En el gabinete del gobernador Martín Llaryora, la noche del jueves terminó con algarabía por la colocación de deuda por U$S 725 millones que despeja el panorama financiero de la adminstración provincial y por la recepción de los $ 10 mil millones de la Anses para la Caja de Jubilaciones. Pero la madrugada fue de sobresaltos: detuvieron al director de la Policía Caminera y a otros policías.
Escándalo con la banda de comisarios abogados de la Policía
“El ministro (Juan Pablo Quinteros) y el gobernador Llaryora se enteraron cuando el operativo policial para los allanamientos y las detenciones ya estaba en marcha”, indicó el ministro de Comunicaciones, Daniel Pastore, quien recalcó que en el Gobierno hay dos evaluaciones en sentido contrario.
“Por un lado, extrema preocupación por estos supuestos ilícitos cometidos por personas que forman parte de la jerarquía policial y por otro, la constatación de que en Córdoba las instituciones funcionan y no hay impunidad”, dijo Pastore en diálogo con La Voz.
Según Pastore, la investigación del fiscal Guillermo González transcurrió sin que hubiera ninguna filtración y el ministro Quinteros se enteró de la existencia de la causa recién en la madrugada de hoy, cuando ya estaba en marcha el operativo que en simultáneo concretó las detenciones de los siete acusados, incluido el titular de la Policía Caminera, Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, y los allanamientos en sedes policiales de varias localidades del Gran Córdoba y de la propia Central de Policía.
Qué agregaron desde el Gobierno provincial
“En Córdoba la institucionalidad funciona. Una fiscal pasó una pista que se desprendió de una investigación en Cosquín, otro fiscal investigó, encontró prueba de posibles delitos y actuó con los investigadores de la propia Policía, contra miembros de la jerarquía policial. Todo eso sin filtraciones y sin interferencia del poder político”, indicó Pastore, quien reconoció que “en los hechos, las investigaciones judiciales están depurando la Policía”.
“Con el correr de las horas nos informamos de que los delitos que se imputan no son en función de su actividad como Jefe de la Caminera, sino de su función como abogado”, indicó Pastore, quien recalcó que se trata de hechos muy graves por el uso de información privilegiada, a la que algunos de los imputados accedían por sus cargos policiales y usaban en estudios jurídicos particulares.
El ministro también señaló que Ochoa Roldán había sido ascendido recientemente en la escala policial, y que eso ocurrió mientras la investigación judicial ya estaba en marcha. Señaló ese dato como evidencia de que el poder político no tenía conocimiento alguno de las sospechas judiciales que ya pesaban sobre el jefe de la Caminera.
