municipio. Esto es así porque rigen cláusulas de acción colectiva que requieren la voluntad del 75 por ciento de los bonistas para concretar una renegociación de condiciones. La reestructuración de 2020 logró el aval del 84 por ciento de los acreedores.
Desde el equipo económico no brindaron precisiones sobre los términos del reperfilamiento que se busca, pero claramente apuntan a posponer lo máximo posible los pagos de capital, comenzando por la cuota que vence el 31 de marzo. El primer objetivo es un acuerdo que evite el default de la deuda.
Hay un factor importante que dificulta la negociación. En 2020, el municipio reestructuró en un contexto en que numerosas provincias ya estaban incumpliendo pagos con acreedores externos o negociando canjes de deuda, la provincia de Córdoba entre ellas. En esta ocasión, la ciudad sale en soledad y contrarreloj en busca de un acuerdo con sus acreedores.
Pese a que la adminsitración provincial de Llaryora también está iniciando conversaciones para postergar vencimientos –este año debe pagar 488 millones de dólares y en 2025, 600 millones de dólares–, tiene plazo hasta junio próximo, y además tiene una previsión para los pagos de este año, por lo que el gobernador apuesta a coordinar un planteo conjunto con otras provincias. Ya hay conversaciones al respecto con Entre Ríos y Santa Fe.
El stock total de la deuda provincial es de 2.285 millones de dólares, que cada vez pesan más para la administración dada la apreciación del dólar oficial. Tanto en el municipio como en la Provincia consideran casi segura una nueva devaluación sustancial del peso.
Más deuda que obras
La otra gran diferencia entre la Provincia y el municipio es el destino de los recursos que se pidieron al exterior. En la Provincia hubo un programa de obras estructurales –en especial, la circunvalación, las autovías y los gasoductos troncales– que se financiaron en parte con ese endeudamiento, pero en la ciudad el destino de esos 150 millones de dólares pedidos en 2016 dio lugar a discusiones que se extendieron por años.
Al momento de tomar el crédito en Nueva York, Mestre informó que se destinarían a obras y la descompresión financiera del municipio. En aquel momento el dólar oficial costaba 15 pesos, y se usaron 52 millones de dólares del bono para pagar deudas en pesos como Letras de Tesorería y Bonos de Consolidación de deuda, entre otros.
Con los 98 millones de dólares restantes, se realizó la obra del nudo vial de la Plaza España, y también se destinó parte de ese financiamiento internacional al desarrollo de parques educativos y al programa “nuevas centralidades”, de mejora de corredores comerciales en los barrios.
